Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a poner el foco sobre la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, esta vez con un mensaje especialmente contundente. El jefe de la oposición afirmó en los cursos de verano de la UIMP en Santander que desde 2019 han entrado en España entre siete y ocho millones de personas, una cifra que, a su juicio, ningún país puede absorber «desde el punto de vista social, de bienestar y cultural».
La regularización masiva impulsada por el Ejecutivo y la denominada ley de nietos, que permite obtener la nacionalidad española a descendientes de exiliados, son los dos frentes sobre los que Feijóo descargó sus críticas.
El dirigente del PP fue directo: «Necesitamos cambiar la propuesta de política migratoria». Y fijó una condición clara para él: solo debería poder entrar en España quien llegue con un contrato de trabajo. Quien no cumpla las leyes, añadió, debe ser expulsado.
El PP lleva semanas intensificando su discurso crítico con la política migratoria del Gobierno. Feijóo centró buena parte de su intervención en Santander en los efectos que, a su juicio, tiene la entrada masiva de personas sobre el Estado del bienestar. Señaló que 2,6 millones de nuevos ciudadanos implican un «impacto enorme» sobre los servicios públicos.
«España no está preparada para atender 50 millones de personas. Nuestros servicios públicos no tienen las infraestructuras», afirmó, según recoge el medio público. Para el líder del PP, el Gobierno no ha hecho la «memoria económica» del impacto que tendrá la regularización, y esa falta de análisis previo es, en su opinión, una irresponsabilidad.
Feijóo también señaló que dar la nacionalidad o la regularización a millones de personas implica extenderles automáticamente el derecho a tarjeta sanitaria, educación, cheques y pensión no contributiva. Y que ese coste no puede asumirse sin un debate serio sobre los límites del sistema.
Feijóo también apuntó contra la ley de nietos, que permite tramitar la nacionalidad española a descendientes de quienes tuvieron que exiliarse durante la dictadura franquista. El volumen de solicitudes ha superado los 2,6 millones, la mayoría procedentes de Latinoamérica, y el líder del PP advirtió de que ampliar el censo electoral en año y medio en dos millones y medio de personas no es un proceso «transparente y limpio».
Desde el PP se ha cuestionado que parte de la documentación acreditativa para tramitar las solicitudes se delegue en empresas públicas cubanas, lo que a juicio de Feijóo compromete la seguridad del proceso. «Para dar un pasaporte español tiene que quedar clarísima la limpieza del proceso», insistió.
Cabe señalar que la ley de Memoria Democrática, que ampara esta medida, fue aprobada en el Congreso hace cuatro años con amplio respaldo parlamentario, y que el propio Feijóo se había expresado en términos favorables a la figura de los nietos en 2022, antes de que la escala de solicitudes se disparara hasta los niveles actuales.
Feijóo no se limitó a criticar al Gobierno. Frente a la regularización, propuso su alternativa: que la entrada en España solo sea posible con un contrato de trabajo previo. El modelo que defiende es el de inmigración legal y ordenada, vinculada a las necesidades del mercado laboral y condicionada al cumplimiento de la ley.
El líder popular tachó de «frivola» y carente de «orden y arbitraria» la gestión del Gobierno en materia migratoria, y aseguró que Europa no puede entender esa forma de actuar. El mensaje va dirigido no solo al electorado nacional, sino también a los socios europeos del PP en el Partido Popular Europeo, que llevan meses empujando por una política migratoria más restrictiva en el continente.
La inmigración se ha convertido en uno de los ejes del debate político español. Las cifras de llegadas irregulares, la situación en Canarias, la presión sobre los servicios sociales en grandes ciudades y ahora la regularización masiva del Gobierno han colocado el tema en el centro del tablero.
El PP ha encontrado en este asunto un terreno fértil para diferenciarse del PSOE. Feijóo insiste en que la posición de su partido no es contraria a la inmigración, sino a la falta de control y a la irresponsabilidad presupuestaria que implica regularizar sin hacer los números. La pregunta que queda en el aire es si ese discurso le bastará para ganar el debate o si, como en otras ocasiones, el Gobierno conseguirá encuadrarlo como discurso antiinmigrante.
De momento, las cifras hablan: más de dos millones y medio de solicitudes de nacionalidad pendientes, servicios públicos en tensión y una oposición que lleva semanas golpeando en la misma tecla. El otoño político promete debate intenso.
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