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La Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos de Portugal (ERSE) ha señalado formalmente a España como origen técnico del gran apagón ibérico del 28 de abril de 2025 y ha exonerado a los operadores portugueses REN y E-REDES de asumir las consecuencias regulatorias del colapso.
La decisión supone un giro relevante en la batalla por las responsabilidades del cero eléctrico, mientras en España Red Eléctrica continúa rechazando su culpa y dando largas a las reclamaciones presentadas por empresas e industrias afectadas.
El regulador portugués ha aceptado clasificar el incidente como «evento excepcional», una categoría que permite excluir sus efectos del cálculo de determinados indicadores de calidad del servicio. En la práctica, REN, operador de la red de transporte, y E-REDES, gestor de la red de distribución, quedan protegidos frente a las compensaciones automáticas asociadas al incumplimiento de esos estándares.
La ERSE sostiene que el apagón fue una perturbación sistémica, de muy baja probabilidad y ajena al sistema eléctrico portugués. Según el organismo, las evidencias disponibles apuntan a que los primeros eventos se produjeron en el sistema eléctrico español, concretamente en el sur de España, donde en la media hora previa al colapso se registraron oscilaciones de tensión de gran amplitud.
La resolución portuguesa se apoya en los informes analizados por el regulador y, especialmente, en el informe final del panel de expertos coordinado por ENTSO-E, publicado en marzo de 2026. Esa documentación sitúa el origen de la cadena de fallos fuera del Sistema Eléctrico Nacional portugués y vincula el inicio del episodio a la red eléctrica española.
El apagón se produjo a las 11.33 horas en Portugal, 12.33 en España, y dejó sin suministro a buena parte de la Península Ibérica. En Portugal continental afectó a unos 6,4 millones de clientes conectados a las redes de REN y E-REDES. La energía no suministrada en la red de transporte ascendió a 55.489,4 MWh y la energía no distribuida en la red de distribución alcanzó los 42.135,29 MWh, muy por encima del umbral de 50 MWh que permite considerar un episodio como Incidente de Gran Impacto.
El regulador portugués recalca que los mecanismos automáticos de defensa funcionaron conforme a lo previsto, aunque no bastaron para detener la caída del sistema.
En Portugal se deslastraron 2.098 MW de bombeo hidroeléctrico, 218 MW de consumidores industriales y 1.955 MW de consumos conectados a la red de distribución. Pese a ello, la combinación de sobretensiones y desconexiones sucesivas de generación superó la capacidad de estabilización del sistema.
Antes del colapso, Portugal continental registraba un consumo de unos 5,8 GW, a los que se sumaban otros 2,1 GW destinados a bombeo hidroeléctrico. El país mantenía además un saldo importador superior a 2,5 GW desde España, parte del cual se empleaba precisamente para ese bombeo. La generación síncrona interna era reducida, con unos 1.654 MW repartidos entre hidráulica, ciclos combinados, biomasa y cogeneración.
La magnitud del impacto en la calidad del suministro fue excepcional. En la red de distribución portuguesa, el apagón alcanzó a 6.369.422 clientes en baja tensión, 26.061 en media tensión y 311 en alta tensión. Los indicadores de duración media de las interrupciones se dispararon: 516,76 minutos en alta tensión, 596,51 en media tensión y 592,75 en baja tensión. Para la ERSE, la comparación histórica demuestra que no existe un precedente reciente comparable.
La decisión de Portugal tiene una consecuencia directa: sus eléctricas no cargarán con el coste regulatorio del apagón en forma de compensaciones automáticas a los clientes. El regulador considera que no puede imputarse a REN ni a E-REDES una perturbación que, según su análisis, tuvo origen externo y se propagó por la fuerte interconexión de los sistemas eléctricos ibéricos.
Mientras Lisboa blinda a sus operadores, en España continúa abierta la batalla por los daños. Red Eléctrica evita asumir responsabilidades por el gran apagón, pese a las reclamaciones y burofaxes que aseguradoras, industrias y grandes empresas le han remitido para intentar recuperar las pérdidas sufridas. Fuentes jurídicas y empresariales sostienen que el operador del sistema ha respondido sin aceptar culpa alguna y remitiéndose al desarrollo de las investigaciones.
El cero eléctrico dejó a España prácticamente a oscuras durante horas y provocó perjuicios de gran alcance: daños en maquinaria industrial, paradas en cadenas de producción, costes de reinicio, lucro cesante, incumplimientos de encargos y problemas en instalaciones eléctricas. En muchos casos, esas pérdidas han sido asumidas por las empresas afectadas o por las aseguradoras con las que tenían contratadas pólizas.
El plazo ordinario para reclamar daños y perjuicios por el apagón cumplía un año desde el incidente, aunque algunas fuentes jurídicas consideran que aún puede existir margen para actuar en determinados supuestos. Por ese motivo, varias compañías han enviado comunicaciones formales para interrumpir la prescripción y conservar la posibilidad de acudir a los tribunales cuando se despeje el mapa de responsabilidades.
La paradoja es evidente: Portugal ya ha cerrado filas en torno a sus operadores y apunta el origen del desastre al sistema español, mientras en España las empresas afectadas siguen chocando con la negativa de Red Eléctrica a asumir responsabilidad.
La resolución de la ERSE no resuelve por sí sola la atribución judicial de culpas, pero sí introduce un elemento de enorme peso político y técnico en el debate: el regulador portugués libera a sus compañías porque considera que el apagón vino de España.
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