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De cumplir íntegramente su pena, el exministro José Luis Ábalos saldría de prisión a los 82 años. La condena del Tribunal Supremo fija 24 años entre rejas, pero con un límite máximo efectivo de cumplimiento de 16 años y medio. Koldo García ha sido condenado a 19 años y solo cumplirá un total de 15. Las defensas de ambos, no obstante, confían en anular acudiendo al Tribunal Constitucional, donde alegarán indefensión y vulneración de derechos fundamentales para forzar la nulidad total o parcial del juicio.
Una vez conocida la sentencia, ya se han puesto a trabajar en ese recurso. Es la única vía que les queda, al haber sido condenados en última instancia por el Supremo. Ese recurso aludirá a diversas situaciones que se produjeron durante la fase de instrucción y de juicio oral, empezando por la famosa carta de Ábalos que fue interceptada en la Comunidad Valenciana por agentes de la Guardia Civil.
En noviembre de 2023, Koldo y Ábalos utilizaron al hermano del primero, Joseba García Izaguirre, como correo. Le pidieron que llevara un sobre con documentos para el aún diputado del Congreso. En el sobre habían escrito el nombre de Ábalos.
La furgoneta de Joseba fue detenida en un control de tráfico. Un operativo del Grupo de Acción Rápida (GAR), la unidad antiterrorista de la Guardia Civil, se había preparado por indicación de los investigadores de la UCO. Sabían, por las conversaciones intervenidas al exasesor, que se iba a producir algún tipo de intercambio relevante para la investigación. Sin embargo, en el sobre, tan sólo se halló el informe del Tribunal de Cuentas sobre el expediente de compra de mascarillas en Transportes.
El hecho de que fuese un documento de fácil acceso, tal y como la UCO refrendó ante el Supremo, hizo pensar a los investigadores que aquella maniobra había sido una trampa precisamente para intentar boicotear la investigación al afectar a las comunicaciones de un diputado aforado.
El asunto ya fue planteado por la defensa de Ábalos ante el Tribunal Constitucional. Alegaron que «la función representativa del recurrente como diputado no se ha visto afectada por ser investigado por la Guardia Civil antes de haber sido solicitado y obtenido su suplicatorio». Sin embargo, la defensa de Ábalos y la de Koldo pretenden insistir en ello una vez finalizado el proceso.
Pero no es el único punto que la defensa de ambos condenados en firme busca presentar ante el Constitucional. También van a recuperar incidentes de nulidad previos presentados por sus abogados, como el que apunta a la extralimitación del suplicatorio al Congreso.
En síntesis, el Supremo solicitó permiso para investigar a Ábalos por la compra de mascarillas, pero según entiende su defensa, eso se amplió para investigar los enchufes a mujeres —Jésica Rodríguez y Claudia Montes— en empresas públicas. Extremo que no se planteó en ese suplicatorio.
La presunta indefensión y vulneración de los derechos fundamentales con la que Ábalos y Koldo acudirán al Constitucional también alude a la «retención indebida» de la causa en el Supremo una vez que el diputado dejó su condición de aforado. Según entienden, la causa debió ser devuelta a la Audiencia Nacional, de forma que el proceso se habría alargado —casi seguramente aún estuviera en fase de instrucción— y, ante una previsible condena, cabría aún recurrir ante el Supremo. Entienden las defensas que se les ha privado de una instancia.
Además, la defensa de Koldo denunció una desigualdad de armas «radical, estructural e insuperable» durante el juicio, señalando que se vieron obligados a litigar simultáneamente en la Audiencia Nacional solo para poder acceder a determinadas pruebas tecnológicas que la acusación iba a utilizar en el juicio del Supremo. Eso, dicen, les forzó a afrontar la vista oral ejerciendo una «defensa a ciegas».
Las posibilidades de éxito de esos recursos de amparo ante el Constitucional son inciertas. El bloque progresista del Órgano de Garantías es mayoritario frente al conservador, con siete miembros frente a cinco, algo que no garantiza el éxito del recurso.
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