
El Gobierno de Sánchez financia material rodante para trenes en Marruecos y aplica recortes en Valencia

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la financiación de material rodante para mejorar los trenes en Marruecos, al mismo tiempo que se registran recortes en las inversiones destinadas al transporte ferroviario en la Comunidad Valenciana, según ha denunciado el consejero de Infraestructuras, Miguel Barrachina.
Durante su intervención en las Cortes Valencianas, Barrachina criticó que el Ejecutivo socialista destine recursos a proyectos en el extranjero mientras reduce el presupuesto para infraestructuras ferroviarias en la región. “Sánchez se dedica a financiar allí la mejora de los trenes, mientras aquí los recorta”, afirmó el consejero.
El artículo destaca que España ha concedido un crédito reembolsable en condiciones ventajosas por un importe de hasta 754 millones de euros a Marruecos para la adquisición de 40 trenes interurbanos. Esta operación se enmarca en una política de apoyo a proyectos de modernización en el país magrebí, aprobada por el Consejo de Ministros.
Por el contrario, en la Comunidad Valenciana se han producido ajustes en las partidas destinadas a material rodante y mantenimiento de la red ferroviaria, lo que ha generado quejas por parte de las autoridades autonómicas. Barrachina señaló que estos recortes afectan directamente a la calidad del servicio y a las necesidades de movilidad de los valencianos.
Las prioridades del Sanchismo
La denuncia se produce en un contexto de debate sobre las prioridades presupuestarias del Gobierno del Sanchismo en materia de infraestructuras. Fuentes de la Generalitat Valenciana han insistido en que la región requiere mayores inversiones para modernizar sus trenes y mejorar la conectividad, especialmente en corredores de cercanías y media distancia.
Desde el Gobierno central no se han realizado declaraciones específicas sobre esta crítica en el momento de la publicación. El caso ilustra las tensiones existentes entre el Ejecutivo nacional y las comunidades autónomas respecto a la distribución de fondos para transporte público.
Este tipo de operaciones de financiación internacional, habituales en la cooperación económica española, buscan fortalecer relaciones bilaterales, aunque en ocasiones generan controversia interna cuando coinciden con ajustes domésticos.
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