Hora de rendir cuentas

España fue el segundo mayor beneficiario del plan de financiación Next Generation de la UE (NGEU), puesto en marcha en 2021 para ayudar a los Estados miembros a recuperarse de los confinamientos de la era pandémica.

Su asignación total fue de 163.000 millones de euros (190.000 millones de dólares, tras Italia, que recibió 194.000 millones de euros, o aproximadamente 226.000 millones de dólares), lo que permitió al socialista primer ministro Pedro Sánchez presentar un presupuesto récord para 2022, impulsado por los primeros 26.000 millones de euros (30.000 millones de dólares) de este histórico programa.

Sin embargo, desde el principio, la distribución española del dinero del NGEU, cuyo acceso depende de alcanzar objetivos de inversión fijados por Bruselas (la mayoría diseñados para promover la agenda verde de la UE), ha estado rodeado de polémica.

El último escándalo sobre el presunto uso indebido de estos fondos por parte de Madrid ha puesto de relieve una de las cuestiones más controvertidas del bloque: concretamente, la viabilidad de los planes de deuda mancomunada. Con las negociaciones ya en marcha sobre el próximo presupuesto de la UE, durante el cual comienzan los reembolsos del NGEU, el debate ha adquirido una urgencia mayor que nunca.

A principios de este mes, el Tribunal de Cuentas español (TCA) publicó un informe sobre las actividades de gasto del gobierno de Sánchez a lo largo de 2024. Su alegación más explosiva fue que 2.400 millones de euros (2.800 millones de dólares) fueron desviados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) —el principal instrumento de financiación del plan Next Gen— para cubrir pensiones de funcionarios. En total, se alega que Madrid redirigió unos 10.000 millones de euros (11.650 millones de dólares) del dinero de Bruselas para cubrir costos de bienestar social.

Madrid insiste en que desviar fondos de la UE destinados a inversión para cubrir costos presupuestarios es “rutinario y completamente legal”. Sorprendentemente, Bruselas ha respaldado esta afirmación. Raffaele Fitto, vicepresidente de la Comisión Europea para Cohesión y Reformas, sostiene que “podría ser posible que los Estados miembros utilicen temporalmente parte de la liquidez de los desembolsos del MRR para cubrir otras partidas presupuestarias” y que hacerlo no tendría “ningún impacto en la protección de los fondos de la UE”. Mientras la UE examina el informe de los auditores españoles, varios de los miembros más intransigentes del bloque han reaccionado con indignación ante su contenido.

“Si estas alegaciones se confirman”, dijo Tomáš Zdechovský, miembro checo del Partido Popular Europeo (PPE) de centro-derecha y del Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, “nos encontramos ante un grave abuso del dinero de los contribuyentes europeos”. Dirk Gotink, miembro neerlandés del PPE, dijo que, si fueran ciertas, las afirmaciones de los auditores españoles “confirmarían nuestros peores temores sobre estos fondos”. 

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Alice Weidel, líder de Alternativa para Alemania, publicó en X que “el dinero de los contribuyentes alemanes financia la mala gestión socialista en Europa”, mientras que Michael Jäger, presidente de la Asociación Europea de Contribuyentes, lo calificó de “escándalo de primer orden”.

Aunque el desvío de fondos de la UE hacia el fondo de pensiones de España haya sido legal, igual recalca los problemas causados por la falta de mandato fiscal de Sánchez. Su coalición minoritaria depende del apoyo de los caprichosos partidos independentistas de Cataluña y el País Vasco, y no ha podido aprobar un presupuesto desde 2023.

Los auditores citan esta parálisis fiscal en su informe, señalando que el plan de gasto prorrogado de 2024 “generó incertidumbre respecto a la aplicabilidad… de ciertas normas vinculadas a la gestión presupuestaria”. Para el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, el reiterado fracaso de Sánchez en aprobar presupuestos es inconstitucional — evidencia de su determinación de aferrarse al poder cueste lo que cueste.

