Los jueces sospechan que Pedro Sánchez se atrincherará en el Congreso si llega a ser imputado

El desarrollo de causas como la del caso Leire y la posibilidad de que el presidente del Gobierno acabe imputado han dejado de ser una hipótesis impensable para convertirse en algo muy real. De todos los procesos que rodean al Ejecutivo, el que se centra en las actividades de la fontanera del PSOE es el que más amenaza el futuro procesal de Pedro Sánchez, debido a las sospechas sobre su conocimiento de las actividades de la red.

Como aforado, el jefe del Ejecutivo cuenta, no obstante, con una protección especial. Solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo que, además, debe solicitar autorización previa al Congreso de los Diputados.

La ley establece en los artículos 750 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el juez o tribunal que encuentre méritos para procesar a un senador o diputado por causa de delito, se abstendrá de dirigir el procedimiento contra él si las Cortes estuvieren abiertas, hasta obtener la correspondiente autorización del Cuerpo Colegislador al que pertenezca.

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No obstante, el senador o diputado podrá ser detenido y procesado sin la autorización si es sorprendido "in fraganti" cometiendo delito. Incluso en ese caso, la comunicación del tribunal a las Cortes debe realizarse en un plazo máximo de 24 horas.

Para activar el trámite, el tribunal competente debe dirigirse al Congreso a través de su presidenta. Desde ese momento y como establece el Reglamento de la Cámara Baja, la solicitud pasa el filtro de la Mesa, que debe remitirlo, en el plazo de cinco días, a la Comisión del Estatuto de los Diputados que estudia el caso concreto, da audiencia al afectado y emite un dictamen. En última instancia, la votación queda en manos de un Pleno que se celebra a puerta cerrada. La decisión se adopta por mayoría simple.

Hay dos vías para que un suplicatorio se considere denegado. Además de la votación del Pleno y la posibilidad de que el rechazo sume a más diputados que la aceptación, el suplicatorio no se acepta si la cámara no se pronuncia en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio. El Ejecutivo y sus socios cuentan con mayoría en la Mesa, presidida por Francina Armengol, e integrada por cinco diputados del PSOE y Sumar de los nueve que la componen.

El antecedente de Ábalos

El suplicatorio más sonado de los tramitados en esta legislatura fue el de José Luis Ábalos, investigado por el Supremo en el marco de la trama Koldo. El caso ya levantó expectación por la vinculación del exministro con el PSOE, su partido, en el que ocupó el cargo de secretario de Organización. El trámite transcurrió entonces sin sorpresas y fue aprobado por unanimidad y el respaldo de los 345 diputados, incluidos los socialistas y los miembros de Sumar.

Esta teoría, repetida de forma constante, serviría para justificar un rechazo a que se investigue a Sánchez si llega a darse el caso, apuntan diferentes fuentes jurídicas consultadas. Hasta ahora el Congreso ha aprobado 33 suplicatorios y ha rechazado 14. La última negativa del Congreso se remonta a 1988.

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