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La nueva política climática de la Unión Europea está teniendo consecuencias directas en el sector agrario. La aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) ha provocado un encarecimiento significativo de los fertilizantes, generando preocupación entre los agricultores por el aumento de costes y la pérdida de competitividad frente a mercados internacionales.
Desde el 1 de enero de 2026, tras finalizar su fase transitoria, el CBAM ha empezado a aplicarse plenamente. Este sistema fija un coste a las emisiones de carbono asociadas a la producción de ciertos bienes importados, afectando especialmente a los fertilizantes, cuya fabricación depende en gran medida de procesos industriales intensivos en energía.
Como consecuencia, el precio de los fertilizantes nitrogenados ha experimentado una fuerte subida. De hecho, las importaciones de este tipo de abonos en la Unión Europea se redujeron cerca de un 80% en enero, reflejando el impacto inmediato de la medida. A esta situación se suma la incertidumbre geopolítica global, que podría impulsar un aumento adicional de los precios de hasta un 15% durante 2026.
Las organizaciones agrarias advierten que esta regulación incrementa la presión sobre un sector ya altamente regulado. Los productores europeos deben cumplir estrictas normativas medioambientales, mientras compiten con productos importados de países con menores exigencias y costes de producción más bajos.
Este escenario intensifica el conocido “efecto tijera”: los costes de producción aumentan de forma constante, pero los precios que reciben los agricultores por sus productos no crecen al mismo ritmo, reduciendo su rentabilidad y poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones.
Según estimaciones de Copa-Cogeca, el coste directo del CBAM para los agricultores alcanzará los 820 millones de euros en 2026 y podría elevarse hasta 3.400 millones en 2034. En un periodo de siete años, el impacto acumulado rondaría los 12.000 millones de euros.
El escenario podría ser aún más complejo si los fabricantes europeos de fertilizantes ajustan sus precios al nuevo marco regulatorio. En ese caso, el coste total podría dispararse hasta los 39.000 millones de euros, una cifra que equivale aproximadamente al 10% del presupuesto de la Política Agraria Común en ese mismo periodo.
El problema es especialmente relevante en el caso de los fertilizantes nitrogenados, ya que cerca del 30% del consumo en la UE depende de importaciones. Ante esta situación, el sector reclama la revisión o suspensión del mecanismo, así como medidas compensatorias que eviten trasladar el coste de la transición ecológica directamente a los agricultores.
Además, las organizaciones agrarias exigen mayor transparencia sobre el destino de los ingresos generados por el CBAM dentro de la Unión Europea. Consideran que seguir aumentando el precio de insumos clave como los fertilizantes puede comprometer tanto la sostenibilidad económica de las explotaciones como la seguridad alimentaria en Europa.
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