José Luis Ábalos y Koldo García consideran que están sentados en el banquillo del Tribunal Supremo, enfrentándose a penas de hasta 24 años de prisión, por la auditoría encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, que concluyó que la anterior administración cometió “irregularidades” en la compra de un total de 13 millones de mascarillas en lo peor de la pandemia.
La sexta sesión del juicio en el Tribunal Supremo estuvo marcada este miércoles por los interrogatorios de las defensas de Ábalos y, especialmente, de Koldo García a varios altos cargos del Ministerio de Transportes que participaron en la compra por contrato de urgencia de material sanitario a Soluciones de Gestión, la empresa impulsada por Víctor de Aldama y que habría pagado comisiones a la cúpula del Ministerio.
En el foco de esa contratación está la decisión del departamento de adquirir, en primera instancia, ocho millones de mascarillas cuando apenas unos minutos antes estaba prevista la compra de cuatro millones de ejemplares. Esta modificación, que se plasmó en una orden ministerial, dobló el precio que se abonó a Soluciones de Gestión de 12 a 24 millones de euros por el material que iba a llegar desde China.
La auditoría, encargada por Puente y elaborada por dos de sus altos cargos, puso bajo sospecha esa modificación. Sin embargo, las testificales de este miércoles han salvado una bola de partido para Koldo y Ábalos: un alto cargo de Transportes afirmó que, antes de existir la oferta de la empresa de la trama, ya había hecho una previsión para comprar cuatro millones de mascarillas para un periodo de 15 días u ocho millones para un mes.
Esta previsión, elaborada en una hoja de Excel por el exdirector de Organización e Inspección Javier Sánchez Fuentefría, no fue tomada en consideración por la auditoría encargada por Óscar Puente, tal y como reconoció ante el tribunal, Ana Belén Villar, una de las autoras del informe.
Esta funcionaria, sucesora de Fuentefría bajo la dirección de Puente, alegó que tuvo conocimiento de la existencia de ese documento “hace poco”, por lo que no pudo incluirlo en su investigación.
Además, ha explicado que el resultado final del informe no dependía de ella, sino que sus conclusiones “dependían de los técnicos” encargados de realizar el análisis de la información recabada.
De esta forma, fuentes de la defensa de Koldo consideran que queda demostrado que dicha auditoría fue una operación “política” contra el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su mano derecha. El objetivo, a su juicio, era sentarles en el banquillo y ahora están en prisión provisional y en plena vista oral enfrentándose a elevadas penas de cárcel.
La colosal hipocresía de Mónica García: 7 años escondiendo su chalet irregular y evadiendo impuestosCabe recordar que tras la incorporación de esta auditoría a la investigación del Tribunal Supremo, el magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, elevó el correspondiente suplicatorio al Congreso de los Diputados para imputar a José Luis Ábalos, en aquel momento aforado ante la Justicia.
La investigación interna de Transportes abrió una guerra entre las dos últimas administraciones del Ministerio. De hecho, Ábalos se querelló contra las autoras de esta auditoría por supuestos delitos de falsedad documental y falso testimonio de perito. A su juicio, el informe incluía "aseveraciones inciertas" que "obedecen a un sesgo que se manifiesta en la selección de datos y en la interpretación interesada de los mismos".
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