Sin corrupción no habría deuda pública

Se acaban de cumplir treinta años desde la aprobación de la primera norma internacional
contra la corrupción. Desde entonces, varias organizaciones intergubernamentales han
generado multitud de normas y documentos sobre la corrupción, donde se dice que la
corrupción afecta al funcionamiento de la economía de mercado y genera distorsiones
económicas y sociales sistémicas que trascienden ampliamente la pérdida directa de recursos
públicos.

Sin embargo, ese reconocimiento institucional no se ha trasladado a la teoría y a los análisis
económicos y políticos, generándose una profunda distorsión.

Este artículo engloba las principales estimaciones oficiales sobre corrupción y las relaciona
con la deuda pública de las mayores economías de la Unión Europea para explorar algunas de
sus implicaciones macroeconómicas.

Las estimaciones oficiales
La primera estimación de alcance mundial apareció en 2008. Transparencia Internacional, la
Federación Mundial de Cámaras de Comercio, la iniciativa Partnering Against Corruption
Initiative (PACI) del Foro Económico Mundial y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
estimaron conjuntamente que la corrupción representaba aproximadamente el 5% del PIB
mundial.

Aquella cifra situó por primera vez la corrupción como un problema de magnitud
macroeconómica y reflejaba, además, un consenso poco habitual entre organizaciones
internacionales y el mundo empresarial.

En 2014, la Comisión Europea publicó una estimación cercana al 1% del PIB de la Unión
Europea, la quinta parte de la anterior estimación mundial. En 2018, un informe del
Parlamento Europeo situaba la corrupción en los Estados miembros de la Unión Europea en el
4,8% de su PIB, dos días después Naciones Unidas publicó que la corrupción se llevaba el 5%
del PIB mundial, dos décimas más que en la Unión Europea, por ingeniería de ésta.

Las cifras difieren porque responden a metodologías y objetivos distintos. Sin embargo, todas
coinciden en un aspecto esencial: la corrupción no constituye un fenómeno marginal, sino una
realidad con una dimensión claramente macroeconómica.

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¿Qué implica para las mayores economías de Europa?
Las estimaciones oficiales adquieren una dimensión diferente cuando se trasladan desde el
plano agregado al análisis de las finanzas públicas nacionales.

La evaluación europea de 2018 no se limitó a ofrecer una cifra agregada para la Unión
Europea. También publicó estimaciones nacionales para cada uno de los Estados miembros.
Entre las cuatro mayores economías de la Unión, esas magnitudes ascendían al 4% del PIB
en Alemania, el 6% en Francia, el 8% en España y el 13% en Italia.

Entre 2010 y 2019, para no incluir el distorsionado año de 2020, la trayectoria de la deuda
pública habría sido sustancialmente distinta en las cuatro economías si restáramos estas cifras
de corrupción:

 En Alemania la deuda pública se habría
reducido desde el 58,7% al 18,7% del PIB.
 Francia: desde el 98,2% al 38,2%.
 Italia: desde el 133,9% al 3,9%.
 España: desde el 97,7% al 17,7%.

Estos tres últimos países no sólo no redujeron su deuda sino que tuvieron el mayor
incremento de este siglo.

Incluso incorporando el fuerte incremento del endeudamiento provocado por la reacción
política a la pandemia a partir de 2020, las trayectorias continuarían situándose muy por
debajo de los niveles actuales, generalmente habría supéravit fiscal acumulado en lugar de
deuda, pudiendo dar lugar a una fuerte reducción de los impuestos. En otras palabras, la
corrupción no sólo perjudica la economía actual, sino también el futuro, haciendo que las
actuales generaciones vivan peor que las de sus padres.

