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La regularización extraordinaria de inmigrantes apenas tendrá impacto sobre la financiación futura de las pensiones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que esta medida aportará únicamente 0,03 puntos del PIB en ingresos por cotizaciones en promedio entre 2022 y 2050.
El organismo define esta contribución como «muy moderada» y advierte de que la incertidumbre asociada a la estimación es elevada, dado que todavía se desconoce cuántos inmigrantes solicitarán acogerse al proceso, cuál será la tasa de aceptación de los expedientes o cuántos trabajadores pasarán desde la economía sumergida hacia empleos formalizados.
La regularización extraordinaria aparece en las tablas generales con un impacto del 0,0% del PIB debido al redondeo utilizado por la AIReF. Sin embargo, el organismo desarrolla posteriormente una estimación específica para esta medida y concluye que, bajo determinados supuestos, su aportación a los ingresos por cotizaciones será de apenas tres centésimas del PIB en promedio hasta 2050.
INFORME DE LA AIREF
La principal fuente adicional de ingresos identificada por la autoridad fiscal se encuentra en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cotización adicional introducida por la última reforma de las pensiones y sufragada por trabajadores y empresas. Según las proyecciones de la AIReF, este recargo sobre las nóminas aportará un 0,4% del PIB en promedio entre 2022 y 2050, convirtiéndose en la medida con mayor capacidad para reforzar la financiación del sistema público.
La diferencia entre ambas medidas es significativa. El impacto atribuido al MEI multiplica por más de 13 el efecto estimado para la regularización extraordinaria, lo que sitúa a las mayores cotizaciones soportadas por empresas y asalariados como uno de los principales pilares del refuerzo financiero diseñado en la reforma de las pensiones.
La evolución de las bases máximas de cotización y la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos aportarán igualmente 0,3 puntos del PIB cada una. Las transferencias del Estado a la Seguridad Social añadirán otras tres décimas, mientras que la cotización adicional de solidaridad y las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional contribuirán con una décima del PIB respectivamente.
En conjunto, la AIReF estima que todas las medidas aprobadas desde 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones generarán una aportación media equivalente a 1,6 puntos del PIB entre 2022 y 2050. Una cuarta parte de ese refuerzo procederá exclusivamente del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
El informe también subraya las dificultades metodológicas para aislar el efecto de las reformas laborales y migratorias aprobadas durante los últimos años. La institución señala que el análisis se desarrolla en un contexto marcado por la pandemia, la crisis energética, el episodio inflacionista derivado de la guerra en Ucrania, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, las medidas comerciales impulsadas por Estados Unidos y la intensa afluencia de inmigrantes registrada en los últimos ejercicios.
Precisamente, la AIReF reconoce que la llegada de población extranjera durante los últimos años ha llevado a revisar al alza las previsiones demográficas y de crecimiento económico para la próxima década. La mayor disponibilidad de población en edad de trabajar permite mejorar las perspectivas del PIB real y nominal y sitúa las nuevas previsiones de crecimiento por encima de las contempladas en el Informe de Envejecimiento utilizado como referencia para aplicar la regla de gasto de las pensiones.
Sin embargo, la autoridad fiscal distingue entre el efecto económico derivado del aumento de la población y el impacto específico de la regularización extraordinaria actualmente en marcha. Mientras la fuerte entrada de inmigrantes contribuye a elevar las perspectivas de crecimiento, el proceso extraordinario de regularización apenas modifica las previsiones de ingresos del sistema de pensiones.
La AIReF recuerda además que la medida se encuentra todavía en fase de aplicación y que el resultado final dependerá de factores todavía desconocidos, como el número de solicitudes presentadas, el porcentaje de expedientes aprobados o la situación laboral previa de los potenciales beneficiarios. Por ello, considera que las estimaciones deberán revisarse a medida que exista una mayor evidencia empírica sobre el desarrollo del proceso.
La institución presidida por Cristina Herrero insiste en que las conclusiones del informe ratifican las ya expresadas en 2025 y sostiene que el cumplimiento de la regla de gasto de las pensiones es compatible con una evolución creciente de la deuda pública. En este escenario, estima que el endeudamiento alcanzará el 123% del PIB en 2050 y calcula que las transferencias implícitas procedentes del resto de fondos de la Seguridad Social y de la Administración Central deberán aumentar hasta alcanzar el 3% del PIB para financiar el incremento previsto del gasto asociado al envejecimiento.
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