Un grupo de menores de origen magrebí ha ingresado en centros de protección de menores gestionados por organizaciones no gubernamentales en la Región de Murcia tras declarar ante la policía las palabras: “Soy un menor no acompañado”.
Según una investigación periodística, estos menores proceden de familias con recursos económicos, lo que se evidencia en su vestimenta y calzado de marca, en contraste con otros residentes en los mismos equipamientos que han llegado tras travesías marítimas desde el norte de África.
A diferencia de la mayoría de los menores no acompañados (MENA) acogidos en Murcia, que suelen ser trasladados desde Canarias después de arriesgados viajes en cayuco, estos jóvenes acceden al sistema de protección por una vía más directa.
Fuentes cercanas al caso indican que los niños son enviados por sus familias con el propósito de activar los procedimientos de reagrupación familiar una vez que se encuentran bajo tutela de las administraciones públicas españolas.
Algunos de los menores han relatado a medios que sus padres les obligaron a participar en este proceso, abandonando temporalmente su vida habitual para presentarse ante los servicios sociales. Esta práctica, descrita en ocasiones como el “truco de los menores Erasmus”, permitiría a las familias lograr la reagrupación sin cumplir los requisitos habituales de entrada regular al país.
Los centros de menores en localidades como Los Alcázares acogen a una población diversa. Junto a estos casos, conviven jóvenes que han experimentado situaciones de alta vulnerabilidad durante su migración. La Región de Murcia ha registrado en los últimos años un incremento significativo en el número de menores extranjeros no acompañados, lo que ha generado debates sobre la capacidad de acogida y los recursos disponibles.
Las autoridades autonómicas y estatales gestionan estos expedientes bajo el marco legal de protección a la infancia, priorizando el interés superior del menor. No obstante, situaciones como la descrita plantean interrogantes sobre posibles irregularidades en la declaración de la situación de desamparo y su impacto en el sistema de tutela.
Expertos en migración señalan que el fenómeno forma parte de estrategias complejas empleadas por algunas familias para regularizar su situación en Europa. Las administraciones competentes verifican cada caso individualmente mediante protocolos establecidos, aunque la detección de posibles fraudes requiere coordinación entre policía, servicios sociales y fiscalía de menores.
Este tipo de prácticas no altera el compromiso institucional con la protección efectiva de todos los menores bajo tutela, independientemente de su origen o circunstancia de llegada. Las ONG que gestionan los centros continúan prestando atención residencial, educativa y psicológica a la totalidad de los acogidos.
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