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Así lo expone en un informe que ha sido remitido al juez instructor Juan Carlos Peinado, que planteó juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
Los investigadores apuntan que la inscripción del 'software' de la Complutense, llamado Transforma TSC, tuvo un coste de 206,57 euros que fue abonado "con cargo a una cuenta" de la que la titular es Begoña Gómez "junto con su cónyuge".
También figura un pago de 23,19 euros "abonado en efectivo" por parte de la esposa de Sánchez y que "corresponde a una modificación que supone la inclusión del logo en la marca".
La Guardia Civil ha detectado "analogías" entre el 'software' de la Complutense y la sociedad Transforma TSC SL, creada por la esposa del presidente del Gobierno y que los investigadores dicen que "efectivamente llegó a mantener una actividad comercial".
En concreto, según la UCO, la sociedad creada por Gómez "llegó a tener ingresos derivados de facturación" a la entidad Innovación Hexagonal, administrada por Raúl Oliván, por un valor de 6.687,85 euros".
ANÁLISIS DE CUENTAS DE LA FAMILIA SÁNCHEZ-GÓMEZ
La UCO hace referencia al análisis de otros productos financieros vinculados a Begoña Gómez, entre los que se encuentran, además de la mencionada cuenta conjunta con Sánchez, dos cuentas de sus hijas en las que el jefe de Ejecutivo y su esposa figuran como autorizados. Sin embargo, la Guardia Civil deja claro que "no se identifican movimientos que pudieran guardar relación con la investigación".
Y es que los investigadores ponen de manifiesto que la información bancaria analizada "concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales de Begoña Gómez".
La Guardia Civil ha incidido, por otro lado, en que algunos contratos de la cátedra que codirigió Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la UCM se hicieron "al margen del procedimiento establecido en la normativa" y de manera "premeditada".
Peinado ha investigado a Gómez por la gestión de la cátedra y los dos másteres que codirigió en la UCM, entre ello la presunta apropiación indebida del 'software', así como por el nombramiento de Cristina Álvarez --también imputada-- como su asesora en el Palacio de la Moncloa y presuntos favores al empresario Juan Carlos Barrabés, el tercer investigado en la causa.
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