Impacto España NoticiasEl asesor directo del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario Óscar San Juan González, contactó en julio de 2025 con la agente que había sido presuntamente violada por su jefe dos meses antes para ofrecerle que eligiera libremente su destino profesional a cambio de su silencio.
La propuesta, según recoge una querella criminal presentada el 9 de enero de 2026 ante los tribunales de Madrid y consultada por IEN, constituye el episodio más explícito de una campaña sistemática de presiones para evitar que la víctima denunciara al comisario principal José Ángel González Jiménez, máxima autoridad uniformada del Cuerpo Nacional de Policía.
La querella acusa a González Jiménez de cuatro delitos: agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, todos ellos con la agravante de abuso de superioridad.
Los hechos denunciados se remontan al 23 de abril de 2025. Según la querella, el acusado realizó múltiples llamadas a la víctima mientras esta se encontraba prestando servicio en la Comisaría Local de Coslada (Madrid) para requerirle que acudiera a verle de forma inmediata.
Ante su negativa inicial, el querellado habría invocado su autoridad institucional para que la agente abandonara su puesto y se desplazara en un vehículo policial oficial —un Renault Kadjar— hasta un restaurante donde él almorzaba.
Tras la comida, González Jiménez habría ordenado que la agente le llevase en ese mismo vehículo oficial a su domicilio, vivienda oficial de titularidad pública adscrita al cargo de DAO de la Dirección General de la Policía.
Según el relato de la querella, la víctima se negó en repetidas ocasiones a subir al domicilio. El acusado habría ejercido una «intensa presión psicológica» prometiendo que sólo iban «a hablar sobre nosotros dos».
Una vez en el interior, y pese a las negativas «claras, nítidas y rotundas» de la agente, el querellado habría procedido a introducir los dedos en su vagina mientras invocaba su cargo con la expresión «Oye, que soy el DAO». Los hechos están, según la defensa de la víctima, sustentados por una grabación de audio que obra en poder de la acusación.
Al regresar a su domicilio particular, la víctima sufrió una crisis de ansiedad severa con «llanto incontrolado, temblores, hiperventilación, sensación de irrealidad y bloqueo emocional».
Esa misma noche, González Jiménez realizó 17 llamadas telefónicas en un intervalo breve de tiempo al móvil de la víctima, ninguna de las cuales fue atendida.
En los días siguientes envió mensajes de WhatsApp en los que, según la querella, intentó invertir los roles de agresor y víctima con expresiones como «gilipollas» y «borrica» y reprochó a la agente haberle «dejado tirado».
La conducta hostigadora habría continuado durante semanas. El 22 de mayo, tras días de insistencia, el querellado habría minimizado lo ocurrido afirmando que «antes nunca había pasado, el que me negaras el sexo». Fuentes jurídicas indican que ahí está la clave: él mismo reconoce que ella no quería mantener relaciones y, ante la amenaza de denuncia respondió: «Vete a la mierda. Me arrepiento de haberte conocido. Eres lo peor que me ha pasado. Ven a verme a ver qué te puedo dar», en referencia a un puesto de trabajo.
El 13 de julio de 2025, el comisario San Juan González, asesor directo del DAO y testigo de la comida del 23 de abril, mantuvo una conversación telefónica con la víctima en la que le propuso que «elija a qué destino/puesto de trabajo quiere ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por WhatsApp».
Cuando la agente le espetó que aquello era una proposición emanada de González Jiménez, San Juan respondió con una desembozada parquedad: «No sé de qué hablas y sólo te llamo para saber tus intereses». La víctima contestó: «No contesto a su proposición».
El 24 de julio, cuando la agente se incorporó a su nuevo destino en la Subdirección de Recursos Humanos y Formación —ubicada en la misma sede de la Dirección General de la Policía donde trabaja el querellado—, recibió una llamada desde el despacho oficial del DAO.
Incapaz de continuar trabajando, comunicó su estado a la subdirectora de Recursos Humanos y fue puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial. Desde el 28 de julio de 2025 se encuentra de baja laboral con diagnóstico de trastorno ansioso-depresivo reactivo a agresión sexual y con el armamento retirado, situación que se mantenía a la fecha de presentación de la querella.
La acusación sostiene que el querellado habría instrumentalizado de forma flagrante medios públicos —vehículo oficial, vivienda adscrita al cargo, teléfonos del despacho del DAO y el propio asesor institucional— para cometer los delitos y, posteriormente, para tratar de comprar el silencio de la víctima.
La defensa ha solicitado, entre otras diligencias, la incorporación de la hoja de servicios del investigado, las grabaciones de audio y un peritaje informático forense a cargo de agentes de la Guardia Civil especializados en caso de que se impugne la autenticidad de las pruebas digitales.
González Jiménez, cuya designación como DAO le situaba al mando de miles de funcionarios policiales en todo el territorio nacional, ha dimitido. Está citado a declarar como investigado el 17 de marzo. La pregunta que sobrevuela el caso es cuántos mandos y altos cargos, a lo largo de esos meses, miraron hacia otro lado.
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