Impacto España Noticias
En un auto de extraordinaria dureza al que ha tenido acceso IEN, el magistrado del Tribunal Central de Instrucción nº 5 ha autorizado la entrada y registro en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, poniendo al descubierto lo que describe como una estructura criminal organizada destinada a interferir sistemáticamente en la Justicia para proteger a Pedro Sánchez, su familia y su partido. Y sí, se alude al propio presidente, como ‘el One’.
Uno de los elementos más explosivos del documento judicial es la referencia directa a ‘el One’ —expresión en clave que, según el propio auto, alude al número uno del PSOE y del Gobierno, Pedro Sánchez— como la máxima autoridad que ordenaba las prioridades de la operación.
En la página 15 del auto, al describir la línea de actuación denominada “hidrocarburos” (una estrategia para generar nulidades procesales que beneficiaran al caso Koldo y otras causas sensibles), el juez recoge literalmente las palabras de Leire Díez Castro:
“Fue considerada una línea prioritaria de la organización, tal y como se desprende de numerosos elementos, entre los que destaca que, en palabras de Leire, esta línea habría sido la prioridad de Santos CERDÁN ‘por orden del One’.”
Esta expresión sitúa a Pedro Sánchez, según la tesis del instructor, en la cúspide de la pirámide de mando de la presunta organización criminal.
La operación se activó de forma decisiva durante el famoso “periodo de reflexión” de Pedro Sánchez, justo después de que se presentara la denuncia contra su esposa Begoña Gómez.
El 26 de abril de 2024, mientras Sánchez reflexionaba sobre su continuidad, se celebró en la sede de Ferraz una reunión clave a la que asistieron Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano (entonces jefe de Gabinete de Sánchez en Moncloa), Santos Cerdán e Ion Antolín, entre otros.
Leire comunicó el día anterior a Vicente Fernández: “Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente.” Tras la reunión, Leire le aseguró a su interlocutor que “el presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo”. Juan Manuel Serrano, por su parte, le comentó: “mira el jefe como cita lo de los audios”. El juez califica esta cita como “el punto de inflexión” de toda la trama.
Según el auto, entre abril de 2024 y abril de 2025 se celebraron al menos 22 reuniones en la sede de Ferraz, la inmensa mayoría entre Santos Cerdán (entonces secretario de Organización del PSOE) y Leire Díez, quien actuaba como “mano derecha” del primero y coordinadora operativa de la estructura.
La sede socialista no solo sirvió de centro de reuniones, sino también de base logística: empleados del partido gestionaban viajes, se pagaban facturas falsas a través de sociedades interpuestas (Zarrías, Oliver, Teijelo) y se canalizaban fondos para remunerar a Leire (4.000 euros mensuales) y otros colaboradores.
La organización habría ofrecido cohechos a varios funcionarios:
Al fiscal José Grinda, se le llegó a ofrecer hasta 300.000 euros. A guardias civiles como el comandante Rubén Villalba y el capitán Juan Sánchez Yepes se les prometieron ascensos y favores a cambio de información secreta sobre la UCO. A la testigo María del Carmen Pano se le ofrecieron 50.000 euros para modificar su declaración sobre dinero entregado en Ferraz.
Leire Díez llegó a definir el objetivo con crudeza: “destruir el procedimiento” (en referencia a la causa del hermano de Sánchez) y “límpiese, sin límite”.
El magistrado considera que existen “serios indicios incriminatorios” de una organización criminal (art. 570 bis Código Penal), cohecho, revelación de secretos, falsedad documental y otros delitos. Destaca la jerarquía superior de Santos Cerdán, quien habría puesto toda la estructura del PSOE al servicio de la trama, y la conexión directa con Moncloa.
Aunque no imputa formalmente a Pedro Sánchez en este momento, la reiterada alusión a ‘el One’ y las comunicaciones que sugieren que Sánchez conocía y se beneficiaba de las actuaciones del grupo constituyen uno de los elementos más comprometedores del auto.
La entrada y registro autorizada en Ferraz busca precisamente localizar facturas, correos, agendas y dispositivos que acrediten esta operativa que, según el juez, tenía como objetivo último proteger al presidente y a su entorno a cualquier precio.
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