Impacto España Noticias
Dos años después de que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid pusiera en marcha la maquinaria procesal, la causa abierta a Begoña Gómez se encuentra en una encrucijada. Lo que comenzó como una investigación basada en noticias de prensa es hoy una causa ramificada, con cinco delitos sobre la mesa y un pulso feroz por los tiempos procesales.
El epicentro de esta batalla jurídica no se libra solo en el Código Penal, sino en el calendario: el magistrado Juan Carlos Peinado cumple la edad de jubilación forzosa de 72 años el próximo 27 de septiembre. Esta fecha ha impreso en las últimas semanas un ritmo endiablado a una instrucción en la que el juez intenta acelerar para dictar el auto de apertura de juicio oral, mientras las defensas despliegan con toda su fuerza una estrategia dilatoria para que sea otro instructor -quizá con menos empeño- quien herede la causa.
El origen de este periplo judicial -con continuos golpes de timón de un magistrado al que acusan de forma recurrente de llevar a cabo una causa prospectiva, pero que en lo mollar ha recibido el aval de la Audiencia de Madrid- se sitúa el 16 de abril de 2024, cuando Peinado admitió a trámite la denuncia del sindicato Manos Limpias por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Aquel movimiento desencadenó una crisis institucional inédita, con el anuncio de los «cinco días de reflexión» de Pedro Sánchez aquel 24 de abril de hace dos años.
A partir de ahí, la causa ha navegado entre informes contradictorios, correcciones de la instancia superior a distintas decisiones del instructor y la radical oposición de los poderes del Estado -Fiscalía y Abogacía del Estado- a que se investigue nada. Ya en mayo de 2024, la Fiscalía de Madrid solicitó el archivo por falta de indicios, basándose en un informe de la UCO en el que el Ministerio Público no apreció irregularidades.
La Audiencia Provincial, en un hito clave, avaló la investigación del magistrado el 29 de mayo de 2024. Desde entonces, el órgano superior ha amparado de forma invariable el fondo de las pesquisas del controvertido juez. Eso sí, le han 'tirado de las orejas' de forma constante mediante correcciones por su forma más que heterodoxa de instruir y por su incorregible tendencia a no argumentar sus decisiones, provocando indefensión a los acusados.
Aquel aval inaugural permitió al instructor citar a Begoña Gómez como investigada por primera vez, abriendo la puerta a un verano de 2024 especialmente movido: tras una comparecencia suspendida por defectos de forma el 5 de julio, Gómez acudió de nuevo el 19 aunque solo para acogerse a su derecho a no declarar.
Ese mismo día, el empresario Juan Carlos Barrabés pasó de testigo a investigado, convirtiéndose en uno de los tres pilares que hoy sostienen los encausamientos, junto a Gómez y la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, tras haberse quedado por el camino otras imputaciones revocadas por la Audiencia.
El proceso alcanzó su cénit el 30 de julio de hace dos años, cuando Sánchez se acogió también a su derecho a no declarar contra su esposa en el propio Palacio de la Moncloa. Aquella jornada derivó en una guerra de querellas por prevaricación contra el juez, presentadas por la defensa de Gómez y la Abogacía del Estado en nombre del propio presidente, que finalmente fueron rechazadas por el Tribunal Superior de Madrid en octubre.
Ese archivo dio todavía más alas a Peinado y la instrucción siguió sumando delitos. El 29 de octubre de 2024, el magistrado amplió la investigación a la presunta apropiación indebida e intrusismo profesional relacionados con un 'software' de la Complutense. Y, en un nuevo volantazo inesperado, el togado inauguró 2025 desplazando el foco a la presunta utilización de recursos públicos de Moncloa para la cátedra de Begoña Gómez. La asesora de la mujer de Sánchez, la citada Cristina Álvarez, pasó de testigo a investigada.
Con este quinto delito -que se suma al tráfico de influencias, la corrupción en los negocios, la apropiación indebida y el intrusismo-, el magistrado dio otro paso que volvió a sacudir el tablero: el pasado 24 de septiembre propuso que el caso fuera enjuiciado por un jurado popular.
Esta decisión fue contestada por la Audiencia Provincial el 12 de noviembre, obligando al juez a precisar los hechos y excluir elementos que no correspondían a esa vía. Sus superiores -una vez más- obligaron a Juan Carlos Peinado a corregir sus resoluciones pero sin pararle los pies, avalando este nuevo derrotero del juicio ante jurado.
Tras dictar el primer auto de apertura de ese juicio oral el 15 de enero de 2026, la causa ha entrado en una espiral de recursos. El pasado 1 de abril -en pleno Miércoles Santo-, Peinado forzó la celebración de una vista de cuestiones previas que ejemplifica el pulso actual. La mujer de Sánchez no interrumpió sus vacaciones. Tampoco comparecieron el resto de los imputados. Las defensas de Gómez, Barrabés y Álvarez presentaron, eso sí, una batería de peticiones diseñadas para ralentizar el procedimiento.
Solicitaron información sobre todos los asistentes de las esposas de los presidentes, una pericial sobre la estructura del Consejo de Ministros, la citación de más testigos. Jurídicamente, estas peticiones obligan al juez a pronunciarse y, en caso de negativa, abren la vía a recursos ante la Audiencia que pueden paralizar la causa meses.
Hoy -en vísperas de que este jueves se cumplan dos años del inicio de la causa-, el futuro de la instrucción pende de un hilo temporal. El 16 de abril se cumple el plazo legal para que el juez decida si prorroga la instrucción otros seis meses. Si Peinado opta por la prórroga, la investigación se extendería inevitablemente más allá del 27 de septiembre, fecha de su jubilación.
Esto supondría que un nuevo juez tendría que hacerse cargo de una causa de miles de folios, lo que la defensa ve como una oportunidad para el archivo o una revisión exhaustiva. Por el contrario, si el magistrado no prorroga, su único camino es dictar en breve un nuevo y definitivo auto de apertura de juicio oral que siente a los tres encausados en el banquillo antes de su retiro.
La posibilidad de que se dicte este auto en las próximas semanas es alta, dado que Peinado busca blindar su trabajo de dos años. Sin embargo, el recurso contra el formato de jurado popular sigue vivo: mientras la defensa lo tilda de "artificial", incluso acusaciones como Manos Limpias han mostrado dudas por la complejidad técnica de los delitos, prefiriendo un tribunal profesional para evitar futuras nulidades. Así las cosas, el caso Gómez se ha convertido ya en una carrera de obstáculos.
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