Cinco asociaciones, de oficiales a cabos, exigen la dimisión de la cúpula imputada de la Guardia Civil

Cinco asociaciones profesionales de la Guardia Civil, entre ellas las que representan a todos los mandos del Cuerpo, han exigido la dimisión de la directora del Cuerpo, Mercedes González, y del director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, tras su imputación en el caso Leire.

 «Sin perjuicio de la presunción de inocencia, que respetamos, es incompatible la imputación judicial por cualquier delito con su permanencia en el cargo», advierten en un comunicado la Unión de Oficiales (UO), la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) y la Asociación Profesional de Cabos (APC). Justicia Guardia Civil (Jucil) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha exigido este jueves la dimisión de la cúpula directiva de la Benemérita.

El juez Santiago Pedraz ha imputado a González y a Llamas por delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia por presuntamente intentar torpedear los casos de corrupción que investigaba la Unidad Central Operativa (UCO) sobre dirigentes del PSOE y del entorno del presidente Pedro Sánchez, siguiendo supuestas instrucciones de la fontanera de Ferraz. El magistrado ha decidido llamarles en calidad de investigados tras pedirlo la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que dirige el Partido Popular. 

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El Ministerio del Interior ha confirmado su confianza en los dos altos cargos tras conocerse su imputación en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. «Seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la Justicia en todo lo que se les requiera», han apuntado fuentes de su departamento.

Régimen disciplinario

Las asociaciones de guardias civiles advierten de que la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil establece que el procesamiento, inculpación o investigación por un delito puede derivar en una suspensión, y así le ocurre a todos los guardias civiles que son imputados incluso por actuaciones en acto de servicio. Por lo que exigen que tanto la directora como su mano derecha den ejemplo con su dimisión. 

Además, reza esta norma, a quienes están incursos en una causa penal o expediente disciplinario, el artículo 66 de la misma Ley permite que se les aparte de los procesos de ascenso.

No son pocos los miembros de la Guardia Civil que han sido apartados de sus funciones, o son suspendidos sus procesos de ascenso, de condecoraciones, etc., por estas autoridades, al estar incursos en procedimientos penales o disciplinarios, pese a no existir sentencia condenatoria. «No podemos entender que quienes aplican esos criterios sean inmunes a ellos cuando les afectan», advierten las asociaciones profesionales en la nota.

«Dada la gravedad de los hechos, y sin perjuicio del respeto a la presunción de inocencia, tanto la directora general como el DAO deberían presentar su dimisión o ser apartados, en coherencia con los mismos principios y criterios que estas autoridades vienen aplicando a los guardias civiles bajo su mando», apuntan. 

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Las reuniones de Leire y González

Los informes de la UCO, incorporados a la causa, revelan tres reuniones de la máxima responsable del Cuerpo con la militante socialista Leire Díez en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil. Los investigadores vinculan estos encuentros, celebrados el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, así como el 2 de abril de 2025, con las informaciones reservadas, el paso previo al expediente disciplinario, que el DAO de la Guardia Civil abrió contra mandos y agentes de la UCO por presuntas filtraciones a la prensa de pesquisas en curso. 

El juez cree que esas investigaciones internas fueron en realidad un arma de presión más contra los investigadores. Las agendas de la militante Leire Díez, tal como destaca la Fiscalía Anticorrupción, afloran anotaciones en las que se lee literalmente «armar lo que quiero hacer con la UCO a nivel administrativo» e «investigación interna G.C».

Por otro lado, también resultan claves las declaraciones como testigos en el marco de la causa Leire del exjefe de la UCO, el general Rafael Yuste, y de su superior, el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo.

Ambos mandos revelaron al juez Santiago Pedraz que el DAO les dio orden de «ponerse de perfil» en los casos de corrupción política en una reunión en la que estaban tratando un informe sobre la causa contra el hermano del presidente, David Sánchez. Días antes, en julio de 2024, el exdirector Leonardo Marcos les abroncó porque consideraba que dichas pesquisas eran «prospectivas» y «faltas de rigor».

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