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La jueza de Montoro que instruye el accidente de Adamuz, donde perdieron la vida 46 personas y resultaron heridas más de 120, ha calificado por primera vez los hechos como «presuntos delitos de homicidio y de lesiones imprudentes».
La magistrada Cristina Pastor apunta en su último auto a que estos presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes implicarían «negligencia o falta de cuidado con posibles responsables y condenas por los hechos».
En su providencia, fechada el 10 de junio de 2026 en Montoro, la instructora rechaza «en forma y fondo» los motivos por los que se pide la recusación de los peritos nombrados por el juzgado para la investigación del accidente, en respuesta a la petición formulada por el abogado de una de las víctimas del siniestro.
Con este auto, la investigación entra en el siguiente nivel: el tratamiento penal de la tragedia y su responsabilidad. Las diligencias de homicidios y lesiones imprudentes comportarían que ciertas actuaciones habrían concurrido en las causas del accidente.
La posible o posibles responsabilidades pasarán indudablemente por el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y los posibles problemas o deficiencias que son los que ocasionaron en primer lugar el descarrilamiento del primer tren y posteriormente el impacto del segundo que terminó con el Alvia fuera de su vía.
La investigación judicial sobre lo sucedido aquella noche trágica de enero en la localidad cordobesa se alargará hasta 2027, puesto que el informe definitivo encargado por la jueza llevará a los peritos designados unos nueve meses. Los expertos señalan la complejidad del trabajo y estiman que tendrá un coste de unos 250.000 euros.
Según recogía el escrito al juzgado, se prevé desarrollar el dictamen «en un periodo de nueve meses, contados a partir de la recepción de toda la documentación necesaria que forma parte de los archivos del procedimiento». Sin embargo, dicho plazo podrá acomodarse «en el tiempo a las necesidades del juzgado».
El informe de los peritos es independiente de los trabajos realizados por la Guardia Civil y la investigación de la Comisión de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Los técnicos designados por el juzgado de Montoro calculan que necesitarán más de 1.500 horas para realizar todo el trabajo, desde el análisis de la documentación, a la revisión de pruebas y ensayos. El objetivo es contar con un dictamen definitivo que confirme la principal hipótesis con la que se trabaja: el origen del siniestro estuvo en la rotura de la vía, y así depurar responsabilidades, tal y como exigen las víctimas.
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