
Las hijas de Zapatero recibieron 198.000 € del conseguidor a sueldo de Plus Ultra

El pago de 198.000 euros del empresario Julio Martínez a la agencia WhattheFav, vinculada profesionalmente a Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha reactivado la controversia en torno al rescate público concedido a Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021.
La coincidencia temporal entre la ayuda estatal a la aerolínea y la relación contractual privada ha generado interrogantes políticos sobre posibles conflictos de interés. Hasta la fecha, no existe resolución judicial firme que declare ilegalidad en los pagos ni que vincule formalmente al expresidente con la operación financiera.
El rescate de 53 millones de euros
El apoyo público se estructuró en:
34 millones de euros en préstamo participativo.
19 millones de euros en préstamo ordinario.
El Ejecutivo justificó la decisión argumentando que la aerolínea desempeñaba un papel estratégico en la conectividad con América Latina y que su desaparición podría afectar al empleo y a la red aérea internacional.
El rescate fue objeto de recursos judiciales, pero las resoluciones conocidas respaldaron la legalidad administrativa del procedimiento, al considerar que la operación se ajustaba a los requisitos establecidos por la normativa del fondo.
Julio Martínez y la contratación de WhattheFav
Julio Martínez ha sido señalado como empresario vinculado al entorno de Plus Ultra y asesor en el ámbito estratégico. Según la información disponible, realizó pagos por un total de 198.000 euros a WhattheFav por servicios relacionados con:
Diseño gráfico y corporativo
Estrategia de comunicación digital
Gestión de imagen online
Desarrollo de contenidos
WhattheFav estaría vinculada profesionalmente a Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente Zapatero. La contratación se enmarca formalmente en una relación mercantil privada entre empresas.
Hasta el momento, no consta que dichos pagos hayan sido declarados ficticios ni que se haya acreditado judicialmente que constituyan contraprestación ilícita.
La figura de José Luis Rodríguez Zapatero
Algunos sectores han planteado dudas sobre la posible influencia del expresidente en entornos empresariales con intereses en esa región. Sin embargo, no existe pronunciamiento judicial que determine que Zapatero interviniera en la concesión del rescate a Plus Ultra ni que mediara en decisiones adoptadas por la SEPI.
Desde su entorno se ha defendido que:
No participó en el procedimiento administrativo del rescate.
Sus hijas ejercen actividad profesional independiente.
La existencia de contratos privados no implica automáticamente irregularidad.
Claves jurídicas
Para que pudiera configurarse un delito como tráfico de influencias o malversación, sería necesario acreditar:
Intervención directa o indirecta en la concesión de la ayuda pública.
Existencia de una contraprestación vinculada al rescate.
Relación causal demostrable entre la decisión administrativa y los pagos privados.
Hasta ahora, no se ha producido condena ni imputación firme que confirme esos extremos.
Dimensión política de la polémica
El caso se inscribe en el debate más amplio sobre la gestión de los fondos públicos durante la pandemia y la transparencia en los rescates empresariales. La presencia de nombres propios —Julio Martínez, Laura Rodríguez Espinosa, Alba Rodríguez Espinosa y José Luis Rodríguez Zapatero— ha intensificado la repercusión pública.
Mientras algunos sectores consideran que la coincidencia de circunstancias justifica una investigación más profunda, otros sostienen que se trata de una controversia basada en relaciones contractuales privadas que no han sido declaradas ilícitas por los tribunales.
Una controversia abierta
El pago de 198.000 euros a la agencia vinculada a las hijas de Zapatero continúa siendo objeto de debate político. No obstante, en el plano jurídico, el rescate de Plus Ultra ha sido avalado administrativamente y no existen sentencias que establezcan responsabilidad penal derivada de los contratos privados mencionados.
La evolución de posibles investigaciones determinará si el asunto adquiere dimensión judicial o permanece en el ámbito del debate público. Mientras tanto, el caso sigue representando uno de los episodios más controvertidos de la gestión empresarial durante la crisis sanitaria.
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