Impacto España Noticias
El avión del rey Felipe VI está en el punto de mira de los fondos acreedores de España por los impagos a las renovables, estrategia desarrollada por el Gobierno de Pedro Sánchez tras perder decenas de arbitrajes con los inversores a los que se recortaron las primas a las inversiones en energías renovables de manera unilateral.
El abogado Matthew McGill, socio del bufete King & Spalding y principal representante legal de buena parte de los inversores afectados, ha situado el avión del Rey y el Falcon en el que se traslada Sánchez entre los bienes españoles susceptibles de ser embargados si aterrizan en Estados Unidos, por ejemplo, este verano para ver a la selección española en el Mundial de fútbol. Los fondos recuerdan que ya le pasó algo parecido a Cristina Kirchner, la ex presidenta de Argentina -tuvo que coger vuelos comerciales-.
Además, McGill, en un encuentro en Madrid, ha señalado también como posible objeto de embargo para cobrar la deuda por los impagos a las renovables de Sánchez el contrato de defensa firmado por España con Raytheon para la adquisición de cuatro sistemas Patriot valorados en más de 1.700 millones de dólares.
Esto es posible porque los jueces de Estados Unidos ya han dado la razón a los fondos y les permiten iniciar el embargo de bienes españoles en el país para recuperar los 688 millones de euros que les debe España por los impagos a las renovables. Se trata de siete sentencias ya favorables a estos fondos, que han mandado requerimientos a empresas como Adidas o Hilton para tratar de embargar los pagos de la selección española de fútbol este verano con motivo del Mundial de fútbol.
Los fondos no van a parar hasta que consigan cobrar su deuda, según asegura McGill. «La deuda se va a pagar. La pregunta es cuánto daño se va a autoinflingir España antes de pagar», ha dicho.
Tras la autorización de los juzgados para cobrar esa deuda con embargos de bienes españoles en todo el país, los fondos están llevando a cabo actuaciones dirigidas a rastrear activos, pagos, transferencias y operaciones financieras relacionadas con organismos públicos, empresas estatales y entidades vinculadas al Reino de España.
Los requerimientos judiciales alcanzan infraestructuras centrales del sistema financiero internacional, incluyendo la Reserva Federal (FED), sistemas de pagos como Fedwire o SWIFT, y transacciones canalizadas vía The Clearing House Payments Company, operadora del sistema CHIPS.
Según la documentación judicial vinculada a estos procedimientos, los acreedores buscan acceder a información relativa a cuentas, depósitos, transferencias y flujos financieros procesados a través del sistema bancario estadounidense desde noviembre de 2021, momento en que comenzaron a producirse los primeros reconocimientos judiciales de deuda contra España en EEUU.
Los representantes legales de los inversores afectados consideran que esta información podría facilitar futuros procedimientos de embargo, localización de activos o intervención de pagos internacionales vinculados a España La estrategia se apoya en las normas federales estadounidenses de discovery, que permiten reclamar información financiera a terceros para identificar activos potencialmente embargables.
La estrategia judicial del Gobierno de Sánchez ha servido para dar una patada para adelante en estos procesos, pero el círculo se va cerrando y los jueces ya están dando vía libre a los embargos en Estados Unidos y en otros países como Bélgica -ya ha embargado 840 millones a España-, Países Bajos -la sede del Instituto Cervantes en Utrech-, Reino Unido y Australia. En total, la deuda de España con estos fondos supera los 2.300 millones de euros.
El origen de este conflicto es de 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas del 25% a las inversiones en energías renovables. La crisis obligó ya a Zapatero a reducir unilateralmente las primas en 2010 a la fotovoltaica, lo que motivó el primer arbitraje contra España en noviembre de 2011.
Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, y para hacer frente a la crisis, amplió el recorte unilateral de las primas a todas las inversiones en renovables, del 25% al 7%. Eso provocó una oleada de arbitrajes ante el Ciadi, organismo del Banco Mundial, que dio masivamente la razón a los inversores.
Fue entonces cuando ya el Gobierno de Sánchez optó por no pagar esos laudos, argumentando la inmunidad soberana y que Bruselas prohibía los pagos porque los considera ayudas de Estado.
Ante estos impagos, los fondos han acudido a los tribunales ordinarios de países como Estados Unidos, Australia o Reino Unido, que les están dando la razón y han permitido los embargos de bienes españoles en esos países. El avión del Rey Felipe VI si aterriza en Estados Unidos, uno de los objetivos de embargo.
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