La investigación del conocido como caso mascarillas en la Diputación de Almería suma un nuevo episodio. El expresidente de la institución provincial, Javier Aureliano García, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez que instruye la causa por las presuntas irregularidades en contratos adjudicados durante la pandemia. La misma decisión han tomado dos de sus hermanos, también investigados.
Javier Aureliano García estaba citado a primera hora de este viernes en la Ciudad de la Justicia de Almería. Su comparecencia apenas ha durado unos ocho minutos después de comunicar al instructor que ejercía su derecho constitucional a no declarar.
La escena se ha repetido con dos de sus hermanos, igualmente investigados en el procedimiento, que también han optado por guardar silencio.
La decisión del expresidente no es un hecho aislado. Durante las últimas semanas, la mayoría de responsables políticos y empresarios citados por el juez han seguido la misma estrategia procesal.
Las defensas sostienen que prefieren esperar a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorpore un nuevo informe antes de responder a las preguntas del instructor.
La causa judicial trata de esclarecer si durante la pandemia se produjeron presuntas irregularidades en contratos públicos adjudicados por la Diputación Provincial de Almería.
Entre los delitos que se investigan figuran presuntos casos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y organización criminal, aunque la investigación continúa en fase de instrucción y todavía no existe una resolución sobre el fondo del asunto.
La acusación popular, ejercida por el PSOE, considera que la investigación debe determinar cómo se adjudicaban determinados contratos y cuál fue el destino del dinero presuntamente obtenido mediante el cobro de comisiones.
Los letrados también han defendido la necesidad de esclarecer si determinados contratos ocultaban un supuesto reparto de beneficios entre distintos implicados, una cuestión que, según sostienen, deberá aclararse con los informes elaborados por la UCO.
Tras esta nueva ronda de comparecencias, el procedimiento seguirá con nuevas declaraciones de investigados y con la incorporación de nuevas diligencias.
El juez deberá valorar toda la documentación y los informes pendientes antes de decidir los siguientes pasos de una investigación que continúa abierta y en fase de instrucción.
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