El expresidente del Gobierno ya está en el punto de mira de la Justicia. La investigación secreta sobre el llamado caso Plus Ultra -la aerolínea que recibió un rescate de 53 millones de euros durante la pandemia- ya apunta a José Luis Rodríguez Zapatero, a su patrimonio y al cobro de 450.000 euros por asesorar durante seis años a su amigo Julio Martínez, según avanzan fuentes de la investigación.
En concreto, se indaga en si a través de la sociedad Análisis Relevante pudo haber recibido el 1% del rescate de Plus Ultra.
Esta nueva investigación a la aerolínea venezolana salió a la luz el pasado 10 de diciembre. Día en el que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registró su sede en Madrid y detuvo al presidente, Julio Martínez, al CEO, Roberto Roselluni y al empresario Julio Martínez por orden de la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid en una operación relacionada con el blanqueo de capitales.
Un dato que Zapatero reconoció el lunes pasado durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado tras ser citado por el PP. La senadora María Caballero, de UPN, le preguntó cuántos miles de euros había facturado de Análisis Relevante y este respondió: "No puedo decirlo con exactitud, pero más o menos, 70.000 euros brutos al año".
Una cuantía que, según aseguró, cotizaba al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al ser autónomo. Al igual que manifestó que hizo varios informes "orales".
Por otro lado, el expresidente, apodado en infinidad de veces como "la reina madre de la corrupción sanchista", también reconoció que 'enchufaron' a sus hijas en Análisis Relevante. Admitió que, cuando aceptó la propuesta de realizar las tareas de consultor propuso que la agencia de sus hijas, Whathefav, se encargara de las "tareas de marketing y comunicación". Por lo que "formaba parte del acuerdo".
Los escritos por los que Zapatero cobró más de 70.000 euros al año fueron duramente criticados por los populares. El senador Fernando Martínez-Maíllo aseguró que habían pasado ese informe por una Inteligencia Artificial para analizar el contenido del mismo y que el resultado fue que se trataba "de una compilación de corta y pega de recomendaciones de la OMS”.
Hay que recordar que, 72 horas antes de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) irrumpiese en la sede de la aerolínea, el empresario se reunió con el expresidente en el Monte de El Pardo, un lugar apartado situado a tan solo 14 kilómetros del centro de Madrid. Ese encuentro ha suscitado interrogantes sobre si Julio Martínez pudo haber tenido conocimiento previo de que la Policía Nacional tenía los ojos puestos en Plus Ultra.
La investigación, ahora en la Audiencia Nacional
La causa está siendo investigada desde el pasado lunes por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Y es que, la juez de Plaza de Castilla, Esperanza Collazos, decidió, después de tres meses, enviar el procedimiento al citado órgano judicial al considerar que el caso había adquirido “una nueva dimensión”. Diversas fuentes consultadas estiman que el secreto de sumario se levantará a final de mes.
La investigación que la juez de Instrucción Número 15 de Madrid ha estado llevando a cabo todo este tiempo se ha basado en una denuncia presentada por Fiscalía Anticorrupción en 2024 en la Audiencia Nacional. No obstante, en esos momentos se archivó por falta de competencia y se la envió a la togada Collazos, ya que, en su día, había sido la encargada de analizar el rescate de la compañía.
El fiscal, en su denuncia, puso el foco en que Plus Ultra había llevado a cabo un "uso indebido de las ayudas públicas", en referencia a los 53 millones de euros que España inyectó para rescatar la aerolínea durante el covid, al figurar esta sociedad como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal implicadas en las ventas de oro.
Unos contratos que "a su vez, daban cobertura a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal, lo que, entiende la Fiscalía, constituye indicio de una defraudación al Estado".
Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de presuntos actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela por importes “muy elevados”.
En concreto, apuntan a desvíos de fondos públicos pertenecientes a los programas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), puestos en marcha por el Gobierno para distribuir alimentos básicos subsidiados, y a operaciones vinculadas a la “venta de oro del Banco de Venezuela".
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