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La investigación judicial en torno a las presuntas tramas de corrupción que salpican al panorama político nacional ha dado un giro tan inesperado como escandaloso estos días. Los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encuadrados en la delincuencia económica, arrojan luz sobre una supuesta operación orquestada desde la sombra para desviar la atención de los tribunales.
Según los documentos policiales a los que se ha tenido acceso, el objetivo prioritario de estas maniobras en causadas en el conocido como ‘Caso Leire’ no era otro que proteger a figuras clave del entorno socialista, concretamente en este caso al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García, señalados por los investigadores como presuntos «cabezas de turco».
El epicentro de esta nueva ramificación del caso se sitúa en un presunto intento de alterar o condicionar un testimonio judicial fundamental para el devenir de la causa. Las pesquisas apuntan a que, mediante promesas de cuantiosas compensaciones económicas y laborales, personas vinculadas supuestamente a la órbita de Ferraz intentaron silenciar los detalles de las millonarias entregas de dinero en efectivo vinculadas al sector de los hidrocarburos. Con la conocida como fontanera del PSOE Leire Díez detrás supuestamente de la trama para los presuntos pagos.
La trama de este presunto intento de compra de voluntades comenzó a fraguarse a mediados del año 2024. Las actuaciones de la Guardia Civil detallan de manera precisa las declaraciones en sede policial de dos testigos clave en este entramado: María del Carmen Pano Sánchez y Álvaro Gallego García. Pano, quien conocía los entresijos de las operaciones bajo sospecha por su dilatada experiencia en el ámbito empresarial de los hidrocarburos, entró en contacto ese verano con la abogada Leticia de la Hoz tras una serie de recomendaciones profesionales.
Aquel primer encuentro formal en el céntrico despacho de la firma Ideo Consultants SL, ubicado en la emblemática calle Serrano de Madrid, marcaría el inicio de una serie de presiones que arreciaron meses después.
A principios de febrero de 2025, concretamente dos semanas antes de que los testigos tuvieran que comparecer en sede judicial, los intermediarios del bufete activaron la maquinaria de persuasión. Pano y Gallego fueron convocados de urgencia hasta en cuatro ocasiones en las oficinas de Serrano.
Según consta en los extractos de las actas de manifestación, en estas reuniones secretas, celebradas siempre en horario vespertino a partir de las cinco de la tarde, tanto De la Hoz como su socio principal en el despacho, Ángel Fernández Prieto, ejercieron como los directores de una delicada coreografía verbal, para la supuesta compra
En un primer momento, los letrados explicaron de forma nítida que existía «gente del partido, gente del PSOE» sumamente interesada en modificar la percepción pública y jurídica de los hechos. El propósito manifestado sin ambages por los abogados, ante el asombro inicial de los comparecientes, consistía textualmente en «salvar el culo a Ábalos y a Koldo». Para lograr este blindaje judicial, la propuesta pasaba necesariamente por que los testigos «echaran por tierra» todo lo que previamente había trascendido a los medios de comunicación y reescribieran la historia de lo acontecido en las visitas a la sede socialista de la calle Ferraz.
La estrategia de los intermediarios consistía en un burdo intercambio de cromos procesales. La premisa que el despacho de abogados quería instalar en el sumario penal requería que tanto Pano como Gallego declararan ante el juez instructor que sus visitas a Ferraz se limitaron exclusivamente a «la entrega de documentos» institucionales o corporativos, desterrando de forma tajante cualquier alusión a bolsas o sobres con fajos de billetes.
La versión oficial que se pretendía imponer dictaba que los testigos debían asegurar que desconocían por completo el contenido de los sobres, describiéndolos si acaso como «un sobre blanco cerrado metido dentro de otra bolsa».
El plan de defensa diseñado por el entorno de Ideo Consultants contemplaba un enemigo único y perfectamente definido: el empresario Víctor de Aldama. La consigna transmitida a los testigos era que debían situar de manera inequívoca toda la responsabilidad de la recepción del dinero en efectivo procedente del fraude de los hidrocarburos sobre los hombros de Aldama, retratándolo como el «malo» de la película y el único y último beneficiario de las comisiones ilegales.
