
La UCO irrumpe en el Ministerio de Justicia para obtener el expediente de nacionalidad del chavista Nervis Villalobos
Impacto España Noticias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentó en la sede del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para recoger el expediente completo de nacionalidad española del exviceministro venezolano Nervis Villalobos, figura clave del chavismo entre 2004 y 2006. La actuación responde a un requerimiento directo del juez Santiago Pedraz, instructor del conocido caso Leire.
El magistrado había ordenado a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil que remitiera no solo el estado actual de la solicitud, sino también todo el expediente tramitado, la identidad de los funcionarios que intervinieron y cualquier documentación adicional utilizada durante el proceso, incluida la procedente de Policía, Guardia Civil, Interior o incluso el CNI.


Pedraz exigió además un registro detallado de todos los accesos digitales realizados al expediente, con identificación de los usuarios.
La orden judicial se enmarca en la investigación sobre una presunta trama destinada a obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Según la información publicada, dicha red habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez, cuyas libretas —incautadas en el sumario— contienen referencias directas a Villalobos y anotaciones sobre su nacionalidad.
Supervisión in situ
El juez sospecha que Díez intentó gestionar una entrevista con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, o con alguien de su confianza, a petición del abogado Ismael Oliver, con el objetivo de facilitar la nacionalización del exviceministro venezolano. La UCO supervisó in situ la descarga de la documentación para garantizar la integridad del proceso y aclarar posibles irregularidades en el acceso al expediente.
El caso añade un nuevo frente a la ya compleja investigación sobre la supuesta “cloaca” del PSOE financiada con fondos públicos para interferir en causas judiciales sensibles, un asunto que continúa generando tensiones políticas y que mantiene a Pedraz en el centro del debate institucional.
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