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Apenas unas horas después de su nombramiento como nuevo ministro de Hacienda en sustitución de María Jesús Montero, Arcadi España ya acumula su primer foco de polémica.
El que fuera consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Comunidad Valenciana entre 2019 y 2022 adjudicó, durante su etapa autonómica, un total de 931.316 euros a la constructora Levantina Ingeniería y Construcción, empresa propiedad del empresario José Ruz, es uno de los principales investigados por el Tribunal Supremo en el caso Koldo. Y fatalmente, es el máximo responsable de la Hacienda.
Los contratos, ambos por procedimiento abierto simplificado, se firmaron el 7 de agosto de 2020 por 221.702 euros y el 5 de noviembre de 2021 por 709.614 euros. Su objeto oficial era la instalación de pantallas acústicas para mitigar el ruido de la autovía CV-30 a su paso por el colegio Arquitecto Santiago Calatrava en Benimàmet y por el barrio de Benicalap, en Valencia. En ambos concursos participaron otras empresas, pero la victoria fue para Levantina.
Lo que convierte estas adjudicaciones en especialmente incómodas es el perfil del propietario de la firma. José Ruz figura en la investigación del Supremo como uno de los constructores que más contratos públicos obtuvo durante la etapa de Jose Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Los investigadores le atribuyen un papel activo en la financiación de encuentros y celebraciones en los que, según los indicios, se pagaban servicios de prostitución vinculados a miembros de la trama. Los delitos que se le imputan —cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal— están aún bajo secreto de sumario, pero la causa ya ha puesto bajo lupa todas las adjudicaciones públicas de su empresa en aquellos años.
Arcadi España, considerado delfín político de Ximo Puig, llega ahora al cargo de mayor responsabilidad económica del Ejecutivo en un momento en que el PSOE acumula frentes judiciales en torno a sus círculos más cercanos. La propia Fiscalía Anticorrupción ha presentado recientemente una querella por cohecho contra José Antonio Marco Sanjuán, ex número tres del propio España en la Generalitat Valenciana.
Mientras el Gobierno celebra el “refuerzo del equipo” en Hacienda, en los pasillos de la política valenciana y madrileña crece la sensación de que, una vez más, el socialismo español parece incapaz de romper con determinadas prácticas y determinadas amistades que, lejos de desaparecer, siguen salpicando al partido en el poder.
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