Una amplísima mayoría de los españoles apuesta por devolver los menas a Marruecos tras la entrada masiva registrada en Ceuta. El 80% de los ciudadanos considera que los menores extranjeros no acompañados deben regresar al país vecino, incluso si para conseguirlo resulta necesario impulsar «los cambios normativos que fueran necesarios».
Así lo refleja la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, publicada este 8 de agosto. El resultado adquiere especial relevancia al analizar el recuerdo de voto: la devolución obtiene el respaldo del 77,6% de los votantes del PSOE, del 92,4% de los electores del PP y del 96,8% de los de Vox. También el 81,4% de quienes apoyan a partidos nacionalistas e independentistas se inclina por esta solución.
El sondeo muestra además una considerable distancia entre la posición mayoritaria de los encuestados y la estrategia que pretende desarrollar el Gobierno. Solamente el 8,9% de los españoles apuesta por distribuir a los menores entre las diferentes comunidades autónomas, mientras el Ejecutivo trabaja precisamente en su traslado desde Ceuta hacia la Península.
La encuesta pregunta directamente qué debería hacerse con los menores no acompañados que han llegado masivamente a Ceuta y que actualmente quedan bajo la tutela de las administraciones públicas. La respuesta mayoritaria resulta contundente: ocho de cada diez encuestados prefieren devolver los menas a Marruecos realizando, si fuera necesario, modificaciones normativas que faciliten su retorno.
La opción obtiene un respaldo prácticamente unánime entre los votantes de Vox, con un 96,8%, y alcanza el 92,4% entre quienes votaron al PP. Sin embargo, uno de los datos políticamente más significativos aparece entre los propios electores socialistas: el 77,6% de los votantes del PSOE también apuesta por el regreso de estos menores a Marruecos.
El respaldo tampoco desaparece entre el electorado nacionalista e independentista. Según SocioMétrica, el 81,4% de estos votantes prefiere el retorno al país de origen.
La principal excepción aparece a la izquierda del PSOE. Entre los votantes de Sumar y Podemos, la alternativa con mayor respaldo consiste en mantener a los menores en Ceuta y proporcionar a la ciudad autónoma recursos extraordinarios para atenderlos. Esta opción alcanza el 38,4% en ese espacio político.
La diferencia entre las distintas alternativas planteadas por SocioMétrica resulta especialmente amplia. Frente al 80% que apuesta por el retorno a Marruecos, solamente el 10,4% considera que los menores deberían permanecer en Ceuta con una aportación extraordinaria de recursos económicos.
Otro 8,9% apuesta por distribuirlos entre todas las comunidades autónomas y apenas un 0,7% responde que no sabe o no contesta.
Precisamente la alternativa con menor respaldo, si se excluye el Ns/Nc, coincide con la solución que está impulsando el Gobierno. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajó este viernes a Ceuta con el objetivo de abordar la situación de los menores y avanzar en las primeras derivaciones hacia la Península.
El Ejecutivo ya puso en marcha un sistema similar para redistribuir entre las comunidades autónomas a menores llegados anteriormente a Canarias, aunque aquel proceso todavía no ha concluido.
La crisis de Ceuta ha vuelto a provocar además tensiones con diferentes gobiernos autonómicos, que argumentan que sus sistemas de protección de menores ya soportan una elevada presión y que algunos centros se encuentran saturados.
El debate se produce como consecuencia directa de la entrada masiva registrada en la frontera de Ceuta. Según la información publicada por EL ESPAÑOL, al menos 1.100 menores extranjeros no acompañados permanecen en la ciudad tras los acontecimientos de los últimos días, aunque algunas asociaciones manejan estimaciones que elevan considerablemente esa cifra.
La última oleada presenta además algunas características diferentes a las registradas anteriormente. Sira Rego explicó durante su visita que las autoridades han detectado un cambio en el perfil de los menores: en esta ocasión han llegado niños de edades más tempranas, algunos de aproximadamente 13 años, y también un mayor número de niñas.
La situación ha obligado a la Ciudad Autónoma a habilitar temporalmente dos colegios públicos para atender a los menores más vulnerables mientras las administraciones buscan nuevos espacios de acogida.
La Fiscalía también ha entrado en el conflicto. Según la información publicada por EL ESPAÑOL, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dado instrucciones a los fiscales delegados para que actúen frente a las administraciones autonómicas que se nieguen a recibir menores procedentes de Ceuta.
La posibilidad de devolver los menas a Marruecos también ha entrado de lleno en el enfrentamiento político. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió esta semana que la prioridad debería consistir en conseguir que los menores regresen con sus familias.
«Lo lógico es que esos menores vuelvan a sus casas, yo no me imagino a España abandonando a su suerte a sus niños por otros países. Eso es inhumano», afirmó la dirigente popular.
La devolución de un menor extranjero, sin embargo, tiene requisitos jurídicos distintos a la expulsión de un adulto en situación irregular. Las autoridades deben atender al interés superior del menor y estudiar individualmente las circunstancias en las que se produciría el retorno.
Esta cuestión resulta fundamental porque el debate político suele simplificarse entre dos alternativas —permanencia o devolución— cuando existe ya un marco jurídico específico que contempla el retorno de menores marroquíes, aunque sujeto a determinadas garantías.