La duración de su vacío presupuestario coincide con lo que el centro de análisis español Funcas denomina una “tendencia hacia disminución en la agilidad del gasto” en la ejecución española de los fondos del MRR. En 2022, año de ese históricamente abultado presupuesto de bienestar social, solo se desembolsó el 30% del dinero del NGEU de Madrid; en 2023, esa cifra cayó al 24,5%; y en 2024 al 22%. En julio de 2024, el TCA nombró a España como el gastador menos eficaz de los fondos de la UE y le exigió que devolviera o reembolsara aquellos que no se habían utilizado correctamente.

También hay preocupaciones sobre la falta de transparencia y la corrupción. Ya en febrero de 2023, Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, viajó a Madrid en un intento de determinar adónde iba el dinero del NGEU de España. La UE también está investigando la posibilidad de que los fondos del MRR hayan sido malversados en relación con el escándalo de corrupción del Koldo, en el que dos exaliados de Sánchez están acusados de recibir comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia (los juicios han concluido y se espera un veredicto en las próximas semanas).

Esto no es solo un asunto interno. El informe de los auditores españoles ha llegado en un momento difícil para las finanzas europeas, con el presupuesto actual del bloque, o Marco Financiero Plurianual (MFP), que expira en 2027. 

En el próximo MFP, que cubrirá el período 2028-2034, está previsto que comience el reembolso de la deuda de 750.000 millones de euros (874.000 millones de dólares) emitida en los mercados internacionales para financiar el plan NGEU (los bonos seguirán venciendo hasta 2058, garantizando a la próxima generación de contribuyentes europeos una carga financiera, si no otra cosa). España es uno de varios miembros que desean retrasar lo inevitable.

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Para el ministro de Economía español Carlos Cuerpo, el NGEU es un modelo de cómo debería funcionar el bloque en el futuro. Recientemente ha abogado por la emisión conjunta de deuda de la UE a largo plazo, alegando que supondría un ahorro anual de 25.000 millones de euros. Cuerpo cuenta con el respaldo de Francia y Grecia, ambas de las cuales también apoyan más deuda mancomunada o el aplazamiento de los reembolsos del NGEU.

El mes pasado, el presidente francés Emmanuel Macron calificó de “idiota” comenzar a reembolsar 25.000 millones de euros (29.000 millones de dólares) anuales a partir de 2028, mientras que su homólogo griego Kyriakos Mitsotakis preguntó retóricamente: “¿Qué sentido tiene ahora devolver el Fondo de Recuperación, recortando así el presupuesto de los próximos seis años, cuando no tenemos ninguna razón para hacerlo…?”

He aquí dos razones para hacerlo: 1) que los bonos que financiaron las subvenciones “no reembolsables” del NGEU comienzan a vencer en 2028; y 2) que existen preocupaciones de que grandes porciones de este dinero han sido malgastadas o no gastadas en absoluto. Según el TCA, solo aproximadamente la mitad de los fondos del NGEU pagados a los gobiernos nacionales han llegado a sus destinatarios finales. Increíblemente, hay confusión sobre qué cuenta como “destinatario final”, ya que algunos Estados miembros lo interpretan como empresas o entidades públicas (sin duda correctamente), y otros lo entienden como los departamentos gubernamentales responsables de desembolsar los fondos —o, en muchos casos, de simplemente retenerlos—.

El TCA afirma que el plan Next Gen ha tenido prácticamente cero impacto en las economías europeas y que la “ausencia de una fuente fija de financiación de la UE ” ejercerá una enorme presión sobre los futuros presupuestos de la UE.

Luego está la proliferación del fraude en el sector privado. A finales del año pasado, la Fiscalía Europea (EPPO) había iniciado 518 investigaciones vinculadas al MRR, lo que representa casi una cuarta parte de sus casos totales. La EPPO estima el perjuicio para las finanzas de la UE en 5.000 millones de euros (5.800 millones de dólares), siendo el fraude en la contratación pública el delito más común, facilitado típicamente por la falsificación de facturas o contratos.

Pasarán varios años más antes de que pueda evaluarse adecuadamente la eficacia del programa NGEU. La evidencia hasta ahora, sin embargo, indica que la burocracia, el bloqueo político y la corrupción han diluido gravemente su impacto económico. El enfoque inmediato de la UE debería estar en elaborar un programa de reembolso sostenible, no en canalizar más deuda financiada conjuntamente hacia destinos desconocidos.

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