Una dimensión macroeconómica mucho mayor
La actualización más significativa de las estimaciones llegó en 2023. Naciones Unidas estimó
que aproximadamente el 25% del gasto público mundial se pierde como consecuencia de la
corrupción. Este cambio de criterio es sustancial porque relaciona la dimensión del gasto
público con la corrupción, siendo ésta mayor cuanto mayor sea el gasto y siendo la corrupción
menor cuando el gasto público es menor. Esta estimación induce a pensar que el
descontrolado aumento del gasto público de los últimos años se debe a la corrupción, es decir,
al enriquecimiento criminal de los políticos y de otras autoridades públicas.

En ese mismo informe, el gasto público mundial se situaba en torno a 13 billones de dólares,
mientras que el gasto público de la Unión Europea superaba los 8,2 billones de dólares,
aproximadamente dos tercios del gasto público mundial. El gasto público de 2022 en los
estados miembros de la Unión Europea fue de un 49,2% del PIB, por lo que aplicando el 25%
supondría un 12.3% del PIB, más del triple de la estimación europea de 2018.
La magnitud de estas cifras sitúa el problema por encima de las estimaciones referidas de
2018 en la Unión Europea.

Las estimaciones oficiales no son la única evidencia disponible. Sólo he podido identificar un
único estudio econométrico de gran escala sobre la dimensión macroeconómica de la
corrupción. Desarrollado en el seno del Eurosistema y publicado posteriormente en
International Economic Review, el estudio analiza datos administrativos correspondientes a
medio millón de empresas españolas durante el período 1995-2007.

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Sus conclusiones son especialmente relevantes porque no se limitan a cuantificar un coste
económico. El estudio muestra que la corrupción distorsiona la asignación de capital y trabajo
entre empresas, reduce la productividad e impide el crecimiento de las empresas más
eficientes. Además, estima que las empresas destinaron recursos equivalentes al 13,71% del
PIB al soborno (extorsión) de políticos. La investigación fue presentada previamente en 2015
ante representantes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y la OCDE, antes de

su publicación oficial al año siguiente.
En conjunto, las estimaciones oficiales y la evidencia econométrica apuntan en la misma
dirección.
¿Por qué importa ahora?
La cuestión resulta especialmente relevante porque Europa entra en un periodo caracterizado
por niveles estructuralmente elevados de deuda pública y por unos costes de financiación
previsiblemente superiores a los registrados durante la década anterior.

La deuda pública de la Unión Europea continúa situándose por encima del 80% del PIB,
mientras que el pago de intereses absorbe ya alrededor del 2,4% del PIB anual. Todo ello
ocurre precisamente en un momento en el que aumentan los gastos en defensa, transición
energética, transformación digital y envejecimiento demográfico, ejerciendo una presión
creciente sobre los contribuyentes.

Al mismo tiempo, las propias instituciones internacionales reconocen que las políticas
anticorrupción continúan mostrando importantes limitaciones. En 2026, la OCDE no sólo
señaló nuevas brechas normativas —la diferencia entre las normas aprobadas y los
estándares internacionales—, sino que identificó y cuantificó también una brecha de
cumplimiento: la inaplicación de esas normas por parte de los propios funcionarios públicos,
incluyendo a los políticos.

Ese diagnóstico resulta especialmente significativo en la Unión Europea. Tras casi tres años
de negociaciones y publicada al día siguiente de que la ONU hiciera pública que la corrupción
se lleva el 25% del gasto público, ha sido aprobada la reciente Directiva Anticorrupción. La
CEO de Transparency International publicó en Linkedin una crítica inusual: "EU member
states didn't just fail to be ambitious, in many cases they actively weakened the text." (Los
Estados miembros de la UE no sólo no fueron ambiciosos, sino que en muchos casos
debilitaron activamente el texto).

Según la propia documentación de las organizaciones internacionales, la corrupción perjudica
de muchas más formas la economía y la forma de vida de la gente, como se describirá en
artículos posteriores.
Los casos de corrupción conocidos son útiles para distorsionar las verdaderas consecuencias
de la corrupción.

¿Por qué las universidades, los medios (especialmente los económicos) y los propios
economistas mantienen unas teorías y análisis sin incluir la corrupción como variable
macroeconómica y como factor de decisión política?

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