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La investigación judicial sobre la presunta trama vinculada a Leire Díez y dirigentes del PSOE continúa sumando nuevos datos. Según un auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la exmilitante socialista acudió hasta en 22 ocasiones a la sede nacional del partido en Ferraz, aunque Santos Cerdán únicamente reconoció dos encuentros durante su declaración judicial.
El magistrado sostiene que Cerdán y Díez mantuvieron un total de 39 reuniones entre abril de 2024 y mayo de 2025, en el contexto de una supuesta estrategia destinada a frenar investigaciones judiciales y actuaciones policiales que podían afectar al PSOE y al Gobierno.
En el auto judicial, Santiago Pedraz atribuye al exsecretario de Organización del PSOE un papel clave en la coordinación de actuaciones “penalmente relevantes” orientadas a desactivar procedimientos judiciales sensibles para el entorno socialista.
La resolución señala que la trama habría tratado de obtener información reservada mediante ofrecimientos de pagos o favores a miembros de la Guardia Civil y fiscales. El objetivo, según el magistrado, era debilitar investigaciones relacionadas con dirigentes del PSOE.
La documentación judicial revela que Leire Díez acudió en 22 ocasiones a la sede socialista de la calle Ferraz, en Madrid. La mayoría de estos encuentros habrían tenido lugar con Santos Cerdán y otros cargos del partido.
Además, el juez asegura que existieron otras 17 reuniones fuera de la sede del PSOE o en ubicaciones no determinadas. La última cita registrada habría ocurrido el 21 de mayo de 2025.
Estas reuniones, según la investigación, servían para coordinar acciones y compartir información relacionada con distintas causas judiciales abiertas.
Otro de los puntos destacados del auto es la supuesta financiación de la trama. Pedraz cifra en 188.000 euros los pagos vinculados a estas actuaciones, realizados presuntamente a través de facturas falsas y distintos intermediarios.
Entre los importes investigados figuran:
La investigación también apunta a que empleados del PSOE habrían gestionado y abonado desplazamientos relacionados con estas actividades.
El auto judicial recoge que, tras una reunión celebrada el 26 de abril de 2024 en Ferraz, una trabajadora del PSOE organizó un billete de avión para que Leire Díez regresara a Cantabria.
Para el juez, este hecho demostraría tanto la implicación de personal administrativo del partido como la asunción de gastos por parte del PSOE.
Según la resolución, este procedimiento se habría repetido al menos en cuatro ocasiones. También se menciona un viaje a Zaragoza sufragado para el empresario Javier Pérez Dolset, quien acudió junto a Díez a una reunión relacionada con los hechos investigados.
La investigación sitúa el inicio de esta supuesta operación en abril de 2024, tras la publicación de la conocida “Carta a la ciudadanía” de Pedro Sánchez, difundida después de la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
Dos días después de aquella carta, Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano —exjefe de Gabinete de Sánchez y expresidente de Correos— acudieron a Ferraz para reunirse con Santos Cerdán y otros responsables del PSOE.
Según mensajes incorporados al sumario, Díez aseguró que contaban con “información que ayudaría al presidente”.
Durante su declaración judicial ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Santos Cerdán admitió únicamente dos reuniones con Leire Díez, ambas celebradas en abril de 2024.
El dirigente socialista aseguró que Díez ofreció información relacionada con grabaciones sobre las saunas vinculadas al suegro de Pedro Sánchez, aunque afirmó que dicho material “no tenía interés” porque ya era conocido.
También negó haber realizado pagos a la exmilitante o haber participado en actuaciones dirigidas contra jueces, fiscales o miembros de la Guardia Civil.
Sin embargo, el juez considera que la documentación recopilada contradice esa versión y ha solicitado al PSOE el registro oficial de visitas a la sede de Ferraz durante 2024 y 2025.
La causa sigue avanzando en la Audiencia Nacional y analiza posibles delitos relacionados con tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la Justicia.
El auto de Santiago Pedraz considera que existió una estructura organizada para actuar contra investigaciones sensibles para el entorno socialista, utilizando reuniones, pagos y contactos con distintos actores vinculados al ámbito judicial y policial.
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