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Alejandro Luzón ha sido contundente con los acusados en el juicio de las mascarillas. El fiscal jefe de Anticorrupción les ha presentado como una «auténtica organización criminal con acción concertada y coordinada con reparto de funciones» que se movió en el entorno del Ministerio de Transportes.
Durante la lectura de conclusiones de este miércoles, ha subrayado que cada uno de ellos tenía un papel, pero ha descartado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea «el número 1», como «con notable desahogo le atribuye» Víctor de Aldama. El representante del Ministerio Público ha defendido que se aplique al comisionista el atenuante para «recompensar» su colaboración en la lucha contra la corrupción: «No hacerlo alienta la ley del silencio».
Aldama apuntó a Sánchez en su declaración hace una semana. «Si hay una jerarquía, y yo obviamente estoy en la banda criminal organizada, el señor presidente del Gobierno está claramente en el escalafón uno». El comisionista relató que Koldo García estaba vinculado al líder socialista, del que recibiría instrucciones, y que estuvo presente en varias ocasiones en las que le telefoneó. Afirmó que «le llamaba Pedro», con cercanía, y que supo de su ascendencia porque los ministros atendían al asesor cuando le llamaba, incluso aquellos que no se llevaban bien con José Luis Ábalos.
Luzón ha señalado que «el jefe» de la trama era Ábalos, que no solía «descender» a la comisión de delito porque se «parapetaba» en Koldo García. No obstante, el fiscal considera que no se trata de establecer un ranking de la organización criminal.
El representante del Ministerio Público ha subrayado que existía un pacto concertado de los tres acusados que estaba orientado a la comisión de delitos indeterminados, motivo por el que Aldama les abonaba grandes sumas de dinero de forma periódica. Incluso ha afeado al asesor que tratara de justificar ese dinero «con unos confusos sobres del PSOE, que ha cuantificado los pagos en metálico».
«¿Podemos preguntarnos de quién fue la iniciativa? Es irrelevante. El Código Penal no privilegia al corrompido frente al corruptor. Tanto da que Ábalos y Koldo se dirigieran a un dispuesto Aldama o si fue Aldama el que se dirigió y corrompió a los funcionarios. Tal fue la insistencia como la falta de resistencia. Hay un pacto corruptor que a todas las partes les resultaba interesante», ha señalado Luzón.
El fiscal ha insistido que Ábalos era «denominado jefe por unos y por otros, desde luego por los otros dos acusados, y también por todo el entorno de Aldama». Ha especificado que Koldo García operaba siempre en nombre y cuenta del exministro, que era su «interlocutor natural» Luzón ha hecho hincapié en el «matiz» que realizó el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Antonio Balas, que aseguró en esta Sala que la trama tenía dos jefes, uno «instrumental», que sería el exministro, y otro efectivo, el comisionista, que es «quien paga y exige».
«Habría que hacer también una segunda precisión a esta consideración, y es que Aldama no interviene en algunos de los delitos de que vienen acusados Ábalos y Koldo», ha puntualizado Luzón. El fiscal de Anticorrupción ha matizado que por eso hay que tener en cuenta cuando se comparan las peticiones de penas para el empresario con las del exministro y su antiguo asesor que «no han necesitado contar con Aldama para la comisión de esas conductas».
El fiscal solicita 24 años de prisión para el exministro y 19 y medio para su asesor. Rebaja la petición para Aldama a siete años de cárcel por su colaboración y admite que su concurso ha sido esencial para esclarecer los hechos que se enjuician. «Como todas organizaciones, cuenta con su arrepentido». Luzón ha señalado que las revelaciones del comisionista ha permitido «avanzar en muchos aspectos de la investigación».
«Por eso es posible apreciar, como hace la acusación popular, la atenuante muy cualificada, y es también admisible apreciar o valorar la atenuante privilegiada que hace su defensa», ha insistido Luzón. A continuación, ha arremetido contra los abogados de Ábalos y Koldo García:
«Frente a la cansina letanía del pacto con el fiscal, lo único que hay es la estricta aplicación de la ley. No precisa la Fiscalía de pactos ni reuniones, de otro lado legítimas, por las que, con notable mala fe, preguntaban las defensas. Quizás proyectan en la Fiscalía sus propias dinámicas de actuación».
Al inicio de la sesión, una de las organizaciones que forman parte de la acusación popular, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), ha emitido «la oportuna protesta» al considerar que no ha sido informada de la rebaja de petición de pena para Aldama que ha avanzado la dirección letrada que ejerce el PP. La encargada de realizar la queja ha sido la abogada Gloria de Pascual, la abogada del PSOE en el juicio de la Kitchen.
Luzón ha dado un toque de atención a Ábalos, al que reprocha que le parezca «poca cosa» que la UCO haya encontrado 95.000 euros de origen desconocido. Le ha recordado que no necesitaba hacer uso de su tarjeta para sus gastos.
El fiscal jefe de Anticorrupción considera los delitos que se imputan al exministro y a Koldo García. Aunque ha calificado de «adecuado» el precio que ofertó Soluciones de Gestión por las mascarillas, considera «significativo» que Transportes se cerrara a nuevas ofertas: «No es que se descartaran, ni siquiera se tomaron en consideración porque había un acuerdo cerrado con Aldama que no podía ser modificado».
El fiscal ha señalado que la compra del chalé de La Alcaidesa, en la costa de Cádiz, está «indisolublemente ligada a las expectativas de obtener la licencia (para Villafuel) como el desahucio está ligado al fracaso de esas expectativas». Respecto al pago del piso en el que residió Jésica Rodríguez durante tres años, Luzón ha considerado probado que el pago fue «en claro beneficio Ábalos, que por las razones que sea se sigue ocupando de ella» tras la ruptura de su relación sentimental.
El representante del Ministerio Público también ha sostenido que en la contratación de la expareja de Ábalos en dos entes público, como el de Claudia Montes en LogiRail, existe un acreditado tráfico de influencia. «Dijo Isabel Pardo de Vera que enviar un currículo no significa nada. Discrepo. Enviar un currículo no significa nada dependiendo de quién lo envía. La contratación de Ineco siempre viene impuesta por el cliente, en este caso ADIF».
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