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La ofensiva legal de Julio Iglesias contra Yolanda Díaz avanza en los juzgados y la Justicia examinará las acusaciones públicas de la ministra contra el cantante.
Un juzgado de Madrid ha decidido dar curso a la querella del artista colocando a la vicepresidenta segunda del Gobierno ante un acto de conciliación tras sus controvertidas declaraciones tras las acusaciones contra él publicadas en prensa.
Concretamente y según un escrito, la Sección civil del Tribunal de instancia de Madrid número 58 ha admitido la solicitud presentada por el cantante para interponer una demanda por comentarios supuestamente injuriosos y calumniosos. Como consecuencia, ha citado a las partes el próximo día 19 a las 09:30 horas para intentar un acuerdo previo.
El origen del conflicto está en las declaraciones que Yolanda Díaz realizó tanto en la red social Bluesky el pasado 13 de enero como al día siguiente en una entrevista en RTVE. En ellas, se refirió a esa denuncia por presuntos abusos sexuales contra Julio Iglesias que, sin embargo, fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por falta de competencia.
Pese a ese archivo, el entorno legal del cantante sostiene que la vicepresidenta trasladó a la opinión pública “claros prejuicios de culpabilidad”, llegando a afirmar, según recoge el escrito, que en el entorno del artista se cometían abusos, existía una situación de explotación laboral y se vulneraban derechos fundamentales.
Para la defensa de Iglesias, encabezada por el letrado José Antonio Choclán, estas manifestaciones exceden el ámbito de la crítica política o social y entran de lleno en el terreno de las injurias y las calumnias, máxime al proceder de una alta responsable institucional.
En su demanda, el cantante solicita que Díaz reconozca el daño causado, rectifique públicamente sus palabras y le indemnice en función de la difusión que alcanzaron sus declaraciones. El acto de conciliación es, además, un requisito imprescindible antes de interponer una querella penal por estos hechos.
Si no hay acuerdo, el siguiente paso podría situar el caso en una instancia superior, ya que la vicepresidenta es aforada y cualquier procedimiento recaería en el Tribunal Supremo.
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