La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha lanzado a primera hora de este miércoles un dispositivo contra una presunta red de financiación ilegal del PSOE. Los agentes han entrado en despachos y oficinas de la sede central del partido en la calle Ferraz de Madrid, según han confirmado fuentes próximas al caso.
Además, la UCO tiene orden de inspeccionar distintos inmuebles repartidos por la geografía peninsular que pertenecen a altos cargos del PSOE involucrados en esta trama. El dispositivo ha sido acordado por la Audiencia Nacional y cuenta con el impulso de la Fiscalía Anticorrupción. Se espera que las actuaciones se prolonguen durante toda la jornada.
Las pesquisas apuntan a la existencia de una operativa sostenida en el tiempo que permitió la inyección de fondos opacos en la contabilidad de Ferraz. El sistema estaba diseñado para eludir el control del Tribunal de Cuentas. De las indagaciones de la UCO también se desprende que miembros de la cúspide del PSOE habrían participado activamente en la ocultación de dinero de origen ilegal.
Como consecuencia de esta mecánica, la formación de Pedro Sánchez habría concurrido a diferentes procesos electorales con más presupuesto del que declaró oficialmente. Los investigadores de la UCO buscan documentos, archivos y otros materiales relacionados con esta supuesta caja B.
Según las fuentes consultadas por este diario, el dispositivo de este miércoles es el resultado de las investigaciones efectuadas durante meses en secreto por los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil tras hallar mensajes, comunicaciones y movimientos bancarios de dirigentes del PSOE y otros individuos de su entorno que habrían desvelado que el partido del Gobierno operaba con una contabilidad paralela.
El dispositivo de este miércoles afecta al conjunto del PSOE. Aunque el operativo ha estallado tras una investigación diferente, el partido y su financiación llevan meses en el punto de mira de la Justicia a raíz de los pagos en efectivo en sobres entregados en su sede central. Las sospechas se desataron a raíz de conversaciones incautadas al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, en las que reflejaba la forma en la que cobraba en billetes por gastos anticipados, a veces, de 500 euros.
Las explicaciones al respecto ofrecidas por el antiguo gerente de la formación Mariano Moreno no solo no despejaron las dudas, sino que las incrementaron. Habló de la forma en la que se nutría la caja fuerte del partido con dinero trasladado de forma periódica en furgones blindados y calificó de "cultura organizativa" la práctica más que habitual de todos sus cargos de cobrar así sin que existiera un mecanismo de verificación. Esta operativa desencadenó la apertura de unas diligencias secretas a cargo de la Audiencia Nacional.
De forma paralela imputados como el empresario Víctor de Aldama apuntan al cobro de comisiones irregulares. En su reciente declaración ante el Supremo, Aldama indicó que buscó constructoras dispuestas a pagar mordidas para nutrir al partido a cambio de licitaciones.
Además entregó un sobre procedente de Venezuela que, según defiende, vincula a los socialistas con la entrada irregular de fondos. Por su parte, la empresaria Carmen Pano, investigada en la trama de los hidrocarburos, asegura haber entregado 90.000 euros en mano a un hombre sin identificar en el interior de la sede.
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