Impacto España Noticias
La inspectora de la Policía Nacional que presentó una querella por presunta agresión sexual contra el ex Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González, ampliará su declaración judicial para implicar a otros mandos policiales en los hechos investigados.
La denunciante expondrá ante el juzgado supuestos intentos de varios responsables del Cuerpo para disuadirla de formalizar la denuncia mediante ofrecimientos profesionales.
La denunciante se ratificará en el contenido de su querella inicial y detallará supuestas presiones posteriores a los hechos denunciados. En particular, señalará a determinados mandos policiales que, según su relato, habrían intentado condicionar su actuación mediante promesas de destinos o mejoras laborales dentro de la estructura del Cuerpo.
Entre los nombres mencionados en la querella figura el comisario Óscar San Juan, entonces asesor del DAO. La denunciante sostiene que este mando habría mantenido diversas comunicaciones telefónicas con ella para persuadirla de no denunciar los hechos, indicándole que podría elegir el destino profesional que deseara tras su promoción a la Escala Ejecutiva.
Tras conocerse estas acusaciones, el Ministerio del Interior ordenó la apertura de una información reservada para esclarecer las circunstancias del caso. Como medida inicial, el ministro Fernando Grande-Marlaska dispuso el cese de San Juan de sus funciones en el entorno directo del DAO, aunque el comisario continúa prestando servicio en otra unidad policial.
La denunciante también afirma que otros responsables del Cuerpo habrían tenido conocimiento de los hechos debido a su proximidad al entonces máximo responsable uniformado de la Policía Nacional. Según su versión, algunos de ellos le habrían ofrecido posibles destinos internacionales o puestos de responsabilidad con el objetivo de evitar la formalización de la denuncia.
Por su parte, la defensa de José Ángel González rechaza las acusaciones y sostiene que no se produjo ninguna agresión. En su primer escrito ante el juez, el investigado atribuye la denuncia a un supuesto «conflicto personal» derivado de celos, negando cualquier conducta constitutiva de delito.
El procedimiento se apoya actualmente, entre otros elementos, en un audio de aproximadamente cuarenta minutos cuya interpretación es objeto de discrepancia entre las partes. Mientras la acusación considera que constituye un indicio relevante de la agresión denunciada, la defensa sostiene que refleja únicamente una conversación propia de una relación personal previa.
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