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La acusación popular en la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha solicitado que Pedro Sánchez preste declaración como testigo. En el mismo escrito, también se reclama una pena de hasta 24 años de prisión para la investigada, dentro de un procedimiento que sigue avanzando hacia la fase de juicio.
El documento, coordinado por la organización Hazte Oír, amplía el alcance del caso e incluye referencias a la cúpula política y a directivos de grandes empresas del país.
Según la acusación, la posición de Begoña Gómez tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018 habría incrementado su capacidad de influencia. Esta situación, sostienen, le habría permitido acceder con mayor facilidad a responsables públicos y a altos ejecutivos de grandes compañías.
En este contexto, el escrito apunta a que dicha posición habría favorecido decisiones relacionadas con su actividad profesional, especialmente en torno a su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.
El procedimiento se encuentra en una fase avanzada, pendiente de que la Audiencia Provincial de Madrid confirme el posible procesamiento. A Gómez se le atribuyen presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.
La acusación sostiene que habría utilizado su posición para obtener ventajas profesionales y acceder a recursos de carácter público con fines privados.
El escrito de la acusación popular refuerza la dimensión política del caso al solicitar la declaración de varias figuras relevantes del Ejecutivo. Entre ellas se encuentran el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el responsable económico de Moncloa, Manuel de la Rocha; y el exdirector de Gabinete, Iván Redondo.
También se solicita la comparecencia del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en calidad de testigo.
La investigación propuesta se extiende además al sector empresarial. Entre los nombres mencionados figuran el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, el ex presidente de la compañía José María Álvarez-Pallete, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y el empresario Víctor de Aldama, vinculado a otras investigaciones judiciales.
La acusación sostiene que, tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, Begoña Gómez reorientó su trayectoria profesional. En 2018 solicitó una excedencia, posteriormente fue nombrada directora del IE Africa Center y más tarde impulsó la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense.
Según el escrito, estos movimientos se habrían producido sin procesos competitivos comparables a los académicos habituales y pese a no contar con titulación universitaria.
Además, se investiga si la esposa del presidente habría utilizado recursos públicos para actividades privadas, incluyendo la posible participación de personal de Moncloa en tareas relacionadas con su actividad profesional.
También se analiza si pudo beneficiarse de una plataforma tecnológica financiada por grandes empresas.
La acusación popular no solo se centra en Begoña Gómez. También solicita penas de 22 años de prisión para su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés, a quien se atribuye haber obtenido beneficios en contratos públicos.
La causa adquiere una notable relevancia política al implicar al entorno directo del presidente del Gobierno y a altos cargos de su administración, además de a grandes empresas nacionales.
La posibilidad de que el juicio se celebre en los próximos años, incluso en un periodo cercano a las elecciones generales de 2027, sitúa este procedimiento en el centro del debate político y mediático en España.
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