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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sostiene que el PSOE mantuvo a sueldo una presunta organización criminal encabezada por el ex secretario de Organización Santos Cerdán con el objetivo de «desactivar» investigaciones judiciales que afectaban al partido, al Gobierno y a la familia del presidente Pedro Sánchez.
Así se recoge en los autos que motivaron el operativo desplegado este miércoles por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de la calle Ferraz.
Según la resolución judicial, los agentes acudieron a Ferraz para incautarse de documentación contable, contratos, facturas, registros de acceso, datos sobre campañas publicitarias y correos electrónicos de empleados del partido.
El magistrado sostiene que Cerdán coordinó «una serie de actuaciones, penalmente relevantes», dirigidas a «obstaculizar» procedimientos judiciales que afectaban «a miembros del partido o de la familia del presidente del Gobierno».
El auto sitúa el origen de la trama tras la imputación de Begoña Gómez y los cinco días de reflexión anunciados por Pedro Sánchez en abril de 2024. Pedraz considera «punto de inflexión» una reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de ese año, en la que participaron Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, Santos Cerdán e Ion Antolín, director de Comunicación del PSOE.
La resolución incorpora además mensajes y anotaciones intervenidas a Leire Díez. En uno de ellos, enviado el 25 de abril al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, afirmaba: «Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente«.
El juez recoge igualmente otra conversación en la que la conocida como «fontanera» del PSOE asegura que, «por orden del One«, Santos Cerdán fijó como objetivo lograr la nulidad de procedimientos relacionados con el sector de los hidrocarburos y con el caso Koldo. En otra comunicación incorporada a la causa, Javier Pérez Dolset y Leire Díez afirman que, tras la imputación de Begoña Gómez, «el presidente ya dijo que se limpie todo«.
Pedraz sostiene que el PSOE «soportó» el coste de las actividades de la presunta organización, permitió el uso de personal y dependencias del partido y sufragó gastos logísticos de la red. El instructor afirma además que Cerdán ordenó pagar a Leire Díez 4.000 euros mensuales con fondos del PSOE.
La investigación apunta también a intentos de influir sobre guardias civiles, fiscales y magistrados mediante ofrecimientos de favores o pagos. El juez menciona actuaciones dirigidas contra jueces como Juan Carlos Peinado, Beatriz Biedma o Mercedes Alaya, así como denuncias contra la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.
En la causa figuran como investigados, además de Santos Cerdán y Leire Díez, la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco; el empresario Javier Pérez Dolset; el exconsejero socialista Gaspar Zarrías; el abogado Ismael Oliver; el letrado Jacobo Teijelo y el guardia civil Juan Sánchez Yepes.
La UCO registró también la vivienda de Santos Cerdán en Milagro (Navarra), el domicilio de Pérez Dolset y el despacho de Gaspar Zarrías. La Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, prevaricación y delitos contra las instituciones del Estado.
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