La Guardia Civil, una institución cuyo ADN se forjó sobre los pilares de la disciplina, el sacrificio y un lema innegociable —»El honor es mi divisa«—, está siendo sometida a una operación de ingeniería social sin precedentes.
Bajo la batuta del ministro socialista – y declaradamente gay- Fernando Grande-Marlaska, el Ministerio del Interior ha decidido que la prioridad del Cuerpo ya no es la protección de las fronteras o la persecución del crimen organizado, sino la conversión de la Benemérita en una ONG gay al servicio de los delirios globales de la Agenda 2030.
El contraste es sangriento y humillante. La mutación del «Todo por la Patria» al «Todo por la Agenda 2030» no es solo un cambio de eslogan; es una declaración de guerra contra la esencia militar y profesional de un cuerpo que estorba a los planes de desmantelamiento nacional de Pedro Sánchez.
La gestión de la comunicación de la Dirección General de la Guardia Civil, ahora en manos de la comisaria política Mercedes González, revela una jerarquía de valores perversa. Mientras el asesinato de los guardias civiles en Barbate, arrollados por una narcolancha ante la falta de medios, fue despachado con una frialdad burocrática insultante, la institución dedica recursos ingentes a promocionar el desembarco de cruceros científicos o a celebrar efemérides ideológicas.
Nueve tuits para el postureo ecológico frente a cuatro para los héroes asesinados. Esa es la matemática moral del sanchismo. El ministro Marlaska, ese mismo que huye de los funerales para evitar los abucheos de una ciudadanía indignada, prefiere hablar de una Guardia Civil «igualitaria y diversa» antes que reconocer que envió a sus hombres a una muerte segura sin las lanchas adecuadas. Para este Gobierno, un lazo arcoíris en el escudo pesa más que el blindaje de una patrullera.
La nueva «Estrategia Institucional 2030» es el testamento de esta traición. El documento, plagado de terminología vacía propia de un taller de sociología radical, impone que los agentes tomen como «modelo de referencia» los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Se prioriza la «gestión del talento» bajo criterios de género sobre la eficacia operativa en la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo.
Es un insulto a los miles de profesionales que se juegan la vida que el Ministerio dedique más tiempo a redactar planes de igualdad que a tramitar la declaración de «profesión de riesgo». Se han aprobado dos Planes de Igualdad en tiempo récord mientras la mayoría sanchista en el Congreso ha bloqueado hasta en 71 ocasiones las mejoras salariales y laborales de los agentes.
El objetivo no es la seguridad, es el liderazgo femenino forzado para que Sánchez pueda hacerse la foto en Moncloa con las coronelas mientras ignora a las viudas de Barbate.
La figura de Mercedes González encarna la politización más descarada de la institución. Una mujer que ha saltado del activismo en el PSOE de Madrid a la dirección de un cuerpo armado sin solución de continuidad, utilizando su cargo para premiar a figuras como Rodríguez Zapatero o para jalear discursos contra la «máquina del fango» de la oposición. Su gestión se resume en una frase: sumisión total al líder.
Bajo su mando, la Guardia Civil se ha visto obligada a participar en escenas de «sororidad» capturadas para redes sociales, paseos de la mano y mensajes de afecto personal que degradan la solemnidad de la jerarquía militar. Mientras tanto, en los cuarteles, los techos se caen y los vehículos acumulan cientos de miles de kilómetros.
Para González y Marlaska, la modernización de la Guardia Civil consiste en cambiar el color del logo en Twitter, no en renovar el armamento.
La deriva es alarmante. La entrega de competencias en las fronteras y la descapitalización de las unidades de élite en zonas sensibles son el peaje que Sánchez está dispuesto a pagar para mantenerse en el poder.
La Benemérita no necesita ser «verde» ni «diversa»; necesita ser respetada, equipada y dirigida por personas que sientan el himno.
El intento de sustituir el código de honor del Duque de Ahumada por el manual de instrucciones de la Agenda 2030 es el último clavo en el ataúd de la soberanía institucional que este Gobierno pretende enterrar. España se queda sin su escudo protector mientras sus dirigentes se arrodillan ante agendas externas y monarcas enemigos vecinos.
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