La posibilidad de devolver los menas a Marruecos no requiere crear desde cero un mecanismo de cooperación entre ambos países. Madrid y Rabat firmaron el 6 de marzo de 2007 un acuerdo específicamente dedicado a los menores marroquíes no acompañados.
El convenio entró en vigor en octubre de 2012 y España lo publicó en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2013. Su denominación oficial es Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado.
El acuerdo persigue expresamente tres objetivos: prevenir la emigración ilegal de menores, garantizar su protección en territorio español y favorecer su «retorno asistido» a sus familias o a la institución de tutela correspondiente en Marruecos.
Las autoridades marroquíes deben colaborar, entre otras cuestiones, en la identificación de los menores y sus familias y en la acreditación de su nacionalidad. España, por su parte, debe proporcionar la información necesaria para desarrollar las medidas de protección y estudiar el posible retorno.
La existencia de este convenio no significa que España pueda trasladar automáticamente a Marruecos a todos los menores que se encuentren bajo tutela.
El artículo 5 del acuerdo establece que las autoridades españolas resolverán sobre el retorno respetando la legislación española, las normas y principios del Derecho internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño.
España y Marruecos se comprometieron además a garantizar «en cada caso de retorno al país de origen» las condiciones necesarias para conseguir una reunificación familiar efectiva o entregar al menor a una institución de tutela.
Por tanto, el retorno previsto por el acuerdo bilateral tiene carácter individualizado. Las administraciones deben comprobar la situación del menor, identificarlo y asegurarse de que existen condiciones adecuadas para su recepción en Marruecos.
Esta exigencia constituye una de las claves para entender por qué la existencia de un acuerdo bilateral desde hace años no se ha traducido en devoluciones generalizadas.
La cuestión ha adquirido una nueva dimensión después de que Marruecos haya mostrado su disposición a colaborar en el regreso de los menores que permanecen actualmente en Ceuta.
Según la información publicada por EL ESPAÑOL, Rabat estaría dispuesto a aceptar el retorno de sus nacionales siempre que España consiga eliminar los «obstáculos judiciales y administrativos» que actualmente dificultan el procedimiento.
El planteamiento marroquí vuelve a situar el debate en el terreno jurídico. España dispone de un acuerdo internacional para organizar retornos y Marruecos manifiesta ahora su voluntad de colaborar, pero las autoridades españolas continúan obligadas a respetar las garantías previstas para cada menor.
Precisamente por ello, la posibilidad de devolver los menas a Marruecos dependerá no sólo de la cooperación de Rabat, sino también de cómo resuelva España las dificultades administrativas y judiciales que han limitado hasta ahora la aplicación del convenio.
La diferencia entre el número de menores marroquíes que han llegado a España y las repatriaciones realizadas constituye otro elemento importante del debate.
Según los datos publicados por EL ESPAÑOL en una información relacionada con la actual crisis, durante un periodo de seis años España recibió alrededor de 28.000 menores marroquíes, mientras que únicamente 41 regresaron mediante los procedimientos correspondientes.
La enorme diferencia permite entender por qué el Gobierno y las comunidades autónomas llevan años afrontando problemas de capacidad en sus sistemas de protección. También explica por qué el acuerdo bilateral firmado con Marruecos ha vuelto al centro del debate tras la crisis fronteriza de Ceuta.
El convenio existe. La posibilidad jurídica del retorno también. El problema se encuentra en la ejecución efectiva del procedimiento y en las garantías que deben cumplirse antes de autorizar cada repatriación.
La encuesta de SocioMétrica dibuja, en definitiva, una posición social muy clara. Devolver los menas a Marruecos obtiene un respaldo muy superior a cualquiera de las alternativas propuestas.
El 80% apuesta por el retorno incluso si resulta necesario modificar las normas; el 10,4% prefiere mantener a los menores en Ceuta proporcionando recursos extraordinarios; y sólo el 8,9% considera que deberían distribuirse entre las comunidades autónomas.
El resultado tampoco responde exclusivamente al voto conservador. Aunque la propuesta alcanza el 96,8% entre los votantes de Vox y el 92,4% entre los del PP, también recibe el respaldo del 77,6% de los electores del PSOE y del 81,4% de quienes apoyaron a formaciones nacionalistas e independentistas.
La distancia entre el sondeo y la política que pretende aplicar el Ejecutivo resulta especialmente significativa. Mientras el Gobierno prepara las primeras derivaciones desde Ceuta hacia la Península, ocho de cada diez encuestados reclaman otra solución: facilitar el regreso de los menores a Marruecos con las garantías correspondientes y realizar, si resulta necesario, los cambios legales que permitan hacerlo.
SocioMétrica realizó 1.690 encuestas a españoles con derecho a voto mediante el sistema CAWI-Panel durante los días 5 y 6 de agosto de 2026. La empresa equilibró la muestra mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.
Según la ficha técnica publicada por EL ESPAÑOL, el ajuste de convergencia por interacción para el total nacional alcanza el 97%. Al tratarse de un muestreo no probabilístico, no procede aplicar un error muestral convencional, aunque el estudio estima un error de equilibraje de aproximadamente ±3 puntos. El director del estudio es Gonzalo Adán y SocioMétrica figura como miembro de Insight Analytics.
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