Impacto España Noticias
La causa abierta en la Audiencia Nacional sobre una supuesta red organizada desde el entorno del PSOE para obtener información sensible contra jueces, fiscales, mandos policiales y adversarios políticos sigue avanzando y cada vez sitúa más cerca del foco judicial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Diversas fuentes jurídicas consideran que, conforme avance la instrucción liderada por el magistrado Santiago Pedraz, será complicado evitar que Sánchez termine siendo llamado a declarar, al menos en calidad de testigo.
El auto judicial que autorizó los registros realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluye numerosas referencias al presidente del Gobierno. En dicha resolución, el juez también acordó nuevas diligencias, solicitudes de información e imputaciones contra varios de los supuestos responsables de la trama investigada.
Aunque el procedimiento todavía se encuentra en una fase inicial, los primeros indicios apuntan a la existencia de una estructura organizada que habría operado, presuntamente, con respaldo económico y logístico del propio PSOE.
Estas revelaciones contrastan con las declaraciones realizadas anteriormente por Pedro Sánchez al ser preguntado por la implicación de Leire Díez. En aquel momento, el presidente aseguró: “Que me conste a mí, desde luego que no”, negando cualquier actuación vinculada al partido.
Uno de los elementos que más interés está despertando entre los investigadores son las referencias encontradas en dispositivos electrónicos incautados a distintos integrantes de la presunta organización.
En teléfonos móviles y ordenadores intervenidos a Leire Díez, al empresario Antxon Alonso y a otros investigados aparecen menciones recurrentes al “uno”, “one”, “jefe” o “superjefe”.
Según la investigación, varios miembros del grupo aseguraban a terceros que el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, les trasladaba que Pedro Sánchez conocía las actuaciones que estaban llevando a cabo.
Los mensajes y conversaciones incorporados a la causa reflejan que uno de los principales objetivos de la operación habría sido proteger políticamente al presidente del Gobierno y a su entorno más próximo.
La investigación también menciona a figuras estrechamente relacionadas con el entorno de confianza de Pedro Sánchez.
Entre los nombres citados figuran Juanma Serrano, exjefe de gabinete del presidente, y Juan Francisco Serrano, ambos vinculados políticamente al entorno de Santos Cerdán. El magistrado considera que existen indicios de posible colaboración con los investigados, aunque deja abierta la determinación de futuras responsabilidades penales.
Asimismo, el procedimiento judicial también hace referencia a Ion Antolín, exdirector de Comunicación del PSOE.
La presencia de personas que ocuparon cargos estratégicos dentro del núcleo político de Sánchez dificulta la estrategia mantenida desde Moncloa y Ferraz, orientada a desvincular al presidente de la presunta trama y limitar las responsabilidades exclusivamente al entorno de Santos Cerdán.
La investigación judicial también sitúa al PSOE como una pieza relevante dentro de la causa. Según los indicios recogidos por el juez, el partido habría facilitado apoyo estructural y logístico a las actividades desarrolladas por el grupo investigado.
Entre las actuaciones señaladas figura el supuesto pago de determinados gastos y la colaboración de dos trabajadoras de la Secretaría de Organización en la gestión de viajes y alojamientos.
Además, la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz habría acogido más de veinte reuniones relacionadas con actividades actualmente bajo sospecha judicial.
Esta misma semana, agentes de la UCO permanecieron cerca de doce horas en la sede socialista recopilando documentación y realizando distintos requerimientos.
Entre la información solicitada destacan los programas de cumplimiento normativo y prevención de delitos correspondientes a los años 2024 y 2025, así como la identificación de las personas responsables de supervisar dichos controles internos.
La relevancia de esta documentación podría resultar clave, ya que una eventual ausencia o deficiencia de esos mecanismos abriría la posibilidad de investigar al PSOE como persona jurídica.
El auto judicial sostiene además que una de las prioridades de la presunta organización era frenar investigaciones relacionadas con el entorno más cercano del presidente del Gobierno, especialmente aquellas que afectaban a miembros de su familia.
Ese posible objetivo aparece como uno de los ejes principales de la investigación y refuerza la tesis de varios expertos jurídicos que consideran probable una futura declaración de Pedro Sánchez dentro del procedimiento.
En caso de ser citado como testigo, el presidente podría acogerse a la posibilidad legal de declarar por escrito debido a su condición institucional.
No obstante, la Audiencia Nacional no puede investigarlo directamente, ya que Pedro Sánchez está aforado ante el Tribunal Supremo.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
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