Impacto España Noticias
La investigación sobre la financiación del PSOE continúa avanzando en la Audiencia Nacional y mantiene bajo el foco de los investigadores varios movimientos económicos realizados por la formación durante los años de la pandemia. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trabaja actualmente en un amplio informe que será remitido al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, encargado de supervisar las diligencias relacionadas con las cuentas del partido socialista.
Según distintas informaciones publicadas en medios nacionales, los agentes analizan especialmente los cerca de cuatro millones de euros obtenidos a través de los denominados microcréditos promovidos por el PSOE en plena crisis sanitaria del coronavirus. Los investigadores también examinan pagos en efectivo, operaciones presuntamente no reflejadas en la contabilidad oficial y relaciones económicas entre empresas privadas y personas vinculadas a la estructura socialista.
La campaña de financiación fue presentada públicamente en octubre de 2020 bajo el nombre de “Luz Verde”. Desde la sede nacional del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, la dirección del partido animó a militantes y simpatizantes a colaborar económicamente para acometer un proceso de transformación digital y medioambiental de la organización.
El entonces gerente del PSOE, Mariano Moreno, fue uno de los principales impulsores del proyecto. A través de sus redes sociales y de distintos canales internos del partido, defendió la necesidad de modernizar la estructura socialista y reducir el impacto ambiental de las instalaciones de Ferraz.
La iniciativa ofrecía dos fórmulas de participación económica. Por un lado, los simpatizantes podían realizar donaciones directas. Por otro, el partido promovía microcréditos con una rentabilidad anual del 3%, una fórmula ya utilizada anteriormente por otras formaciones políticas para financiar campañas o proyectos internos.
Las donaciones del PSOE registraron un llamativo incremento, aun con el país confinado, pasando de 275.616 euros en 2019 a 837.506 sólo un año después, lo que se traduce en un aumento del 200%. En 2024, último año fiscalizado, el descenso es significativo, pues el partido apenas captó 133.500 euros por esta vía. El PSOE consiguió el dinero en plena época de pandemia de coronavirus cuando la economía mundial se resentía.
El objetivo oficial de la campaña era reducir el consumo de papel, mejorar la eficiencia energética de la sede central y desarrollar zonas verdes integradas en los edificios del partido. Según explicó entonces Mariano Moreno, la intención era disminuir hasta en un 90% la huella de carbono generada por la actividad interna del PSOE.
Uno de los elementos que más interés despierta entre los investigadores es el importante crecimiento de las aportaciones económicas recibidas por el PSOE precisamente durante el periodo más duro de la pandemia.
Las cifras reflejan que en 2019 las donaciones declaradas por el partido rondaban los 275.000 euros. Sin embargo, apenas un año después, en pleno contexto de confinamientos, cierres empresariales y crisis económica global, esa cantidad se disparó hasta superar los 837.000 euros.
El incremento resulta especialmente llamativo debido a la complicada situación económica que atravesaban miles de familias y empresas en España durante aquellos meses. Posteriormente, las cifras volvieron a descender de manera significativa. En 2024, último ejercicio fiscalizado, las aportaciones mediante donaciones apenas alcanzaron los 133.500 euros.
Las pesquisas de la Guardia Civil no se centran únicamente en el sistema de microcréditos. Según las informaciones conocidas, la UCO también revisa movimientos económicos que podrían no haber sido incluidos en la contabilidad oficial del partido.
Entre los aspectos investigados figuran pagos realizados en efectivo y determinadas operaciones vinculadas a empresas que habrían abonado cantidades a personas relacionadas con el PSOE.
Los investigadores tratan de determinar si algunos de esos movimientos pudieron utilizarse para financiar actividades del partido al margen de los mecanismos oficiales de control o si existieron irregularidades contables que pudieran derivar en responsabilidades penales.
Desde la dirección socialista sostienen que todas las operaciones realizadas fueron completamente legales y recuerdan que las cuentas del partido fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, organismo encargado de supervisar la financiación de las formaciones políticas en España.
El PSOE insiste en que los microcréditos y donaciones formaban parte de una campaña pública y transparente destinada a financiar mejoras internas en la organización.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción considera que las auditorías del Tribunal de Cuentas tienen un alcance limitado, ya que dependen principalmente de la documentación facilitada por los propios partidos políticos y no constituyen investigaciones penales exhaustivas.
Por este motivo, la investigación judicial dirigida desde la Audiencia Nacional pretende profundizar en posibles operaciones no declaradas o movimientos económicos que no aparezcan reflejados en los registros oficiales.
La causa judicial permanece actualmente bajo secreto de sumario. Según ha trascendido, el propio PSOE habría solicitado mantener reservada parte de la documentación entregada al juzgado debido al carácter sensible de la información financiera aportada.
Entre los documentos remitidos a la Audiencia Nacional figurarían explicaciones detalladas sobre el funcionamiento del sistema de microcréditos impulsado durante la pandemia y diversa documentación económica relacionada con la financiación interna del partido.
Mientras tanto, la UCO continúa elaborando el informe que deberá remitir próximamente al magistrado Ismael Moreno y a la Fiscalía Anticorrupción.
Una vez que el juez y los fiscales reciban el informe definitivo de la Guardia Civil, deberán decidir si existen indicios suficientes para abrir una nueva fase judicial contra el PSOE como persona jurídica.
La investigación podría desembocar en la imputación formal del partido por un presunto delito de financiación ilegal si se acreditaran irregularidades relevantes en los sistemas de captación de fondos.
Además, también podrían investigarse responsabilidades individuales de antiguos gestores o responsables económicos vinculados al partido socialista. Entre ellos, la figura de Mariano Moreno aparece especialmente ligada al diseño y puesta en marcha del plan “Luz Verde”.
La causa contempla igualmente otro posible escenario: que el PSOE pueda ser considerado perjudicado si se demuestra que determinadas personas relacionadas con la organización recibieron pagos injustificados o actuaron al margen de los procedimientos internos establecidos por el partido.
Por el momento, no existe ninguna resolución judicial firme ni imputación formal contra el PSOE por estos hechos. La investigación continúa abierta y pendiente de las conclusiones que presente la Unidad Central Operativa ante la Audiencia Nacional.
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