España afronta una crisis silenciosa: presas obsoletas en España están en riesgo de rotura y, además, desperdician hasta un 40% del agua de las lluvias. ¿Qué ocurre? El país pierde capacidad de almacenamiento. ¿Quién lo reconoce?
El propio Gobierno y los informes técnicos. ¿Cómo sucede? Por falta de mantenimiento, sedimentación y deterioro mecánico. ¿Por qué importa? Porque compromete el suministro en épocas de sequía y pone en riesgo infraestructuras y poblaciones. España, que lideró Europa en potencia hídrica, hoy ya no sabe almacenar el agua.
Durante décadas, nuestro sistema hidráulico constituyó un modelo para otros países. Hoy, la desidia política amenaza esa herencia.
España cuenta con 2.453 presas, de las cuales 1.093 superan los 15 metros de altura y figuran como grandes presas. Este potencial convirtió al país en referente europeo. Sin embargo, la falta de voluntad política, financiación, interés y cuidado ha deteriorado el sistema.
Muchos embalses construidos entre los años 50 y 70 han perdido entre un 25% y un 40% de su capacidad, especialmente en las zonas más áridas. En algunos casos solo funcionan al 60% de su capacidad total. El resultado: lluvias abundantes que terminan en el mar en lugar de garantizar reservas estratégicas.
El propio Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) calcula que España ha perdido entre un 10% y un 15% de su capacidad total de almacenamiento, lo que equivale a entre 5.000 y 8.000 hectómetros cúbicos.
Leonardo Benatov, consejero delegado de Euroconsult Nuevas Tecnologías, señala dos causas clave. Primero, el mal funcionamiento de compuertas, desagües y aliviaderos. Una presa no actúa solo como muro; regula caudales y protege poblaciones. Sin mantenimiento, aumenta el riesgo.
Segundo, la sedimentación o “aterramiento”. Las lluvias arrastran sedimentos, cenizas tras incendios y materiales erosionados que colmatan el vaso del embalse. Sin dragados ni restauración vegetal, la capacidad se reduce cada año.
El Ministerio para la Transición Ecológica reconoció en diciembre que descuidó durante años los sensores de seguridad. Un tercio de las presas estatales necesita refuerzos estructurales urgentes y el 65% requiere renovar sistemas de vigilancia.
El sector del regadío lanza advertencias constantes. Agricultores e ingenieros temen no solo por la seguridad, sino por el suministro en futuras sequías.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) exige invertir 100 millones de euros anuales en mantenimiento y modernización. También reclama la construcción de 27 nuevos embalses.
Las cifras recientes ilustran el absurdo. Las lluvias elevaron el nivel de los embalses un 10% en una semana, la mayor subida desde 1988. Sin embargo, muchas presas desembalsaron agua por falta de capacidad operativa.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana abrió compuertas en la presa de la Vega del Jabalón, en Ciudad Real, para proteger la infraestructura y poblaciones aguas abajo. El embalse, con capacidad para 34 hectómetros cúbicos, solo almacenaba 18.
En la cuenca del Segura, el embalse de Cenajo apenas alcanza el 25% de su capacidad mientras se desembalsa agua hacia el Mediterráneo. El canal de La Pedrera funciona al 50% por el deterioro de una tubería. Infraestructuras críticas como el Sifón de Orihuela y el túnel Talave-Cenajo operan a medio gas por reparaciones pendientes desde hace años.
España ha pasado de ejemplo europeo a símbolo de decadencia hidráulica. Las presas obsoletas en España desperdician agua mientras el país sufre sequías recurrentes.
La solución resulta clara: inversión prioritaria en cuencas críticas, dragados de fondo, restauración forestal tras incendios y modernización de sistemas mecánicos. El coste estimado de 100 millones anuales representa una cantidad asumible frente al impacto económico y social de la escasez.
Sin embargo, la política prioriza otros debates y agendas ideológicas. El agua constituye un recurso estratégico nacional. La unidad de España también depende de una gestión solidaria y eficaz de sus cuencas.
Un país que deja perder el agua que cae del cielo demuestra una grave irresponsabilidad.
Invertir en presas y embalses significa proteger a agricultores, familias y empresas. Significa garantizar soberanía hídrica y estabilidad económica.
La naturaleza nos ofrece lluvias. La responsabilidad política exige almacenarlas. Si no actuamos ahora, la próxima sequía volverá a mostrar las costuras de un sistema que antes fue ejemplo y hoy pide auxilio.
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