Impacto España Noticias
La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal, adjudicó en febrero de 2020 una obra del AVE por 70 millones de euros a una empresa que, en ese momento, estaba siendo investigada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por su participación en un cártel dedicado al amaño de licitaciones públicas.
ED publica que aquella adjudicación se tramitó pese a que el organismo que presidía ya había sido formalmente requerido por Competencia en el marco de esa investigación, una circunstancia que situaba bajo especial escrutinio cualquier concurso en el que participaran las compañías afectadas.
Tal y como ha podido saber este periódico, ADIF adjudicó el 7 de febrero de 2020 el contrato relativo al mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas complementarios de varias líneas de alta velocidad. El importe de adjudicación ascendió a 68,7 millones de euros con una duración prevista de 48 meses. El adjudicatario fue Thales, en unión temporal con Sistemas y Montajes Industriales.
A esa licitación únicamente concurrieron dos empresas: Thales y Siemens. Ambas terminaron años después siendo sancionadas posteriormente por la CNMC por haber pactado durante años el reparto de contratos ferroviarios en distintos corredores de alta velocidad.
La investigación desarrollada por E D acredita que, cuando Pardo de Vera firmó esa adjudicación, ADIF ya había sido advertida oficialmente de que ambas compañías estaban bajo investigación por prácticas colusorias. En concreto, la CNMC se dirigió al organismo el 26 de noviembre de 2018 para recabar información detallada sobre todas las licitaciones en las que habían participado Thales y Siemens, dentro del expediente abierto por la existencia de un presunto cártel.
En esa fecha, Pardo de Vera ya ocupaba la presidencia de ADIF. No se trataba de una información informal ni de una alerta genérica, sino de una actuación administrativa dentro de un procedimiento sancionador en curso.
Pese a ese contexto, el concurso siguió adelante sin que conste que desde la presidencia de ADIF se adoptara ninguna medida específica para reforzar los controles o replantear el procedimiento. Durante 2019, los servicios técnicos del organismo avanzaron en la preparación del contrato, que fue aprobado por el Consejo de Administración en junio de ese año.
En paralelo, técnicos de ADIF trabajaron con personal de Thales en la definición de determinados aspectos técnicos, una circunstancia que después sería cuestionada por la propia CNMC por el riesgo de trato privilegiad
Cuando se cerró el plazo de presentación de ofertas, en septiembre de 2019, solo concurrieron las dos empresas investigadas. La mesa de contratación admitió ambas propuestas y, en octubre, procedió a la apertura de las ofertas económicas
En ese trámite se produjo uno de los episodios más llamativos del procedimiento: Siemens presentó una oferta que superaba el presupuesto de licitación, quedando automáticamente fuera de la carrera, lo que dejaba el camino despejado para Thales. Según la posterior resolución de Competencia, este tipo de movimientos formaban parte de una estrategia coordinada para repartirse los contratos sin necesidad de competir en precios.
Una ampliación de 1,7 millones
La adjudicación definitiva se produjo el 7 de febrero de 2020, con Pardo de Vera al frente del organismo, en un momento en el que ADIF llevaba más de un año colaborando con la CNMC en la investigación sobre el cártel. Pese a ello, el contrato se otorgó sin que conste ninguna advertencia pública, informe interno desfavorable o suspensión del procedimiento por la situación de las licitadoras.
La resolución sancionadora de la CNMC llegó el 29 de septiembre de 2021 y fue especialmente contundente. El organismo acreditó que Thales y Siemens lideraron durante quince años un entramado destinado a manipular licitaciones públicas, alterando al menos 82 concursos entre 2002 y 2017.
Las multas superaron los 127 millones de euros y se propuso, además, la prohibición de contratar con la Administración. Entre las pruebas incorporadas figuraban correos electrónicos internos en los que directivos pactaban de antemano los resultados de los concursos, el reparto territorial de los contratos y las estrategias para evitar bajadas de precios
Sin embargo, las sanciones quedaron en suspenso en junio de 2022, cuando la Audiencia Nacional aceptó el recurso de Thales y acordó suspender cautelarmente su ejecución. El tribunal consideró que el pago inmediato podía causar un perjuicio económico irreparable y sustituyó la multa por un aval bancario, paralizando también la prohibición de contratar. Esa decisión permitió que las empresas siguieran operando con normalidad en el mercado público
En agosto de 2022, ya con María Luisa Domínguez como presidenta de ADIF, el contrato adjudicado en 2020 fue ampliado mediante un modificado por más de 1,7 millones de euros, elevando su importe total por encima de los 70,5 millones.
La ampliación se aprobó cuando la sanción de la CNMC ya existía, aunque seguía suspendida por decisión judicial, y en un contexto en el que la responsabilidad por el control inicial del procedimiento correspondía al equipo directivo encabezado por Pardo de Vera.
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