El 10 de mayo de 2024 el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero firmaba con Mariano Uldarico Martín Carranza, de la empresa Focus Social Research SAC, un contrato de asesoría por el que Zapatero se embolsaría 200.000 euros anuales más unas dietas diaria de 10.000 euros sin salía de viaje y, aparte, gastos pagados, como aviones, hoteles, traslados, etc…
Los 10.000 euros debían servirle al ex presidente para desayunar, comer y cenar. El contrato está incluido dentro de la investigación realizada por la UDEF de Policía Nacional al ex presidente del Gobierno.
El objeto de este contrato fue la contratación del presidente Zapatero ante las más altas instancias del gobierno de Bolivia y lograr una sentencia favorable a una empresa minera peruana en un litigio de 107 millones de dólares. Finalmente, el Tribunal Constitucional de Bolivia dictó sentencia favorable a una empresa del Grupo Gloria, Soboce, que era el contratador real de los servicios de Zapatero, según el informe de la UDEF.
La primera manifestación del contrato, al que ha tenido acceso IEN, recoge que «José Luis Rodríguez Zapatero es una persona física con capacidad de prestar servicios de asesoramiento general, en materia de posicionamiento estratégico y desarrollo de proyectos, especialmente en el ámbito internacional. La empresa se presenta como una «mercantil que tiene por actividad blindar servicios de diseño y elaboración de estudios de investigación cuantitativo, cualitativo y psicométrico para el desarrollo y ejecución de estrategias de comunicaciones, publicidad y mercadeo (…)».
La cláusula segunda del contrato recogía la vigencia del mismo, desde el 10 de mayo de 2024 hasta el 9 de mayo de 2025. Por el mismo, Zapatero cobraría 200.000 euros anuales, repartidos en el 50% a la firma del contrato, 25% seis meses después y otro 25% a la finalización del contrato.
La cláusula tercera contiene un apartado dedicado al concepto de dietas: «En el caso de que en el desarrollo de sus funciones el asesor tenga que viajar o participar en actividades en el extranjero, la compañía le abonará una dieta de 10.000€ diarios, y abonará todos los gastos relacionados con el viaje (desplazamientos en business, alojamiento, manutención y cualquier gasto que pueda surgir)».
La cláusula cuarta recogía que «cualquier relación comercial o de clientela y cuanta información, datos, documentos u otros elementos de utilidad comercial o de otro tipo para el desarrollo de las actividades de la compañía, resulten de la prestación de los servicios por el asesor, así como los soportes fijos en que se recojan, serán titularidad de la compañía, incluso después de la terminación del presente contrato por cualquier causa».
El contrato está recogido en el último informe de la UDEF relativo a la Causa Plus Ultra y entregado al juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.
Entre las conclusiones de los investigadores de Policía Nacional consta que «los hechos analizados en el presente informe apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes».
La pista para indagar sobre este contrato la dio el propio Rodríguez Zapatero cuando se negó a declarar ante el juez Calama el pasado 17 de junio acerca del origen de un ingreso de 200.000 euros de una desconocida empresa peruana, Focus Social Research. La Policía sospecha que fue por ejercer labores de intermediación ante el gobierno de Bolivia en favor del Grupo Gloria, un grupo minero condenado a pagar 107 millones de dólares por una sentencia del país andino.
Los investigadores creen que «en el marco de esta presunta organización criminal, la secretaria de Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar Jiménez, tendría un papel relevante, a tenor de la información recabada de sus terminales móviles, constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, la agenda de Rodríguez Zapatero en relación al referido ejercicio de influencias y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos».
La cuestión es que el ejercicio de dichas influencias «sería remunerado por los clientes de la organización criminal simulando servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos». Así el 9 de mayo de 2024 la secretaria de Zapatero enviaba un contrato de asesoría a Carmen Almendras, de la consultora Kreab Bolivia, un borrador de contrato (09/05/2024). El mismo contrato que sería firmado por Mariano Uldarico Martín Carranza Gonzales, representante de Focus Social Research SAC.
Lo que nadie se explica es por qué la secretaria de Zapatero envió el borrador de ese contrato a alguien de la consultora Kreab ni por qué durante esta negociación previa «Carmen Almendras la pone en contacto con Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del Grupo Gloria. En este punto, Gertrudis Alcázar le solicita la versión definitiva del contrato a Ana María Ospina, no a Carmen Almendras, de lo que se desprende que el papel de Almendras como mera intermediaria (11/05/2024)», según la UDEF.
Es decir, que el visto bueno a ese contrato lo habría dado el Grupo Gloria, no Focus Social Research. La cuestión era que el Grupo Gloria peleaba en Bolivia contra una sentencia desfavorable contra la empresa Soboce, una de las filiales del Grupo, condenada a pagar 107 millones de dólares por competencia desleal.
Dos días más tarde, el 13/05/2024, se producía una sucesión concatenada de hechos entre Gertrudis Alcázar y Ana María Ospina: «Ana María Ospina remite a Gertrudis Alcázar la versión definitiva del contrato de asesoría. Ana María OSPINA se persona en la oficina de Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar le remite una factura por importe de 100.000 euros justificada a través del contrato de asesoría y Ana María Ospina le remite el contacto del presidente del Grupo Gloria, Claudio Rodríguez Huaco, “para el presidente” Zapatero».
Poco después de la firma del contrato, un mes más tarde, «se comienza a organizar un futuro viaje de Rodríguez Zapatero a Bolivia, entones Gertrudis Alcázar reclama a Carmen Almendras la firma del contrato de asesoría y el abono de la factura (24/06/2024).
