El Ministerio del Interior del socialista Fernando Grande-Marlaska acaba de autorizar un gasto de 600.000 euros para construir un frontón en la nueva cárcel de Zubieta, Guipúzcoa. Esta inversión millonaria transforma las prisiones vascas en auténticos hoteles 5 estrellas para los asesinos etarras, mientras las víctimas del terrorismo aún esperan justicia y dignidad.
El Gobierno central claudica una vez más ante las exigencias de los separatistas del PNV y los proetarras de Bildu, financiando instalaciones deportivas de lujo para quienes sembraron el terror en España. Resulta intolerable que el dinero de los contribuyentes sufrague los caprichos de criminales que jamás han pedido perdón por sus crímenes.
La construcción de esta pista de pelota responde a una petición directa de los nacionalistas vascos. El PNV defiende que este deporte está «ampliamente implantado» en la región, un argumento que el Ejecutivo ha aceptado sin cuestionar el coste ético.
Los 600.000 euros destinados a este frontón suponen un insulto a los españoles que sufren la crisis económica. No estamos ante una infraestructura penitenciaria común, sino ante un privilegio diseñado a medida para los 44 presos de la banda terrorista ETA que ocuparán estas celdas de última generación.
Concesiones políticas que humillan a las víctimas
El traslado de etarras a cárceles del País Vasco forma parte de una estrategia de cesión constante al separatismo. Al transferir las competencias de prisiones al Gobierno vasco, el Estado pierde el control sobre el cumplimiento efectivo de las penas. Esta política de acercamiento busca vaciar las cárceles por la puerta de atrás, otorgando beneficios que ningún preso común alcanza.
Estas obras suponen, además, una moneda de cambio para mantener los apoyos parlamentarios del Gobierno. Edificar zonas de ocio de alto nivel en centros como Zubieta desvirtúa el carácter punitivo de la prisión. La reinserción no puede servir de excusa para convertir el encierro de un terrorista en una estancia vacacional pagada por todos.
Esta nueva instalación penitenciaria nace bajo el signo de la polémica. El centro cuenta con módulos residenciales modernos, áreas formativas de élite y espacios deportivos que superan a los de muchos polideportivos municipales.
El gasto de 600.000 euros para que los etarras puedan jugar a frontón confirma que el castigo penal ha pasado a un segundo plano. La gestión de los recursos públicos debería priorizar la atención a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no la comodidad de sus verdugos.
El Ministerio del Interior enmarca esta actuación dentro de la normalidad institucional. Sin embargo, la coincidencia con el final de la política de dispersión revela un plan premeditado. Los españoles asisten atónitos a un despliegue de medios económicos en beneficio de quienes atentaron contra la unidad de España y la vida humana.
Un sistema que premia al asesino y olvida a la víctima es un sistema moralmente quebrado. La justicia exige que el criminal cumpla su condena en condiciones de sobriedad, no en hoteles 5 estrellas.
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