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La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación contra 16 personas en el caso Tito Berni, una causa que investiga una supuesta red de corrupción que habría actuado en Canarias entre 2020 y 2021 aprovechando contactos políticos y administrativos para obtener beneficios económicos. El Ministerio Público reclama penas que alcanzan los ocho años de prisión para algunos de los principales procesados.
Entre los acusados se encuentran el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni; el exdirector general de Ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes; y el general de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Según el fiscal Jaime Serrano-Jover González, todos ellos habrían desempeñado funciones concretas dentro de una estructura organizada que ofrecía supuestas soluciones administrativas y acceso a contratos públicos a cambio de contraprestaciones económicas.
El escrito sostiene que el empresario y mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte era el encargado de captar clientes entre empresarios de los sectores agrícola, ganadero y energético. Una vez establecidos los contactos, se les prometía ayuda para resolver expedientes, acceder a subvenciones o conseguir adjudicaciones públicas. A cambio, debían realizar pagos, algunos de ellos dirigidos a la Asociación Deportiva La Vega de Tetir, presidida entonces por el exparlamentario socialista.
Uno de los episodios recogidos por la acusación afecta al administrador de la empresa láctea Biogranja Montesdeoca SL. De acuerdo con el relato del fiscal, Taishet Fuentes habría facilitado información reservada sobre un expediente sancionador abierto contra este empresario por presuntas irregularidades en subvenciones públicas.
Posteriormente, el mediador se habría puesto en contacto con él para ofrecerle sus servicios. La investigación apunta a que el empresario realizó diversos pagos, tanto a la cuenta de la asociación deportiva como a la pareja de Navarro Tacoronte.
La Fiscalía considera que la tramitación del expediente sancionador se ralentizó deliberadamente hasta que finalmente la infracción prescribió, evitando así la imposición de una multa cercana a los 100.000 euros. A juicio del Ministerio Público, los responsables administrativos disponían de herramientas suficientes para haber impulsado el procedimiento, pero no lo hicieron.
La causa también incorpora numerosos mensajes y conversaciones telefónicas en las que aparecen referencias a pagos efectuados por distintos empresarios. Asimismo, el escrito describe varios episodios relacionados con la contratación de servicios de prostitución, cuyos gastos, según la acusación, eran sufragados presuntamente por empresarios interesados en obtener favores administrativos.
Para encubrir determinados desembolsos, el administrador de la mercantil Hispano Robysa SL habría emitido varias facturas supuestamente falsas bajo conceptos genéricos de asesoramiento. Algunas de esas facturas llegaron incluso a incorporarse a la contabilidad fiscal de determinados empresarios, mientras que otras, según el fiscal, estaban preparadas para ser utilizadas.
La acusación también detalla presuntas estafas cometidas contra ganaderos de Fuerteventura, a quienes se ofrecían soluciones para regularizar expedientes administrativos que, en realidad, no podían resolverse. En uno de los casos investigados, un ganadero entregó 6.600 euros en efectivo sin obtener posteriormente ninguna gestión efectiva.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita para Juan Bernardo Fuentes y Taishet Fuentes seis años de prisión por un delito continuado de cohecho, además de doce años de inhabilitación para empleo o cargo público y otros dos años de cárcel por pertenencia a grupo criminal. Para el general Francisco Espinosa reclama un año de prisión por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Únicamente uno de los empresarios investigados se ha beneficiado de una atenuante por colaboración con la Justicia, lo que ha reducido significativamente la pena interesada en su contra.
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