El sector de los detectives privados en España ha encontrado un mercado clave: las empresas que sospechan que sus empleados se aprovechan de una baja laboral conseguida mediante falsedades para cobrar sin trabajar. El 90% de las empresas confirman sus sospechas.
Según los datos obtenidos por La Sociedad Clave, foro de detectives privados, las bajas laborales en España se han disparado casi un 85% desde la pandemia de la covid-19, provocando unas pérdidas anuales de alrededor de 29.000 millones de euros.
Cada día, precisan en un comunicado, faltan a su puesto de trabajo 1,56 millones de trabajadores. Un porcentaje de las mismas son en realidad bajas fraudulentas: personas que consiguen una baja laboral mediante falsedades para cobrar sin trabajar.
Sin embargo, cuando una empresa sospecha que un trabajador se está aprovechando de esta situación, no puede despedirlo sin más, ya que sería un despido improcedente si no puede probarlo. Si un juez declara un despido improcedente, en la mayoría de casos, el despedido puede optar entre una cuantiosa indemnización que se calcula en función de los años trabajados o ser readmitido.
Por ello, las empresas se ven abocadas a contratar a detectives privados que prueben que las bajas laborales son fraudulentas, pudiendo ahorrar entre 10.000 y 30.000 euros de indemnización. De hecho, las propias mutuas colaboradoras con la Seguridad Social también recurren frecuentemente a estos servicios para detectar bajas fraudulentas.
Según los expertos en investigación privada, existen varios tipos de defraudadores: los que se encuentran realmente de baja laboral pero no se quieren reincorporar y prolongan su situación todo lo posible alegando determinadas dolencias; y los que aprovechan una baja para desarrollar otro trabajo, normalmente cobrando en negro. Con ello, las bajas psicológicas son las más difíciles de demostrar.
Un investigador privado ha ejemplificado un caso reciente de este último segmento. Se trataba de una chica joven que alegaba estar de baja por depresión en una empresa en la que trabajaba como secretaria. Su jefe comenzó a sospechar después de escuchar a un trabajador que la seguía en redes sociales decir que la secretaria de baja por depresión subía contenido en el que estaba de viaje y parecía "muy feliz" con su pareja.
Contrató a un investigador privado que no solo demostró que la baja era fraudulenta mediante los seguimientos que dejaban patente una vida "muy activa", sino que también aportó pruebas de que, mientras tanto, la chica trabajaba en un bar varias noches a la semana para conseguir un dinero extra.
No estaba dada de alta en el bar, pero era obvio que se encontraba trabajando y cobrando en negro para el sitio porque estaba "poniendo copas en la barra toda la noche".
En otro orden de cosas, las empresas también pueden contratar a un investigador privado para otros asuntos. Una empresaria ha explicado a este diario cómo consiguió demostrar un despido procedente de una empleada que intentaba hundir la reputación de su tienda de ropa.
La empleada no estaba de baja, pero su hijo tenía una tienda de similares características a aquella en la que ella trabajaba y, cuando entraba cualquier cliente y tenía oportunidad, mentía a los compradores diciendo que la ropa que se vendía en la tienda de la empresaria era en realidad falsa y de mala calidad.
También aseguraba que los dueños de la tienda la trataban mal y, cuando empatizaba con el cliente, les recomendaba la tienda de su hijo. Varias personas se hicieron pasar por clientes a raíz de contratar a un investigador privado y los dueños demostraron que era un patrón que repetía constantemente.
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