Impacto España Noticias
Un procurador de los tribunales ha presentado recientemente una denuncia administrativa ante el Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid para que se analice si la tesis doctoral del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cumple con los requisitos legales exigidos. El escrito plantea que una posible reutilización de contenido previo podría afectar a la validez del título académico.
La iniciativa, impulsada por un ciudadano valenciano, sostiene que no se trata únicamente de una cuestión ética vinculada a prácticas académicas, sino de un posible incumplimiento de la normativa que regula los estudios de doctorado. En concreto, se cuestiona si el trabajo presentado reúne la condición de originalidad que exige la legislación para la obtención del grado de doctor.
La controversia surge a raíz de la coincidencia entre una parte significativa de la tesis —defendida en 2017— y un estudio publicado en 2012 titulado Economic Forecasting with Multivariate Models Along the Business Cycle, elaborado junto a la profesora Pilar Poncela. Este trabajo previo habría servido de base para uno de los capítulos del doctorado, con similitudes tanto en la estructura como en el contenido.
Diversos códigos de conducta académica advierten sobre la reutilización de trabajos propios sin la correspondiente referencia. En esta línea, organismos como el Committee on Publication Ethics consideran que el autoplagio se produce cuando se incorporan fragmentos sustanciales de investigaciones anteriores sin una adecuada atribución, lo que puede generar confusión sobre la novedad del contenido.
No obstante, el escrito presentado ante la universidad va más allá de este debate. Argumenta que la normativa estatal establece que una tesis doctoral debe constituir un trabajo original de investigación. En consecuencia, si se demostrara que una parte relevante del documento no cumple ese requisito, podría entenderse que no concurren las condiciones necesarias para la obtención del título.
La denuncia se apoya en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que contempla la posibilidad de revisar de oficio actos administrativos cuando se hayan concedido derechos sin reunir los requisitos esenciales. En este caso, el título de doctor sería el acto susceptible de revisión.
Además, se introduce un elemento adicional de complejidad: el trabajo previo en cuestión no fue elaborado de forma individual, sino en coautoría con quien posteriormente dirigió la tesis. Esta circunstancia, según el denunciante, dificulta determinar con precisión qué parte del contenido puede considerarse aportación original del doctorando.
Por su parte, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha restado relevancia al asunto y ha evitado hacer valoraciones de fondo sobre la polémica.
El escrito solicita al Rectorado que lleve a cabo actuaciones preliminares, entre ellas una comparación técnica independiente entre ambos textos y la preservación completa del expediente académico, incluyendo informes y actas del tribunal evaluador. Si se confirmaran indicios suficientes, se plantea la apertura de un procedimiento formal de revisión.
Por el momento, corresponde a la universidad decidir si inicia estas actuaciones o si, por el contrario, opta por archivar la denuncia. En cualquier caso, la institución deberá pronunciarse mediante una resolución motivada, susceptible de ser recurrida ante la jurisdicción ordinaria.
Este caso recuerda a la polémica que en su día afectó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de su tesis doctoral presentada en 2012 en la Universidad Camilo José Cela. En aquella ocasión, se señalaron coincidencias entre el contenido del trabajo académico y publicaciones previas elaboradas junto al economista Juan Padilla Fernández-Vega.
Las críticas apuntaban a la incorporación de fragmentos similares sin una referencia clara, lo que abrió un debate público sobre la correcta atribución de fuentes y los estándares de originalidad en trabajos académicos de alto nivel. También generó controversia la participación de dicho coautor en el tribunal que evaluó la tesis.
Pese a la repercusión mediática y política del caso, no se derivaron actuaciones administrativas formales ni se revisó oficialmente la validez del título. El episodio quedó así en el ámbito del debate público y académico, sin consecuencias jurídicas directas.
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