La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado ‘caso Plus Ultra’ ha vuelto a situar bajo el foco mediático y político las relaciones mantenidas durante años entre el exlíder socialista y el entorno del régimen venezolano de Nicolás Maduro.
La Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental relacionados con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra, una compañía que desde hace años arrastra polémicas por sus conexiones empresariales con Venezuela.
En paralelo, distintos medios y dirigentes políticos han señalado en los últimos meses que organismos estadounidenses habrían mostrado interés en determinadas operaciones y relaciones internacionales vinculadas al chavismo venezolano.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso llegó a afirmar públicamente que Zapatero estaría siendo investigado por Estados Unidos por su supuesta relación con el régimen de Maduro, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de ninguna imputación formal por parte de las autoridades norteamericanas.
Además, diversas informaciones periodísticas han relacionado el caso Plus Ultra con presuntas tramas de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela, extremo que forma parte de las líneas de investigación abiertas por la UDEF y Anticorrupción.
La Justicia de Estados Unidos «está muy interesada» en apuntalar «cuanto antes» la apertura de un «proceso penal» contra José Luis Rodríguez Zapatero, una posibilidad que ha cobrado fuerza a raíz de las declaraciones aportadas por Hugo ‘El Pollo’ Carvajal ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
La información entregada por el exjefe de la Inteligencia militar venezolana habría proporcionado argumentos clave para que la Fiscalía estadounidense contemple al expresidente español como un eslabón necesario dentro del entramado político y financiero del chavismo. De concretarse una imputación, Washington podría activar medidas tan severas como el bloqueo de bienes en territorio norteamericano o, incluso, la emisión de una orden de detención internacional.
Dentro de ese material, Carvajal habría detallado pagos que supuestamente habrían sido canalizados hacia Zapatero desde el Gobierno venezolano a través de PDVSA. Estas informaciones formarían únicamente una parte de los expedientes facilitados por el exmilitar a los fiscales, quienes también han solicitado apoyo a autoridades españolas para analizar el crecimiento patrimonial del expresidente y revisar su actividad económica durante los últimos años.
Las aportaciones de Carvajal no se limitarían a asuntos financieros. Según las fuentes consultadas, también habría mencionado operaciones ligadas al ámbito energético y una red de intermediarios que habría actuado en Venezuela bajo la protección de Jorge Rodríguez, figura influyente en el entorno de Nicolás Maduro y presunto garante de las gestiones de Zapatero en Caracas.
La causa judicial investiga si parte del rescate aprobado durante la pandemia pudo ser utilizado para operaciones irregulares vinculadas a capital extranjero y redes empresariales relacionadas con el chavismo.
Según las investigaciones conocidas hasta ahora, Zapatero habría mantenido relaciones profesionales con la consultora Análisis Relevante, vinculada al empresario Julio Martínez, también investigado en la causa.
El expresidente ha negado cualquier irregularidad y sostiene que todos sus trabajos de consultoría fueron legales, facturados y declarados ante Hacienda.
La imputación de Zapatero ha provocado una fuerte reacción política. Sectores del PP y de VOX exigen aclaraciones inmediatas sobre el papel del expresidente en el rescate de Plus Ultra y sus relaciones con el régimen venezolano.
Mientras tanto, el caso amenaza con convertirse en uno de los mayores terremotos políticos y judiciales de los últimos años en España, especialmente por las implicaciones internacionales que rodean a la investigación.
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