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La investigación de las denominadas cloacas del PSOE ha situado a Ferraz ante un escenario inédito. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil busca las facturas, contratos y documentación interna que habrían servido para canalizar presuntos pagos a la exmilitante socialista Leire Díez, considerada por los investigadores una pieza clave en las maniobras dirigidas a obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez.
Según consta en los autos del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría puesto «a disposición de la trama criminal la propia estructura del partido».
El magistrado sostiene que la formación socialista asumió «desde sus inicios» los costes derivados de las actividades desplegadas por la organización investigada, cuyo objetivo habría sido presionar, amedrentar o desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO implicados en distintas investigaciones de corrupción.
La resolución judicial señala además que el partido habría facilitado medios materiales y humanos para el funcionamiento de la trama. Entre otras cuestiones, sostiene que Ferraz permitió el uso de sus instalaciones para reuniones, aportó personal para tareas administrativas y sufragó gastos logísticos de algunos de los investigados.
La gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, ya figura como investigada en la causa. El juez le atribuye un papel relacionado con la emisión de presuntas «facturas mendaces» que habrían servido para justificar transferencias económicas dirigidas a Leire Díez.
Durante el registro practicado en la sede socialista, los agentes tenían entre sus objetivos localizar toda la documentación relacionada con los pagos efectuados a Díez y a otros miembros de la red investigada, entre ellos el exdirigente socialista Gaspar Zarrías y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.
Uno de los documentos reclamados por la UCO fue el Programa de Cumplimiento Normativo del PSOE correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. Asimismo, los investigadores solicitaron identificar al responsable de velar por dicho sistema de control interno durante esos años.
La Guardia Civil también requirió información detallada sobre los procedimientos de autorización de gastos y pagos dentro del partido, incluyendo la identificación de todas las personas que participaron en la tramitación de las facturas bajo sospecha, así como su posición jerárquica dentro de la organización.
Fuentes jurídicas consultadas por distintos medios consideran que la petición de la documentación relativa al cumplimiento normativo constituye un paso previo habitual cuando se estudia la posible responsabilidad penal de una organización.
La investigación se encuentra todavía en una fase preliminar respecto a esa eventual decisión, pero la posibilidad de que el PSOE termine siendo imputado como persona jurídica ya forma parte de las hipótesis que manejan los investigadores.
De prosperar esa vía, sería el segundo procedimiento judicial que coloca a la formación de Pedro Sánchez bajo el riesgo de una imputación corporativa. El otro afecta a la investigación sobre el presunto descontrol de pagos en efectivo realizados desde Ferraz, una causa en la que también planean sospechas relacionadas con una posible financiación irregular.
Mientras tanto, el juez Pedraz sitúa a Santos Cerdán como la persona que habría autorizado los pagos a Leire Díez y como uno de los responsables de coordinar una estrategia destinada a neutralizar investigaciones judiciales y policiales que pudieran perjudicar al PSOE o al Gobierno. La evolución de las pesquisas determinará ahora si las responsabilidades individuales terminan extendiéndose también a la propia estructura del partido.
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