El escándalo financiero del cambio climático ya no admite rodeos. Gobiernos de todo el mundo han destinado, según el experto ambiental Bjorn Lomborg, al menos 16 billones de dólares a políticas climáticas en las últimas tres décadas.
¿Qué han logrado? ¿Quién se ha beneficiado? ¿Cómo han impactado estas decisiones en los ciudadanos? Mientras las familias afrontan inflación energética y pérdida de poder adquisitivo, los promotores de la agenda verde insisten en una cruzada que no ofrece resultados medibles. La pregunta resulta inevitable: ¿nos encontramos ante el mayor desvío de recursos de la historia moderna?
Durante más de 30 años, gobiernos occidentales impulsaron regulaciones, subsidios y restricciones bajo el argumento de frenar el calentamiento global. Tal como señala Stephen Moore en su artículo, Lomborg calcula que el gasto acumulado alcanzó los 16 billones de dólares. Sin embargo, incluso sectores fanático y alarmistas climáticos reconocen que la temperatura global no ha variado ni una décima de grado atribuible a estas políticas.
El dinero fluyó hacia subsidios energéticos, burocracia climática y complejos industriales vinculados a energías alternativas. Muchos actores económicos multiplicaron sus beneficios gracias a ayudas públicas masivas. Los ciudadanos, en cambio, afrontaron facturas eléctricas más altas y menor competitividad industrial.
La ofensiva política contra los combustibles fósiles marcó el eje central de esta estrategia. Gobiernos limitaron exploraciones, penalizaron emisiones y promovieron cierres de centrales energéticas fiables.
Millones de personas en países en desarrollo continúan sin acceso a energía eléctrica estable. La restricción del acceso a fuentes abundantes y asequibles ha agravado la pobreza energética. Sin energía barata no existe industrialización, ni hospitales eficientes, ni escuelas con recursos tecnológicos.
La agenda climática no solo ha fracasado en sus objetivos declarados, sino que ha castigado a los más vulnerables.
¿Y para qué? Se podría decir que ni una sola vida se ha salvado ni se salvará gracias a esta vergonzosa y colosal mala asignación de recursos humanos. La guerra contra los combustibles fósiles seguros y abundantes ha costado innumerables vidas en los países pobres y los ha empobrecido aún más al bloquear el acceso a energía asequible.
En economía, el concepto de costo de oportunidad plantea una cuestión sencilla: ¿qué dejamos de hacer cuando destinamos recursos a una sola prioridad?
¿Qué habría pasado si los 16 billones de dólares se hubieran gastado en agua potable para los países pobres?
¿Cómo prevenir muertes evitables por enfermedades como la malaria?
¿Construir escuelas en aldeas africanas para acabar con el analfabetismo?
¿Brindar energía eléctrica confiable y asequible a más de mil millones de personas que aún carecen de acceso? ¿Curar el cáncer?
Con 16 billones de dólares, el mundo podría haber financiado agua potable universal en regiones pobres, combatir enfermedades como la malaria o impulsar investigación médica contra el cáncer.
La inversión en salud pública global podría haber salvado millones de vidas. La electrificación fiable en África y Asia habría permitido desarrollo industrial real. La construcción de escuelas en zonas rurales habría reducido el analfabetismo estructural. En lugar de ello, en realidad desperdiciamos 16 billones de dólares.
El debate no gira únicamente en torno a cifras. Gira en torno a prioridades. Mientras gobiernos priorizaban objetivos de “cero emisiones netas”, miles de millones de personas seguían sin acceso básico a energía, sanidad y educación.
Acelerar la investigación contra el cáncer podría haber añadido decenas de millones de años de vida productiva. Esa ganancia humana y económica habría superado con creces los retornos dudosos de muchas inversiones verdes.
El gasto climático no ha generado beneficios proporcionales. En cambio, ha creado un entramado regulatorio complejo que dificulta el crecimiento económico.
El giro político en Estados Unidos
La llamada “neurosis climática” parece perder impulso en algunos países. En Estados Unidos, Donald Trump ha impulsado medidas para desmontar regulaciones consideradas excesivas, incluida la conocida “norma de peligro” contra los combustibles fósiles. Analistas estimaron que esa regulación podría haber superado el billón de dólares en costes a largo plazo.
En Europa el discurso oficial ya no encuentra la misma aceptación automática de la población. Es más, hay un cuestionamiento creciente.
Los 16 billones ya no regresarán. La economía denomina esos recursos como costes perdidos. Sin embargo, los gobiernos sí pueden evitar nuevos errores.
Los políticos que acumulan deuda pública récord difícilmente controlarán la temperatura global mediante decretos. La prosperidad exige energía abundante, innovación tecnológica y libertad económica. El debate climático no puede convertirse en dogma intocable. La política debe servir al bien común, proteger la prosperidad de las familias y garantizar oportunidades reales de desarrollo.
Si una política consume 16 billones de dólares y no produce beneficios medibles, esa política exige una revisión profunda e inmediata.
España y Europa necesitan energía segura, industria fuerte y libertad económica. Sin crecimiento sostenible y sin prioridades bien definidas, ninguna sociedad podrá proteger a sus familias ni asegurar su futuro.
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