Impacto España Noticias
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria a que la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, salga de prisión de lunes a viernes en aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que le concedió el Gobierno vasco. En concreto, el ministerio público ha apuntado a la "conversión encubierta" de su actual situación penitenciaria a un tercer grado.
El fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Carlos García-Berro, ha presentado el correspondiente informe ante dicho Juzgado. En él, denuncia un "uso indebido" de la aplicación del artículo 100.2 que se ha hecho a Anboto y que es, en realidad, un tercer grado encubierto, anuncia en una nota de prensa.
Esto es así, a juicio del fiscal, porque la resolución de la Administración le permite a la exjefa de ETA salidas diarias, con doble actividad externa (mañana y tarde), de contenido estrictamente propio del tercer grado, "sin que la penada haya accedido a dicho grado" penitenciario por no haber cumplido las 3/4 partes de su condena efectiva.
El mencionado artículo "no puede funcionar" para otorgar un "tercer grado anticipado por vía reglamentaria", argumenta el representante del Ministerio Fiscal, que recuerda que tampoco puede habilitar "actividades ordinarias de reinserción social externas", sino que debe funcionar como "mecanismo excepcional y puntual para actividades concretas" e "incompatibles" con el régimen penitenciario ordinario. Por ello, entiende que, en este caso, la resolución del Gobierno vaco desnaturaliza esta concreta medida.
Para García-Berro, la situación previa de la interna es determinante para conceder este régimen de semilibertad y señala que no se ha tenido en cuenta que Anboto no ha cumplido aún las tres cuartas partes de la condena. "Solo ha disfrutado de un permiso de dos días, que le fue concedido administrativamente, sin control judicial, y no existe experiencia progresiva de salidas prolongadas ni reiteradas", agrega.
"La progresividad es un principio estructural del sistema penitenciario, cuyo quebranto es especialmente grave en delitos de terrorismo", destaca el fiscal. A esto se suma que se trata de una terrorista de "extrema notoriedad", condenada por delitos de "especial gravedad", por lo que la concesión de esta medida hubiera exigido una motivación reforzada.
Es decir, una valoración específica del impacto social y victimológico y una justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria.
La resolución del Gobierno Vasco, añade el fiscal, no explica tampoco por qué se omite el itinerario gradual, ni por qué se considera suficiente un único permiso de dos días para habilitar salidas diarias estructurales. Ello vulnera el estándar reforzado de motivación exigible en materia de terrorismo, insiste.
Gracias a la concesión de este régimen de semilibertad, Iparraguirre, que está interna en la prisión donostiarra de Martutene, puede de salir de la cárcel desde el 23 de marzo de lunes a viernes y regresar esos días solo para pernoctar.
Para solicitarlo y que se le conceda, el interno debe entregar un "plan de ejecución", en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes. Este mismo régimen de semilibertad le fue concedido también recientemente, en febrero, al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, lo que provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo, como ha sucedido con Anboto.
Nacida en el municipio guipuzcoano de Escoriaza, en 1961, Anboto ha sido condenada a penas que superan los 700 años de cárcel por su participación en 14 asesinatos, así como la organización de un complot para matar al rey Juan Carlos I, entre otros delitos Iparraguirre fue detenida en Francia en 2004 junto a su pareja, el entonces jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, Antza. En Francia fue condenada en 2010 junto a Albisu por su integración en ETA y nueve años después fue entregada a España para ser juzgada por varios atentados.
En España ha sido condenada a 122 años de prisión por el asesinato del comandante del Ejército Luciano Cortizo en diciembre de 1995 en León y a otros 425 años por un atentado frustrado contra un dispositivo de la Policía Nacional en el polideportivo de Mendizorroza (Vitoria) en 1985. También a 39 años de prisión por el asesinato del cartero de la localidad alavesa de Amurrio Estanislao Galindez en 1985 y a otros 46 años por la colocación en 1987 de una bomba trampa en la puerta de un bar en Gipuzkoa que no causó víctimas.
En 2021 recibió otra condena de 15 años de prisión por ordenar el asesinato del rey Juan Carlos durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997. En 2018 fue la encargada, junto a Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, de poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista.
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