«Unos días más tarde, 28/06/2024, Focus Social Research ordena una transferencia por importe de 100.000 euros a favor de José Luis Rodríguez Zapatero y a continuación, el 02/07/2024, Ana María Ospina vuelva a personarse en la oficina del presidente en calle Ferraz», continúa el informe de la UDEF. Es decir, que el contrato se cumplía.
El documento de la UDEF recoge que «Tras varios contactos con la ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada Tejada, y la jefa de Gabinete del presidente de Bolivia, Fabiola Consuelo Salazar Calle, Gertrudis Alcázar obtiene confirmación de la reunión prevista entre el presidente de Luis Alberto Arce Catacora y José Luis Rodríguez Zapatero (confirmada el 11/09/2024) y el ministro de Economía de Bolivia, Marcelo Montenegro Gómez Carcía (confirmada el 13/09/2024). Ambas reuniones tendrían lugar en Bolivia el 15/09/2024″.
Es decir, al menos, en concepto de dietas Zapatero habría cobrado 10.000 euros por un día de viaje en Bolivia, si el contrato se cumplió a rajatabla.
Precisamente el 13/09/2024, Gertrudis Alcázar, «a instancias de José Luis Rodríguez Zapatero, solicita a Carmen Almendras una actualización sobre el tema de Soboce (“me indica el Presidente que me envíes una actualización del tema Soboce”), respondiendo Almendras de manera inmediata, remitiendo un archivo dando cuenta de varias alternativas posibles para la solución del problema.
Semanas después del viaje de Rodrríguez Zapatero a Bolivia y de sus reuniones al más alto nivel con autoridades de dicho país (07/10/2024), Carmen Almendras contacta con Gertrudis Alcázar, señalando que “la empresa de Lima” (el Grupo Gloria) quiere fijar una reunión con el ministro de Economía y Finanzas o algún otro, respondiendo Gertrudis Alcázar que Rodríguez Zapatero ha indicado que la reunión deberá celebrarse con el ministro de Justicia (“el dia que hable con él sobre este tema me dijo que la reunión tendría que ser con el Ministro de Justicia”)».
El 03/12/2024, Gertrudis Alcázar, por indicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero, solicita a Carmen Almendras los nombres que las personas “para los que tiene que conseguir una reunión”, respondiendo Almendras que a la reunión con el “Ministro Siles” (César Adalid Siles Bazán, ministro de Justicia de Bolivia), acudirían Luis Díaz Olivero, Ana María Ospina y Francisco Shwortshik.
Por tanto, según la UDEF, «quedaría acreditado que José Luis Rodríguez Zapatero realizó gestiones para conseguir una reunión a directivos del Grupo Gloria con el ministro de Justicia de Bolivia. Unos dos meses más tarde se produciría un nuevo revés judicial para los intereses de Soboce– Grupo Gloria, de tal manera que el 04/02/2025, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emite el Auto Supremo 59/2025, declarando infundado el recurso de casación de Soboce y ratificando el pago unos 107 MM USD a favor de Fancesa».
En marzo de 2025 se producían dos hechos de interés, para los investigadores. «Por un lado, sin que se pueda precisar fecha exacta, Soboce presenta una Acción de Amparo Constitucional contra el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alegando vulneración de derechos constitucionales (admitida en abril de 2025) y José Luis Rodríguez Zapatero solicita agendar una conversación con el presidente Luis Alberto Arce Catacora (10/03/2025)», recoge el documento de la UDEF.
Posteriormente, el 04/05/2025 Rodríguez Zapatero solicita, y mantiene, una nueva conversación con el presidente Arce Catacora. El día siguiente, 05/05/2025, Gertrudis Alcázar, por indicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero, le pide a Fabiola Salazar dos cuestiones: por un lado, que le remita el contacto del Procurador General del Estado de Bolivia y, por otro, que le avise cuando el presidente Arce haya hablado con el procurador, para que a su vez Zapatero llame al procurador (“Buenos dias Fabiola, me indica el pdte. Zapatero que me enviaras el contacto del procurador y también me avisarás cuando el Presidente de Bolivia haya hablado con el procurador, para que a su vez el Pdte. Zapatero llame a este señor. Quedo a la espera del teléfono y de tus indicaciones”)».
El día siguiente, 06/05/2025, «Fabiola Salazar envía a Gertrudis Alcázar el contacto del Procurador General del Estado de Bolivia, Ricardo Condori Tola si bien, a continuación, Gertrudis Alcázar informa a Fabiola Salazar de que José Luis Rodríguez Zapatero le ha informado de que le ha llamado el ministro de Justicia, que a su vez habría llamado al procurador general, por lo que él (Zapatero), no tiene que realizar la llamada al procurador», añaden.
La UDEF deduce de todo esto que «Zapatero solicita la intermediación del presidente Arce ante el Procurador General, si bien la intermediación la haría directamente el ministro Siles, por indicación del propio Arce. En este sentido, resulta significativo que el 30/05/2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declarara procedente el amparo solicitado por SOBOCE y dejara sin efecto temporalmente la sentencia que ordenaba el pago de los 107 millones de dólares».
Finalmente, unas semanas después, los días 16/06/2025 y 20/06/2025 «se ordenarían dos transferencias, por importe de 50.000 euros cada una, ordenadas por Focus Social Research a favor de José Luis Rodríguez Zapatero.
Por tanto, la concatenación de hechos acreditados descrita, lleva a inferir, en virtud de los sucesivos contactos mantenidos por José Luis Rodríguez Zapatero con autoridades bolivianas, la existencia de una dinámica de intermediación e influencias, orientadas a beneficiar los intereses del Grupo Gloria, todo ello mediando una contraprestación económica de 200.000 euros, empleando para justificar el pago un contrato simulado con una sociedad interpuesta», concluye el informe de la UDEF.
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