Impacto España Noticias
El DAO de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, ordenó abrir hasta tres informaciones reservadas contra Rafael Yuste cuando era coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), en pleno estallido de distintos casos de corrupción que afectaban a dirigentes del PSOE y al entorno del presidente Pedro Sánchez, según revelan fuentes del Instituto Armado.
La apertura de estas investigaciones internas, en unos casos, y de expedientes disciplinarios en otros, es lo que indaga precisamente el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el marco del caso que instruye sobre el presunto entramado dirigido por Santos Cerdán y Leire Díez que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al Partido Socialista y al Gobierno.
Acciones dirigidas contra guardias civiles de los casos Ábalos y Cerdán, y que podrían derivar en la comisión de un delito de obstrucción a la justicia, advierten fuentes próximas a la investigación.
El coronel Rafael Yuste fue uno de los oficiales inmersos en esta situación por orden de la cúpula de la Guardia Civil. Incluso meses antes de que ascendiese a general de brigada y dejase la dirección de la UCO en diciembre de 2025, coincidiendo con su negativa a informar a sus superiores sobre la evolución de las investigaciones.
«Las tres concluyeron sin responsabilidad, pero el hecho de que te envíen un oficio en el que comunican que se ha ordenado que se instruya una información reservada, te tomen declaración… Es una presión muy fuerte y excepcional. Al final es para averiguar si eres un delincuente o un infractor», señalan a este diario fuentes conocedoras de estos hechos.
Supuestas filtraciones a la prensa
El motivo de la apertura de estas investigaciones internas siempre tenía el mismo fundamento: la supuesta filtración de información sobre investigaciones en curso que afectaban al PSOE a los medios de comunicación. Una idea que también extendió la fontanera del PSOE entre la dirección de la Guardia Civil, según apunta el auto del juez Pedraz sobre el caso Leire Díez.
El escrito judicial señala que la militante socialista confirmó que todas las filtraciones que se producían «venían de la UCO directamente» y así se lo había hecho llegar incluso a la directora del Cuerpo, Mercedes González. «He hablado en diferentes encuentros con ella, pero no se entera de lo que ocurre en la Guardia Civil y no da crédito de dónde está metida […] y no sabe cómo meterle mano».
La aparición de una noticia relacionada con las pesquisas de la UCO «se convertía en una caza de brujas contra los investigadores, acusándoles sin prueba ni indicio alguno de estar detrás de esas publicaciones». Por este motivo, ninguna prosperaba en el tiempo.
«Era una clara persecución con finalidad amedrentadora», insisten fuentes próximas al caso, que advierten, por otro lado, de la probable responsabilidad de los hechos por parte de la «cúpula política y parte de la uniformada del Cuerpo». Los agentes de la UCO, de hecho, tomaron declaración este miércoles a al menos tres generales por la instrucción de los expedientes.
El ascenso del coronel Rafael Yuste a general de brigada por parte del Ministerio del Interior y su salida forzosa de la jefatura de la UCO estuvieron rodeados de gran polémica. De un lado, la promoción de Yuste se vio como una maniobra del Ejecutivo para apartar de la dirección del departamento a quien, hasta entonces, había frenado con éxito las injerencias del Gobierno en los casos de corrupción.
Y de otro, se enmarcó en la normalidad de un proceso de ascensos, en el que el coronel no solo había aprobado el curso, sino que era el primero de su promoción, por lo que tenía muchas opciones de ser finalmente uno de los elegidos.
Tras su primer destino como alto mando del Cuerpo, sin embargo, en la Guardia Civil apuntan más ahora a esa primera teoría. «Como no consiguieron doblarle el brazo con esas intimidaciones, decidieron optar por la patada hacia arriba y aceleraron su ascenso a generar para sacarle de la UCO. La prueba es que, aunque es general, dirige una jefatura de tercer nivel, la de Servicios Técnicos», explican.
Desde la Dirección General de la Guardia Civil, fuentes oficiales han confirmado a este periódico que al menos hubo dos informaciones reservadas contra el exjefe de la UCO, aunque, posteriormente, han matizado que estas actuaciones «no están dirigidas contra personas concretas».
La UCO desplegó este miércoles a agentes que, bajo las órdenes del juez Pedraz, no solo se desplazaron hasta las dependencias centrales de la Guardia Civil, sino también a la sede madrileña del PSOE, en Ferraz, para investigar presuntos pagos a la trama que lideraba la exmilitante socialista Leire Díez para influir en los casos judiciales que cercaban al partido.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha detectado que la formación política le abonó 188.000 euros con facturas falsas, y que el origen de esos encargos tuvo lugar en los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
Por otro lado, el magistrado también investiga a un exmando de la UCO que, tras la solicitud de Leire Díez y Santos Cerdán, accedió a facilitar a la trama información sensible y secreta sobre la estructura de la unidad de élite y algunos de sus miembros, entre ellos, el teniente coronel Antonio Balas, al frente del departamento de Delincuencia Económica y de Anticorrupción.
Pedraz imputa al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes —al que investiga también en otra causa por una trama del fuel— delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. El oficial, además, habría cobrado supuestamente por sus servicios al PSOE.
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