De esta forma, al diluir el rastro del dinero en efectivo que supuestamente entró en la sede nacional del partido, se conseguía quitar la asfixiante presión judicial que amenazaba con derrumbar el entorno de Ábalos.
Una vez planteado el escenario, los abogados instaron a los testigos a ponerle precio a su colaboración forzosa. En la tercera reunión, las demandas económicas de los implicados quedaron fijadas sobre la mesa de juntas: Carmen Pano solicitó 25.000 euros en efectivo para sufragar los gastos de la boda de su hija, Leonor María González Pano, y una ayuda mensual de entre 2.500 y 2.800 euros para costear el alquiler de su vivienda familiar, ya que carecía de ingresos estables en ese momento. Por su parte, Álvaro Gallego reclamó la cantidad de 15.000 euros destinados a la adquisición de un vehículo particular.
La respuesta definitiva llegó el viernes 14 de febrero de 2025, durante la cuarta y última reunión en el despacho de Serrano, un encuentro que se prolongó de forma tensa hasta pasadas las nueve de la noche. En esa ocasión, mientras Leticia de la Hoz permanecía reunida en la sala de juntas grande con Manel Sallés, fue su socio Ángel Fernández Prieto quien asumió el protagonismo en la sala pequeña. El letrado confirmó a los testigos que los emisarios políticos «habían aceptado todo» sin pestañear.
Ante las lógicas dudas de los testigos sobre cómo se iba a camuflar legalmente la entrada de semejante flujo de capitales, el abogado Fernández Prieto les pidió total tranquilidad, asegurándoles que el propio bufete se encargaría de la ingeniería financiera necesaria. Los fondos comprometidos se camuflarían a través de la instrumentalización de un contrato laboral simulado para Carmen Pano como supuesta trabajadora o mediante opacos contratos de intermediación empresarial.
A pesar de tener el pacto económico aparentemente cerrado y amarrado por las dos partes, el plan de silencio saltó por los aires en el último suspiro debido a un imprevisto legal. El lunes 17 de febrero, a solo veinticuatro horas de la primera comparecencia prevista, Carmen Paño decidió realizar una consulta confidencial con su propio abogado de confianza, el reputado jurista Salvador Francisco Javier Gómez Bermúdez. El consejo profesional del letrado fue tajante: bajo ningún concepto debían aceptar los términos de la propuesta ni cometer un presunto delito de falso testimonio para amparar los intereses de terceros.
Haciendo caso a la recomendación de Gómez Bermúdez, los testigos acudieron a los tribunales decididos a no cumplir el guion preestablecido por Ideo Consultants. Aunque la citación inicial en el Tribunal de Instancia sufrió un aplazamiento forzoso de un mes, la primera prueba de fuego real tuvo lugar poco después ante el Tribunal Supremo, en la señalada jornada del 25 de febrero de 2025.
Durante aquella trascendental comparecencia judicial, las declaraciones de los testigos fueron plenamente ajustadas a la realidad histórica del caso. Pano ratificó con absoluta firmeza ante los magistrados la entrega de dinero en efectivo en la propia sede central del PSOE en Ferraz.
La reacción del despacho que pilotaba la estrategia de defensa de Koldo García no se hizo esperar. Al comprobar en la misma sala del Tribunal Supremo que la testigo no se plegaba a las directrices de la formación política, Leticia de la Hoz estalló.
Tras la finalización de la jornada judicial, la abogada telefoneó de inmediato a Álvaro Gallego para cortar de forma drástica y definitiva cualquier tipo de relación personal y profesional. Con un contundente mensaje de reproche, la letrada les advirtió textualmente que se olvidaran «de ella, de ese despacho y de esa dirección», certificando así el ruidoso fracaso de una operación encubierta que ahora la UCO ha puesto negro sobre blanco en manos de la Audiencia Nacional.
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