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El Gobierno de Pedro Sánchez reactiva su maquinaria de injerencia para imponer una visión sesgada en los tribunales. Mediante un convenio entre el Ministerio de Igualdad y el Consejo General del Poder Judicial, el Ejecutivo impulsa la formación obligatoria de magistrados en materia de violencia sexual.
Esta maniobra ocurre precisamente cuando el entorno socialista encadena gravísimos escándalos de agresiones y acoso sexual. El Gobierno busca limpiar su imagen institucional mientras intenta dirigir el criterio de quienes deben impartir justicia. Es un ataque directo a la independencia judicial y a los principios de libertad que sostienen nuestra sociedad.
La publicación en el BOE de este convenio no es casualidad. El Ejecutivo de Pedro Sánchez desempolva este acuerdo, firmado originalmente en octubre de 2025, tras la eclosión de múltiples denuncias que afectan a sus filas. Desde la dimisión del número dos de la Policía Nacional por presunta violación, hasta las diligencias contra el secretario general del PSOE en Torremolinos por acoso sexual, el relato gubernamental se desmorona.
Al activar estos cursos sobre violaciones y acoso sexual, Moncloa intenta proyectar una superioridad moral que sus propios cargos socialistas contradicen, utilizando la estructura del Estado para blindar su discurso político.
El desgaste del socialismo es total. El denominado “caso Salazar” obligó al partido a admitir públicamente que no estuvo “a la altura” ante las denuncias de humillaciones y comentarios sexualizados. A esto se suman focos de conflicto en Valencia y Córdoba, donde cargos orgánicos enfrentan señalamientos por comportamientos inapropiados.
Este clima de descomposición interna explica por qué el Gobierno acelera ahora la formación judicial evaluable. No buscan justicia, buscan que los jueces asuman los dogmas de una agenda que ignora la presunción de inocencia y la verdadera protección de la dignidad humana.
El texto del acuerdo contempla que el Ministerio de Igualdad aporte recursos humanos para instruir a los jueces en violencia física, psicológica, sexual y digital. Lo más alarmante es la creación de una comisión mixta de seguimiento.
Este órgano permitirá al poder político vigilar de cerca cómo se aplican estos contenidos en el ámbito judicial. Aunque el Gobierno afirma que no implica gasto público directo, el coste para la libertad de expresión y la neutralidad de los tribunales es incalculable. Se impone un temario que responde a una ingeniería social ajena a los valores de la familia y el derecho.
La medida 331 del renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género convierte esta formación en obligatoria y evaluable. Esto significa que la carrera profesional de un magistrado dependerá, en parte, de su asimilación de estos cursos ideológicos.
Al ampliar el temario de las oposiciones y exigir estos créditos para acceder a órganos especializados, el Ejecutivo garantiza que las futuras promociones de jueces compartan su visión del mundo. Es un mecanismo de control que amenaza la libertad religiosa y educativa, pilares fundamentales de nuestra civilización que este diario defiende sin fisuras.
La verdadera protección jurídica no nace del adoctrinamiento político, sino del respeto a la ley y a los valores morales compartidos. Cuando un Gobierno utiliza el BOE para instruir a los jueces sobre cómo deben pensar y actuar, la sociedad se debilita. España necesita una justicia que se mantenga fiel a la verdad, no una judicatura sometida a los vaivenes de un partido cercado por sus propios escándalos.
Moncloa utiliza la formación judicial como un escudo ideológico para tapar la degradación moral que asola las estructuras del socialismo español.
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