La reciente crisis en la Dirección Adjunta Operativa -DAO- de la Policía Nacional destapa nuevamente el control socialista sobre las instituciones del Estado. El alcance de la red de poder del exministro socialista José Bono explica hoy el ascenso de figuras clave a puestos de máxima sensibilidad sin contar con trayectoria específica.
Francisco Pardo Piqueras y Alberto Saiz representan el ejemplo perfecto de cómo el socialismo antepone la confianza política al mérito profesional. Esta estructura de influencias, forjada en Castilla-La Mancha, proyecta su sombra sobre la seguridad nacional y la integridad de nuestra democracia desde hace décadas.
José Bono demostró su capacidad de influencia estructural nada más aterrizar en el Ministerio de Defensa en el año 2004. Aquel momento resultaba crítico para nuestra nación tras los trágicos atentados del 11-M. Sin embargo, la prioridad del ministro no consistió en buscar la excelencia técnica, sino en asegurar el control ideológico del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Por esta razón, Bono situó al frente de los espías a su colaborador más cercano en la Junta de Castilla-La Mancha: Alberto Saiz. Este ingeniero de Montes carecía de cualquier experiencia previa en el complejo mundo de la inteligencia, el entorno militar o la diplomacia internacional de alto nivel.
Su nombramiento confirmó que la red de poder de José Bono buscaba colonizar las instituciones estratégicas para asegurar la obediencia ciega al Ejecutivo de Zapatero.
La llegada de Saiz al CNI rompió con la tradición de perfiles con trayectoria en la seguridad del Estado. El nuevo director procedía directamente de consejerías autonómicas de Medio Ambiente e Industria, donde su gestión pasó «sin pena ni gloria» según los colectivos del sector.
Bono ejecutó esta maniobra apenas tres días después de jurar su cargo, evidenciando una urgencia por controlar la información sensible que manejaba el centro tras la masacre de Madrid. Esta patrimonialización de los servicios secretos supuso un precedente nefasto que debilitó la neutralidad de una institución que debe servir a la unidad de España y no al partido de turno.
Francisco Pardo Piqueras constituye otro pilar fundamental en este entramado de intereses socialistas que asfixia la meritocracia.
Su trayectoria política siempre ha caminado a la sombra de Bono, ocupando cargos de confianza en la administración de Toledo antes de dar el salto estratégico a Madrid. Actualmente, Pardo dirige la Policía Nacional con un perfil más político que profesional, gestionando crisis institucionales que afectan directamente a la integridad operativa del cuerpo.
Bono situó a Pardo en la Secretaría de Estado de Defensa en 2004, otorgándole un poder inmenso sobre las licitaciones y la estructura militar. Años después, su ascenso a la Dirección General de la Policía en 2018 confirmó la vigencia de esta red de lealtades personales.
Fuentes internas del cuerpo señalan que esta designación responde a la necesidad de blindar el Ministerio del Interior con hombres cuya lealtad al socialismo manchego resulte inquebrantable. El resultado es una cúpula policial más pendiente de los equilibrios en Ferraz que de la seguridad ciudadana en las calles de España.
La colonización de la Policía y el CNI por parte de los hombres de confianza de José Bono demuestra que el socialismo prefiere la lealtad partidista a la seguridad nacional.
La red de poder de José Bono funciona como un Estado dentro del Estado, donde el intercambio de favores constituye la moneda de cambio habitual para mantenerse en el poder.
Resulta alarmante que personas sin formación específica en seguridad dirijan los organismos que deben proteger la unidad de España. La politización de la Policía y el CNI debilita nuestras defensas ante amenazas internas y externas. Los expertos policiales critican que las redes de confianza política dicten los nombramientos en lugar de seguir criterios de estricta profesionalidad y veteranía en el servicio.
La designación de Alberto Saiz en 2004 generó una enorme controversia en la Comisión de Defensa del Senado. Los legisladores denunciaron entonces la falta de perfil internacional del nuevo jefe de los espías. El socialismo, lejos de rectificar, ha profundizado en este modelo de «hombres de confianza» que priorizan la agenda del partido sobre el interés general de los españoles.
La estructura de poder forjada en Castilla-La Mancha se ha trasladado al corazón de la administración central. Francisco Pardo y Alberto Saiz no son casos aislados, sino piezas de un engranaje diseñado para perpetuar el control socialista sobre los resortes del poder. Esta realidad atenta contra la libertad de expresión y la transparencia que los ciudadanos exigen a sus gobernantes en una nación libre.
El Ministerio de Transportes, bajo la etapa de Ábalos, también aparece en las comunicaciones de Bono para solicitar «empujones» en contrataciones. Este tipo de mensajes confirma que la red clientelar sigue activa y condiciona el funcionamiento de las empresas que pagamos todos los contribuyentes con nuestros impuestos.
La red de poder de José Bono representa un modelo caduco de entender la gestión pública como un botín de guerra. España necesita que su Policía y su Inteligencia respondan únicamente a la Ley y a la Corona, no a los intereses de un ministro retirado. La regeneración de nuestra democracia exige apartar la mano de los políticos de los mandos operativos para devolver la dignidad a quienes arriesgan su vida por nuestra libertad.
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