Se ha estado acusando, de una manera frenética, por parte de los medios rehenes del Gobierno, que sobreviven de las subvenciones públicas, y también por parte de los miembros del Gobierno, incluido su presidente, Pedro Sánchez, de que las denuncias de Manos Limpias estaban basadas en recortes de prensa y que, además, eran bulos de la denominada “fachoesfera” y de la extrema derecha.
Un nuevo concepto jurídico se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico: el de los recortes de prensa que tienen validez probatoria y que constituyen indicios sólidos para incriminar a delincuentes de la corrupción.
LOS RECORTES DE PRENSA NO SON RECORTES HECHOS CON UNA TIJERA QUE LUEGO SE PRESENTAN EN LOS JUZGADOS, SINO NOTITIA CRIMINIS.
Ya hace mucho tiempo, el que fue fiscal anticorrupción, Jiménez Villarejo, les dio una validez suficiente para que, sobre esa base, se instruyeran causas judiciales.
Ahora, en el contexto actual, los medios rehenes subvencionados por el Gobierno y el propio Gobierno han tratado de deslegitimar las querellas de Manos Limpias, calificándolas como bulos basados en recortes de prensa.
La jugada les ha salido mal; en definitiva, el tiro por la culata.
Si hubieran sido denuncias y querellas basadas en recortes de prensa y, además, falsas o constitutivas de bulos, los jueces y tribunales habrían procedido a imputar al querellante o denunciante por denuncia falsa o temeraria, y en los casos que nos ocupan no ha sido así.
La historia de España y los anales de la justicia recogerán como un hito que hubo una acusación popular, Manos Limpias, referente en la lucha contra la corrupción, que ha estado supliendo la obligación que el Ministerio Público tenía de haber denunciado de oficio todos estos casos de corrupción; y, al no hacerlo, y para que el delito no quedara impune, ahí está Manos Limpias defendiendo la legalidad vigente.
La doctrina Atutxa, creada e incorporada a nuestra jurisprudencia y, por supuesto, a nuestro ordenamiento jurídico, marcó un nuevo hito jurisprudencial y puso en evidencia que, aunque no acuse el Ministerio Público, la acusación popular es válida sin la acusación del Ministerio Público.
Benditos recortes de prensa, bendita la doctrina Atutxa.
Gracias a estos conceptos jurídicos y jurisprudenciales, desde la acusación popular de Manos Limpias se está respetando el Estado de Derecho y se está luchando de manera firme contra los casos de corrupción.
Miguel Bernad Remón
Secretario General de Manos Limpias
El texto plantea cuestiones de gran calado jurídico e institucional. No basta con asumirlas o rechazarlas de forma instintiva: es necesario precisarlas, delimitarlas y someterlas a examen.
Conviene fijar con exactitud el concepto.
Una información publicada en prensa puede constituir una noticia de posible delito (notitia criminis). Esto es admitido en la práctica judicial sin dificultad.
Ahora bien, de ahí no se sigue que tenga:
Dicho sin rodeos:
Un periódico puede poner en marcha el proceso; no puede cerrarlo.
El paso decisivo siempre es posterior: investigación judicial y obtención de prueba válida.
El texto atribuye a esos “recortes” la condición de “indicios sólidos”.
Aquí es necesario afinar.
Por tanto:
La diferencia no es menor: de ella depende la solidez de todo el proceso.
España reconoce una figura singular: la acusación popular.
Esto permite que:
Su valor es evidente:
Pero también tiene límites claros:
Es una puerta de entrada, no una garantía de éxito.
La doctrina asentada por el Tribunal Supremo permite que un procedimiento continúe aunque el Ministerio Fiscal no acuse.
Esto tiene una consecuencia importante:
Pero conviene no exagerar su alcance:
Es una regla de procedimiento, no una validación automática.
Miguel Bernad sostiene, con enorme lógica, que la acusación popular ha suplido la falta de actuación del Ministerio Público en múltiples ocasiones.
Esto puede ocurrir en determinados supuestos, pero no define el funcionamiento general del sistema.
En términos rigurosos:
El resultado final no depende de quién inicia, sino de:
Se afirma que, de ser infundadas las querellas, se habría actuado contra el denunciante.
Esta conclusión no es correcta en esos términos.
Para que exista denuncia falsa se exige:
Por tanto:
no implica que la denuncia tenga carácter delictivo.
El texto de Miguel Bernad reivindica el papel de la prensa, y con razón en un punto esencial:
Ahora bien, el sistema judicial no puede asumir sin más su contenido.
Debe:
Sin ese proceso, no hay causa penal sólida.
El núcleo verdadero del texto puede formularse así:
Todo eso es cierto.
Pero también lo es lo siguiente:
En definitiva:
Lo relevante no es cómo empieza una causa, sino con qué pruebas termina.
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